Grupos Piden Investigación Federal por Plan de Utah de Financiar Terminal de Exportación de Carbón en Oakland

Carta a la Procuradora General Loretta Lynch cita potenciales infracciones a la ley federal de carácter legal y ético

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Betsy Lopez-Wagner, Earthjustice, (415) 217-2159

Grupos de conservación ambiental, de cuidado de la salud y del buen gobierno, el día de hoy enviaron una carta a la Procuradora General de Estados Unidos Loretta Lynch donde solicitan una investigación formal sobre posibles violaciones de carácter legal y ético por la extraordinaria medida por parte del estado de Utah de otorgar un préstamo de 53 millones de dólares de dinero de los contribuyentes para construir una terminal de aguas profundas en Oakland, Calif., para exportar carbón.

La carta, que también fue dirigida a Gregory J. Gould, director de la Oficina de Ingresos de Recursos Naturales, y Mary Kendall, Inspectora General interina del Departamento del Interior, cita el mal uso dado a los fondos de desarrollo de la comunidad de Utah y la elaborada red de potenciales conflictos de interés que pasaron la medida por todos los procesos de aprobación en la agencia estatal y la legislatura con poco escrutinio público.

“Es desconcertante que la Legislatura y el Gobernador estuvieron dispuestos a dar decenas de millones del dinero de los contribuyentes a un proyecto tan lleno de conflictos de interés,” dijo Michael Shea, colaborador adjunto en cuestiones de política del grupo HEAL Utah. “Es muy claro que una entidad externa debe echar un vistazo a esto muy cuidadosamente.”

La carta detalla todos los recovecos del proyecto de Utah de exportar carbón al extranjero por medio de un puerto en el Pacífico y que se ha tomado décadas. Varios condados en Utah empezaron a construir operaciones de transporte para exportar carbón de las minas propiedad de la compañía Bowie Resource Holding Partners desde el 2001. A finales del 2014, en un acuerdo negociado por Jeffrey Holt, un banquero de inversiones privadas, “consultor de infraestructura estratégica” para los condados, y en ese entonces  director de la Comisión de Transporte de Utah, los condados pidieron un préstamo de 53 millones de dólares a la Junta de Impacto Comunitario de Utah para financiar la terminal.

La Junta de Impacto Comunitario (CIB, por sus siglas en inglés) tiene el deber de administrar las ganancias de las regalías bajo la Ley Federal de Arrendamiento de Recursos Minerales (MLA, por sus siglas en inglés). Bajo la Ley de Arrendamiento de Recursos Minerales, el Procurador General de Estados Unidos tiene amplia autoridad para emprender acciones legales, ya sean civiles o criminales, mientras se busca protección jurídica cuando se descubran infracciones o delitos.

La Junta de Impacto Comunitario aprobó el préstamo, y luego, cuando surgieron preguntas sobre el uso indebido de los fondos, la legislatura del 2016 otorgó la aprobación en fast-track a la medida Senate Bill 246, un procedimiento diseñado para evadir los límites de financiamiento contenidos en la Ley de Arrendamiento de Recursos Minerales cambiando dinero de los fondos estatales generales, por dinero de la Ley de Arrendamiento de Recursos Minerales para hacer el préstamo.

“Es inconcebible que esta era la intención o el uso apropiado de 53 millones de dólares de fondos de MLA, CIB o de los contribuyentes y parece ser el peor tipo de clientelismo contra el cual los miembros de la legislatura de Utah dicen estar,” dijo Joshua Kanter, jefe de la junta del grupo Alliance for a Better Utah. “Desviar estos fondos no es tan sólo inapropiado pero dejará a estas comunidades sin el dinero que realmente necesitan para ayudarles a reparar su base económica mientras que la industria del carbón continúa su declive. No hay evidencia de que hay un falta de capacidad para transportar carbón de Utah o de que exportar carbón de Utah a Asia tiene sentido económico, y cualquiera de estas dos situaciones pueden ser resueltas por el sistema de libre mercado sin tener que jugar a las operaciones fantasmas y sin abusar de la confianza del público.”

Muchos de los que proponen el proyecto de ley en la legislatura y el gobernador que firmó el proyecto han recibido contribuciones de Bowie a sus campañas políticas, la compañía de carbón tenía la expectativa que sería el mayor beneficiario del plan para una terminal de exportaciones. Al mismo tiempo, el Consejero de Infraestructura Estratégica Jeffrey Holt y su firma de inversiones podría beneficiarse con millones de dólares si el proyecto llega a su fin.

“Desde un principio, la propuesta de usar dinero de los contribuyentes de Utah para respaldar una terminal de exportaciones de carbón nunca ha tenido en cuenta los mejores intereses de los residentes del estado,” dijo Lindsay Beebe, Representante Organizativa para Utah de la campaña llamada “Más Allá del Carbón,” del Sierra Club. “Necesitamos desarrollar soluciones verdaderas para ayudar a nuestras comunidades, mientras nuestro estado hace una transición lejos del carbón. En su lugar, nuestros funcionarios públicos han demostrado que están más que dispuestos a otorgar favores políticos en vez de ayudar a las comunidades de todo el estado de Utah que se merecen nuestro apoyo.”

