Esta semana el Centro sobre Raza, Pobreza y Medio Ambiente (Center on Race, Poverty & the Environment, o CRPE) dio a conocer un reporte sobre las fallas institucionales de la Agencia Federal para la Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés), que impidió protecciones en materia de derechos civiles a las comunidades más afectadas por la exposición a los pesticidas—niños de edad escolar y familias que viven al centro de la importante actividad agrícola en California.

El reporte de CRPE titulado “Un Derecho Sin Remedio – Cómo la EPA Fracasó en Proteger los Derechos Civiles de Niños Latinos en Edad Escolar” usa casos contenidos en una investigación sobre derechos civiles, al igual que detalles de documentos internos de la agencia sobre el programa de vigilancia de la EPA donde se echó un vistazo a la agencia y especialmente a los casos donde permitía a su Oficina de Programas de Pesticidas reducir la vigilancia de Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Al hacer esto, ultimadamente evitó que los niños latinos de Oxnard, California, pudieran recibir protección contra la exposición continua a los pesticidas.

El camino a la región de California donde una mayoría de trabajadores y sus familias viven, respiran y juegan es un trayecto lleno de historias de discriminación racial y contaminación. Exhibe una lucha sin tregua que padres como María García emprendió para a proteger a su hijo y a otros.

Un fragmento del reporte: “El uso extensivo de bromuro de metilo cerca de la escuela Rio Mesa High School, María y los otros padres buscaron la ayuda de la EPA el 30 de junio de 1999. Solicitaron por escrito que la EPA vigilara la aplicación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles – una petición llamada queja administrativa – alegando que el uso de pesticidas en general en California, por ejemplo el bromuro de metilo, resulta en discriminación racial. En 1999, y hasta el día de hoy, los niños latinos representan una mayoría importante de la población estudiantil de las escuelas públicas en las zonas agrícolas de California. El uso extenso de pesticidas y fumigantes tan cerca de las escuelas, expone a los niños latinos a estos químicos nocivos, mientras que otras escuelas con poblaciones mayormente blancas no enfrentan tales riesgos. Por este “impacto tan desigual,” la denuncia acusaba que el Departamento de Regulación de Pesticidas de California violó la prohibición contra la discriminación racial contenida en la Ley de Derechos Civiles al permitir su uso.”

El Director Legal de CRPE Brent Newell, quien también fue el autor del reporte, cree que la EPA quiere tener capacidad absoluta para decidir, “si va a proteger, o no, los derechos civiles de los niños latinos en California, los residentes Afro-Americanos de Flint, o cualquier persona que esté sufriendo discriminación racial,” y enfatizó en el comunicado de su organización que, “La EPA no pone atención al impacto discriminatorio que las leyes ambientales ejercen sobre las comunidades de color e ignora el mandato contenido en la Ley de los Derechos Civiles que estipula que ninguna persona será sujeta a discriminación racial.”

Tristemente, el reporte encontró que “Las dinámicas del poder al interior de la EPA producen resultados nada equitativos y descubrió que los programas ambientales de la agencia debilitan la vigilancia e impiden la aplicación de los derechos civiles.”

Este es uno de los ejemplos que demuestran que la contaminación ambiental de la nación está permeada de problemas de discriminación racial y de necesidad de justicia para resolverlos.

Para leer el reporte en español, haga click aquí. Para visitar el sitio de CRPE, navega a: www.crpe-ej.org.

Nota del Editor, sobre el artículo siguiente: Earthjustice está en la corte para pedir que la Oficina de Derechos Civiles de la Agencia Federal de Protección al Medio Ambiente termine las investigaciones que fueron presentadas hace más de una década sobre violaciones a los derechos civiles en comunidades vulnerables que han estado desproporcionadamente expuestas a contaminantes tóxicos. La EPA no ha resuelto ninguna de estas investigaciones, y por el contrario, ha querido eliminar las fechas límites para resolver las quejas y así debilitar las leyes que ofrecerían protección contra el racismo ambiental.