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The EPA is reviewing the health risks associated with another group of pesticides. And it has found the same thing yet again: Whenever organophosphates are sprayed in the air, they can cause both immediate and long-term health harms to farmworkers, kids and others who are exposed. That’s in addition to the risks kids already face from pesticides in drinking water and on foods they commonly eat like bananas, potatoes and sweet potatoes.

The evidence is in, and the EPA must ban these dangerous pesticides. Yet while the EPA works through their lengthy review timeline, thousands of people—particularly children and farmworkers—are poisoned every year. That is unacceptable, and thankfully, it’s avoidable.

The current group of pesticides under review includes bensulide, coumaphos, pirimiphos-methyl and aldicarb. Over the past decade, the EPA has phased out many residential and some agricultural uses of organophosphate pesticides. However, neurotoxic organophosphate and carbamate compounds are still found in many insecticide products—and on foods and in drinking water. They show up on many dietary staples, including bananas and banana baby food, potatoes, peanuts, beans and citrus fruits.

Organophosphates are the most commonly used class of pesticides in the United States. According to the EPA, more than 33 million pounds of these pesticides are sprayed annually, and they account for more than one third of all insecticides used in this country. But a substantial body of scientific evidence has long shown that these pesticides are doing more than just poisoning insects—they’re poisoning people. That includes the farmworkers who work with these chemicals, their families and others exposed through drift, diet and water.

According to data from the American Association of Poison Control Centers, in 2014 there were 1,661 cases of carbamate poisoning and 2,901 cases of organophosphate poisoning. Of the carbamate pesticide incidents, more than 500 involved children younger than 13. For organophosphates, there were more than 700 children younger than 13 affected. These numbers should shock the EPA (and all of us) into action, but they do not even include people exposed to these pesticides at work because worker incidents are recorded by a different agency. Children and infants are more susceptible to poisoning because their bodies are less able to flush out the pesticides. Children also have a natural tendency to explore their environments by touching objects and putting them in their mouths, which also puts them at increased risk of exposure to pesticides.

Studies have shown repeatedly (and the EPA has acknowledged) that organophosphate exposure is associated with delays in mental development in infants, attention problems, autism spectrum disorder and negative impacts to intelligence. One study by the National Institute of Environmental Health Sciences found that children whose mothers lived within one mile of fields treated with organophosphate pesticides during their pregnancy were 60 percent more likely to develop autism spectrum disorders than children whose mothers did not live near treated fields.

These risks have long been known to the EPA, and there’s no excuse for failing to act. For example, one of the neurotoxics included in the newest group of pesticides under review is aldicarb. The EPA found that preschoolers eating sweet potatoes are exposed to more than three times the level of aldicarb that the agency itself believes is safe. When drinking water is included, the risk spikes to nearly 30—that’s right, 30 times the EPA’s safe risk level.

Earthjustice and a broad coalition of partners, including Farmworker Justice, the Pesticide Action Network, United Farmworkers and the Natural Resources Defense Council, are fighting to ban this group of neurotoxic pesticides as part of a larger fight against organophosphates and all other pesticides that harm workers, kids and the environment. That effort includes urging the EPA to prohibit one of the worst of the worst organophosphates, chlorpyrifos, which the EPA has finally said it will ban.

But as long as the EPA puts off enacting protections for farmworkers, families and everyone else exposed to these dangerous chemicals, the fight is far from over. The EPA must institute a total ban on organophosphates. Full stop. And in the meantime—in light of the staggering health effects these pesticides cause—the agency must take protective measures like requiring buffer zones.

The longer we wait to ban these pesticides, the longer they will harm children and farmworkers. These aren’t just numbers—they represent real-life children and workers who deserve protection now.

¿Cuántas intoxicaciones debe haber para que la EPA prohíba los pesticidas neurotóxicos?

La EPA está revisando los riesgos a la salud relacionados con otro grupo de pesticidas. Y ha encontrado lo mismo de nuevo una vez más: Cada vez que los órganofosfatos son usados al aire libre, pueden causar daños a la salud a mediano y largo plazo en los trabajadores del campo, los niños y otras personas que hayan sido expuestas a ellos. Esto es aparte de los riesgos que estos niños ya enfrentan por los pesticidas que se encuentran en el agua potable y en los alimentos que ingieren normalmente como plátanos, papas y camotes.

La evidencia es clara, y la EPA debe vetar del todo estos peligrosos pesticidas. Sin embargo, mientras que la EPA va avanzando en su largo proceso de revisión, miles de personas—particularmente niños y trabajadores del campo—se envenenan cada año. Esto es inaceptable, y afortunadamente se puede evitar.

