Pam Nixon vive en una zona de West Virginia que llaman “Valle Químico”, rodeada de industrias que manejan químicos tóxicos e inflamables. Durante los 65 años que ha vivido allí, ella ha tenido que refugiarse en casa y sellar sus ventanas repetidas veces por alertas de fugas químicas.

Por años, Nixon ha luchado por mejorar las normas que determinan el manejo de químicos tóxicos. En enero creyó que su arduo trabajo por fin había dado frutos, cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés)  publicó la Norma para Desastres Químicos, una revisión de los estándares de plantas químicas que ayudaría a prevenir accidentales de sustancias tóxicas. Pero el mes pasado, el administrador de la EPA, Scott Pruitt, decidió ilegalmente retrasar la norma por dos años más, dejando la vida de ciudadanos pendiendo de un hilo mientras la agencia reconsidera estas protecciones.

Nixon no es la única que peligra por accidentes químicos. Según la EPA, más de 1,500 accidentes de este tipo ocurrieron entre 2004 y 2013, causando daños a propiedades, lesiones e incluso muertes. En 2008, una explosión en una planta de planta de pesticidas en West Virginia mató a dos personas e hirió a ocho. En 2012, 15,000 personas necesitaron tratamiento médico después de un incendio y una explosión en una refinería de Chevron en Richmond, California. Y una explosión en una planta de fertilizantes de West Texas en 2014 mató a 15 personas, entre ellas bomberos, e hirió a 160.

“Según la EPA, más de 1,500 accidentes de este tipo ocurrieron entre 2004 y 2013, causando daños a propiedades, lesiones e incluso muertes.”

Este tipo de accidentes amenaza principalmente a afroamericanos y latinos, quienes tienen mayores probabilidades de vivir cerca de instalaciones químicas. De hecho, según un informe nacional de la Alianza de Justicia y Salud Ambiental para la Reforma de Políticas Químicas, un afroamericano es 75 por ciento más propenso a vivir cerca de instalaciones químicas industriales que el ciudadano promedio. Además, el porcentaje de latinos viviendo cerca de plantas químicas de alto riesgo es 60 por ciento más que el promedio nacional.

Según Nixon, esta disparidad hace que las voces de las comunidades de color y de bajos ingresos sean extraordinariamente importantes.

“Estas plantas químicas —como otras instalaciones contaminantes— suelen estar ubicadas desproporcionalmente cerca de comunidades de bajos ingresos y de minorías”, dice Nixon. “Tal vez porque las compañías creen que nuestras demandas no serán escuchadas por el gobierno. No podemos permitir que eso suceda”.

“Estas plantas químicas —como otras instalaciones contaminantes— suelen estar ubicadas desproporcionalmente cerca de comunidades de bajos ingresos y de minorías,” dice Nixon.

La Norma para Desastres Químicos que ahora está en limbo obligaría a 12,500 instalaciones químicas, de petróleo y de gas a emplear fuertes medidas de prevención de accidentes y de emergencia, y aseguraría que las instalaciones con mayor registro de accidentes consideraran mejore sistemas para prevenir la muerte de trabajadores y miembros de la comunidad. La norma también ordena mejorar el entrenamiento de emergencia, el intercambio de información, proteger a socorristas y cerciorar que las comunidades vulnerables cercanas estén informadas sobre métodos de prevención y reducción de daño por accidentes químicos. Dicha norma se completó tras años de meticulosas consideraciones y amplia participación pública. El retraso de Pruitt socava los años de duro trabajo de coaliciones y simpatizantes como Nixon, e impide que las comunidades de color cercanas a instalaciones peligrosas reciban las protecciones que merecen.

El 22 de junio, Earthjustice interpuso un litigio a nombre de 13 grupos ambientalistas locales y nacionales, así como de grupos comunitarios vulnerables, para evitar que la EPA retrasara las actualizaciones necesarias de la Norma para Desastres Químicos. El sindicato de United Steelworkers también apoyó a esta norma, solidarizándose con trabajadores vulnerables, socorristas y grupos comunitarios amenazados.

Mientras Earthjustice peleará en tribunales para representar a comunidades amenazadas por el retraso de la norma por Pruitt, Nixon continúa en su lucha.

“Esta norma no puede demorarse más”, dijo recientemente en una pieza de opinión para The Hill. “Definitivamente no debe ser tirada a la basura. Gente en comunidades como la mía, cerca de plantas químicas, necesita estas salvaguardias desesperadamente”.