Actualización: El pasado 24 de Julio, 11 fiscales estatales demandaron a la EPA para obligarla a implementar normas para prevenir derrames químicos y otros accidentes industriales en instalaciones como refinerías y plantas fertilizantes, según un archivo de corte federal.

En una noche de verano de 2012, una serie de explosiones e incendios destrozaron la refinería de Chevron, en Richmond, California. Las llamas absorbieron rápidamente a 19 trabajadores. Minutos después, una nube de vapor se convirtió en una enorme bola de fuego y una nube de humo se extendió por el noreste de la Bahía de San Francisco, forzando a miles de residentes a evacuar la zona y a miles más buscar atención médica.

Accidentes tan peligrosos como el de Richmond suceden demasiado en este país. Solamente de 2004 a 2013 hubo más de 1,500 incidentes reportados a nivel nacional, incluyendo descargas químicas, incendios y explosiones en instalaciones que lastimaron a trabajadores y comunidades. Estos incidentes resultaron en más de $2 mil millones de dólares en daños a la propiedad, órdenes para evacuar o buscar refugio para medio millón de personas, 17,099 heridos y 58 muertes.

Sin embargo, el programa diseñado para asegurar menos riesgos públicos en caso de accidente —el Programa de Gestión de Riesgos (RMP, por sus siglas en inglés)— está siendo bloqueado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Scott Pruitt, administrador de dicho organismo, ha retrasado las enmiendas propuestas al RMP hasta el 19 de febrero de 2019.

Sólo existió una audiencia pública —llena de representantes de la industria química— antes de que Pruitt tomara la decisión de retrasar aún más los mejoramientos y necesidades críticas del RMP.

Lo único que hace esta demora es exponer a los niños, trabajadores industriales y comunidades vecinas a instalaciones químicas a mayores peligros.

El Centro de Gobierno Efectivo (CEG) publicó un informe, “Viviendo a la sombra del peligro” (Living in the Shadow of Danger), con estadísticas sorprendentes:

• Cerca de 23 millones de residentes —el 7.5% de la población total de Estados Unidos— viven a una milla de distancia o menos de una instalación química.
• Al menos uno de cada tres niños en educación primaria en Estados Unidos, asiste a una escuela dentro de la zona de vulnerabilidad de una instalación química peligrosa.
• Más del 50 por ciento de estudiantes en los estados de Utah, Rhode Island, Texas, Luisiana, Nevada, Delaware y Florida se encuentran en zonas de peligro.
• Casi uno de cada diez estudiantes estadounidenses (4.9 millones) asiste a una de las 12 mil escuelas a una milla de distancia de una instalación química peligrosa.
• Más de un cuarto (1,6 millones) de los niños que viven cerca de instalaciones químicas son menores de cinco años, cuyos cuerpos en desarrollo son especialmente vulnerables a la exposición a tóxicos.

Demasiados estadounidenses han tenido que evacuar sus hogares, buscar refugio temporal o correr para recoger a sus hijos de la escuela cuando ocurre un incendio industrial o cuando una descarga química avanza hacia ellos.

Las empresas tienen la responsabilidad de informar a las comunidades sobre los peligros que sus instalaciones pueden ocasionarles. Los trabajadores, primeros auxiliares y comunidades en general merecen tener la información necesaria para asegurar su seguridad y prepararse para responder a un accidente peligroso. Sin embargo, muy pocas empresas están realmente a la altura de esta responsabilidad.

Una actualización clave del RMP, la “Norma para Desastres Químicos” (Chemical Disaster Rule), detalla medidas de sentido común para prevenir y reducir peligros a trabajadores, personal de emergencia y a las comunidades más vulnerables a desastres químicos como incendios, explosiones y fugas de gas. La norma contiene las 12,500 instalaciones del país que usan o almacenan químicos altamente tóxicos o inflamables, y obliga a instalaciones químicas a implementar medidas de preparación para emergencias y precauciones de seguridad para salvar vidas y evitar daños.

Esta norma ayudaría a asegurar que accidentes como la explosión de la refinería Chevron no sucederían otra vez. El retraso de esta norma por parte de Scott Pruitt es un intento para desmantelar las protecciones laborales. Sabemos que la industria química manda grupos de presión a la EPA y a miembros del Congreso para que actualizaciones de estas normas no entren en vigencia.

Antes de que ocurran más muertes por accidentes, el RMP debe enseñar más músculo y entre más pronto, mejor. BlueGreen Alliance es una coalición entre los sindicatos y organizaciones medioambientales más grandes del país que aboga por trabajadores y comunidades cuyas vidas peligran por instalaciones químicas.

En febrero escribimos una fuerte y decidida carta al Congreso, instando a sus miembros a oponerse a cualquier esfuerzo por derogar enmiendas para los RMP.

Seguiremos responsabilizando a la industria química y estaremos al pie de lucha con los trabajadores, primeros auxiliares y comunidades completas para exigir estas protecciones, las cuales salvarán vidas y protegerán a nuestros niños.

Jessica Eckdish es la Asesora Principal de Políticas de BlueGreen Alliance en Washington, D.C.