El grupo de pesticidas actuales que se encuentra bajo revisión incluye bensulide, cumafós, pirimifos-metilo y aldicarb. En el curso de la década pasada, la EPA ha retirado gradualmente muchos pesticidas para uso residencial y agrícola. Sin embargo, los compuestos neurotóxicos órganofosfatos y carbamato se encuentran todavía en muchos productos insecticidas—y en alimentos y en agua potable. Se aparecen en muchos alimentos básicos, incluyendo plátanos y papillas de bebé que contengan plátano como ingrediente, papas, cacahuates, frijoles y cítricos.

Los órganofosfatos son la clase de pesticidas más comúnmente usada en Estados Unidos. Según la EPA, más de 33 millones de libras de estos pesticidas son rociadas anualmente, y representan más de un tercio de todos los insecticidas usados en este país. Pero una cantidad considerable de evidencia científica por mucho tiempo ha demostrado que estos pesticidas están haciendo algo más que envenenar insectos—están envenenando a la gente. Incluyendo a los trabajadores del campo que manejan  estos químicos, sus familias y otras personas que se exponen por haber sido alcanzadas por el rocío, por lo comen y lo que beben.

Según datos proporcionados por la Asociación Americana de Centros de Control de Veneno, en  el 2014 hubo 1,661 casos de intoxicación por carbamato y 2,901 casos de intoxicación por órganofosfatos. De los incidentes del pesticida carbamato, más de 500 involucran a niños menores de 13 años de edad. En el caso de los órganofosfatos, se contaron 700 casos de niños menores de 13 que fueron afectados. Estas estadísticas deberían alarmar a la EPA (y a todos nosotros) que debería hacer algo, pero ni siquiera incluyen a la gente que ha sido expuesta a estos pesticidas en el transcurso de su trabajo porque los incidentes de trabajadores se calculan por una agencia diferente. Los niños y los bebés son más susceptibles a las intoxicaciones porque sus cuerpos tienen una menor capacidad para eliminar pesticidas. Los niños también tienen una tendencia natural a explorar su medio por medio del tacto y tocan los objetos y se los meten a la boca, lo cual los pone en un riesgo mayor de exposición a pesticidas.

Estudios científicos han demostrado repetidamente (y la EPA lo ha corroborado) que la exposición a los órganofosfatos está asociada con retrasos en el desarrollo mental de infantes, problemas de atención, desórdenes del espectro autista y en general causan un impacto negativo en la inteligencia. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud (Institute of Environmental Health Sciences) encontró que niños cuyas madres vivían en un radio de una milla de los campos rociados con pesticidas compuestos por órganofosfatos durante su embarazo tenían un 60% mayor de probabilidad de desarrollar autismo comparados con niños cuyas madres no vivían cerca de campos tratados con esos pesticidas.

Estos riesgos han sido del conocimiento de la EPA por mucho tiempo, la cual no tiene excusa para no actuar. Por ejemplo, una de las neurotoxinas que se incluyen en el grupo más reciente de pesticidas bajo revisión es aldicarb. La EPA ya sabe que los niños de edad preescolar que comen camote están expuestos de tres a cuatro veces más del nivel de aldicarb que la agencia misma considera seguro. Cuando se incluye el agua, el riesgo aumenta a casi 30—así es, 30 veces el nivel de riesgo que la EPA considera saludable.

Earthjustice y una amplia coalición de colaboradores, incluyendo los grupos Farmworker Justice, Pesticide Action Network, United Farmworkers y el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, están luchando para lograr el veto total de este grupo de pesticidas neurotóxicos como parte de una lucha más amplia contra los órganofosfatos y todos los otros pesticidas que dañan a los trabajadores, los niños y el medio ambiente. Ese esfuerzo incluye exigir a la EPA que prohíba uno de los más nocivos órganofosfatos, clorpirifos, el cual la EPA ha dicho que finalmente vetará.

Mientras la EPA siga posponiendo las protecciones para trabajadores, familias y todas las demás personas expuestas a estos químicos peligrosos, la lucha no habrá terminado. La EPA debe establecer una prohibición total de los órganofosfatos. Punto. Y mientras tanto—a raíz de los nefastos efectos en la salud que causan estos pesticidas—la agencia debe tomar medidas preventivas como la instalación de zonas que actúen como barreras.

Entre más esperemos para vetar estos pesticidas, más vamos a perjudicar a los niños y a los trabajadores agrícolas. No estamos solamente hablando de cifras sino que las estadísticas representan niños de la vida real y trabajadores que merecen nuestra protección ahora.