Mientras tanto en California, documentos públicos y reportes en los medios revelaron que  Holt y el constructor del puerto Phil Tagami intentaron esconder su plan de transportar carbón desde la terminal de Oakland, y en su lugar enfatizaron que sería usado para embarcar productos agrícolas.

Muchos residentes cerca de la terminal, que ya cargan con el peso de una significativa contaminación del aire, se oponen con vehemencia a los embarques de carbón  a través de sus comunidades debido a los impactos al medio ambiente y a la salud pública.

El Cabildo de Oakland se reunirá el 27 de junio para estudiar la posibilidad de colocar restricciones por “salud y seguridad” a la operación de cualquier terminal de carbón en la ciudad. La legislación de Utah de transferir 53 millones de dólares de fondos estatales para el proyecto entra en efecto el 1 de julio, lo cual le inyecta más urgencia a una investigación federal.

Bajo la Ley de Arrendamiento de los Recursos Minerales, el Procurador General de Estados Unidos goza de una amplia autoridad para presentar acciones civiles o criminales cuando se descubran violaciones.

El Departamento del Interior tiene la responsabilidad de investigar y fiscalizar el uso de regalías bajo la ley, y tiene el deber de garantizar la integridad y rendimiento de cuentas de sus programas por medio de la Oficina del Inspector General.

“La medida SB 246 es un intento flagrante de sacarle la vuelta a los límites de financiamiento oficial impuestos por la Ley de Arrendamiento de los Recursos Minerales,” dijo Chris Eaton, un abogado de Earthjustice. “Las acciones de las autoridades de Utah demuestran que hace falta vigilancia federal adicional para evitar el mal uso de los recursos públicos.”  

Los grupos tienen la esperanza de entrevistarse con funcionarios de los departamentos de Justicia y del Interior en las semanas venideras para discutir la carta.

“El contenido de esta carta requiere una revisión externa por parte de varios comités de vigilancia,” dijo Tom Sanzillo, Director de Finanzas para el Instituto de Análisis Económico y Financiero de Energía, y ex Primer Contralor Alterno del estado de Nueva York. “Me pasé diecisiete años en posiciones administrativas de alto nivel con agencias de gobiernos locales y estatales que tenían funciones de vigilancia. Las señales de alerta por cuestiones económicas, financieras, ambientales, de gobernanza, éticas y políticas por acciones del Estado Utah son demasiado numerosas como para ignorarse.”

John Weisheit, co-fundador del grupo Living Rivers, agregó, “La Legislatura del Estado de Utah y la Junta de Impacto Comunitario están lavando dinero público por medio del Fondo de Transporte Estatal para brindar asistencia financiera a compañías de energía, y no para las comunidades como debiera de ser. Soportar esta conducta por parte de funcionarios electos y designados me parece, como contribuyente de Utah, penoso y una auditoría es, en el mejor de los casos, una petición menor que debería cumplirse.”

La solicitud para una investigación federal es solamente una parte del esfuerzo en muchos frentes para proteger a Oakland del transporte del sucio carbón. Además de obligar al Cabildo de Oakland a que adopte regulaciones sobre salud y seguridad para el proyecto de la terminal de carbón de Oakland, los habitantes de Oakland y otros ciudadanos preocupados apoyan legislación que ahora está pendiente en la Legislatura del Estado de California la cual requeriría un estudio ambiental adicional para este tipo de terminal y para pedir más transparencia al proceso de financiamiento del proyecto.

“Desde el principio, el plan de usar fondos del impacto a la comunidad de Utah para hacer una inversión arriesgada en la industria del carbón parece sospechoso,” dijo Aaron Paul, abogadodel fideicomiso Grand Canyon Trust. “Esperemos que una averiguación por parte del gobierno federal ayude a colocar esos fondos de regreso donde deben estar—en las comunidades de Utah.”

La carta fue enviada a nombre de los grupos Alliance for a Better Utah, HEAL Utah,  Institute for Energy Economics y Financial Analysis, Sierra Club, Center for Biological Diversity, Grand Canyon Trust, Earthjustice (a nombre del Sierra Club y el fideicomiso Grand Canyon Trust), Living Rivers, y el despacho jurídico The Sloan Law Firm (a nombre de Living Rivers).

A copia de la carta a la Procuradora General de Estados Unidos y al Departamento del Interior se encuentra aquí.

Un ensayo que describe los esfuerzos para proteger las comunidades de la zona de  Oakland de la terminal de exportación de carbón se encuentra aquí.

Oakland waterfront
Grupos piden investigación federal por plan de Utah de financiar terminal de exportación de carbón en Oakland (Chris Jordan-Bloch / Earthjustice)

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