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Lo Que Está En Juego

Millones de puertorriqueños sufrieron apagones después de que el huracán Fiona abrumara la frágil red eléctrica centralizada del archipiélago, convirtiendo esta situación en algo habitual cada vez que una tormenta toca suelo puertorriqueño. Con las líneas de transmisión sin funcionar y los generadores apagados, unos cuantos puertorriqueños con energía solar en techos y almacenamiento de electricidad en baterías lograron tener acceso a luz para mantener sus dispositivos electrónicos cargados, además de sus medicamentos y alimentos intactos.

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Fiona expuso las mismas vulnerabilidades de la red centralizada de Puerto Rico como lo hiciese el huracán María en 2017, cuando muchos de sus 3 millones de residentes estuvieron sin electricidad durante casi un año. Se perdieron más de 3 mil vidas, muchas a raíz del huracán, mientras la red eléctrica no funcionaba.

Ahora hay una oportunidad para que los puertorriqueños den un viraje total a su futuro energético. FEMA asignó $14 mil millones para la transformación del sistema energético de Puerto Rico después de María. La mayoría de esos fondos siguen sin invertirse para este propósito. Después del huracán Fiona, el presidente Biden le otorgó a la secretaria del Departamento de Energía, Jennifer Granholm, autoridad sobre los fondos para dicha red.

La única forma de hacer la transición del archipiélago a una red de energía confiable, asequible, saludable y resistente al clima es que Granholm y el gobernador Pedro Pierluisi den prioridad a las inversiones en energía solar y almacenamiento en baterías en los techos para todos los residentes de Puerto Rico. El dinero está ahí, y el informe Queremos Sol muestra que esta cantidad es más que suficiente para alimentar completamente toda la red con sistemas solares y de almacenamiento en los techos de un millón de techos de Puerto Rico. Solo falta que el gobierno federal y el gobernador Pierluisi lo gasten en beneficio de todos los puertorriqueños.

Es fundamental que este dinero se gaste sabiamente. Puerto Rico no puede volverse resiliente al cambio climático reforzando una red dilapidada y altamente centralizada, que se alimenta de energía sucia y depende de líneas de transmisión vulnerables. La investigación muestra que la energía solar distribuida en los techos y el almacenamiento de baterías podrían instalarse en casas y edificios de apartamentos alrededor de Puerto Rico, proporcionando potencialmente cuatro veces más energía que la que usa todo el archipiélago.

Invertir dólares federales en sistemas de almacenamiento y energía solar en los techos es lo que realmente permitirá una red limpia y resistente para Puerto Rico, ya que esos sistemas han demostrado ser viables y son fundamentales para cerrar las plantas de carbón y diésel en el corto plazo.

El 50 por ciento de los puertorriqueños tienen ingresos bajos y/o moderados. Esto es un tema de justicia económica y justicia climática. Seguir con una tecnología de línea de transmisión obsoleta y dependiente de combustibles fósiles que sucumbe tormenta tras tormenta es inaceptable. Exíjale al secretario Granholm y al gobernador Pierluisi que tomen medidas inmediatamente, antes de que Puerto Rico se sumerja nuevamente en la oscuridad y se pierdan vidas innecesariamente.

Un técnico instala un sistema de energía solar en una casa en Adjuntas, Puerto Rico, en julio de 2018. La isla forma parte de una lista creciente de estados y ciudades de EE.UU. que se han comprometido con la energía limpia al 100 por ciento.
Un técnico instala un sistema de energía solar en una casa en Adjuntas, Puerto Rico, en julio de 2018. La isla forma parte de una lista creciente de estados y ciudades de EE.UU. que se han comprometido con la energía limpia al 100%. (Dennis M. Rivera Pichardo / AP)

Entrega a Secretaria Granholm y Gobernador Pierluisi

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Make sure your elected officials know whose community and whose values they represent. When you contact your elected official, you’re putting a face and a name on an issue.

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Make sure your elected officials know whose community and whose values they represent. (Find your local, state, and federal elected officials.)

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If a federal agency finalizes a harmful action, the record of public comments provides a basis for bringing them into court. Read more.

Throughout each of the public comment periods we alert you to, Earthjustice’s attorneys are researching and writing in-depth, technical comments to submit — detailing how the regulation could and should be stronger to protect the environment, our communities, and our planet.

We need you to join us — your specific experiences, knowledge, and voice are crucial to add to the Administrative Record through the comment periods.

Lawsuits we file that challenge weak or harmful federal regulations rely on what was submitted during the comment period. The court can only look at documents that are in the Administrative Record — including the public comments — to decide if the agency did something improper.

Your actions aid our litigation. Taking action and submitting comments during a comment period is substantively important.

It’s the law.

Federal agencies must pause what they’re doing and ask for — and consider — your comment. Read more.

Many of us may have never heard of the National Environmental Policy Act (NEPA) and the Administrative Procedure Act (APA), but laws like these require our government to ask the public to weigh in before agencies adopt or change regulations.

Regulations essentially describe how federal agencies will carry out laws — including decisions that could undermine science, or weaken safeguards on public health.

Public comments are collected at various points throughout the federal government’s rulemaking process, including when a regulation is proposed and finalized. (Learn about the rulemaking process.) These comments become part of the official, legal public record — the “Administrative Record.”

When the public responds with a huge outpouring of support for environmental protections, these individual messages collectively undercut politicians' attempts to claim otherwise.

What this means is each of us can take a role in shaping the rules our government creates — and ensuring those rules are fair and effective.