Una versión de esta nota apareció por primera vez como un artículo de opinión en The Huffington Post.

Durante la era Trump, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) no ha mostrado interés alguno por proteger la salud de los ciudadanos, y, de hecho, parece simplemente negada a proteger la salud de personas de color.

El smog, por ejemplo, es un tipo de contaminación ambiental producida por el calentamiento al sol de gases de escape de vehículos y plantas de energía que puede desarrollar asma y muerte prematura. Un estudio de 2014 concluyó que las personas de color viven en comunidades con un 38 por ciento más de dióxido de nitrógeno, un compuesto necesario para la formación del smog.

El país había reducido este tipo de contaminación bajo el mandato de Barack Obama y caminaba hacia un mejor desempeño en 2015, cuando la EPA estableció estándares de contaminación más fuertes.

Luego, en octubre de 2017, para saber qué medidas de limpieza ambiental tomar, se le pidió a la EPA que identificara las áreas del país que no cumplían con el estándar de calidad de 2015. Pero en vez de eso, su Administrador, Scott Pruitt, sencillamente ignoró la orden federal y no presentó resultados. De hecho, Pruitt ha entorpecido varias regulaciones ambientales, retrasando acciones o mandando a revisión legislativa a las leyes para poder accionarlas.

Esto llevó a Earthjustice, la organización sin fines de lucro para la que trabajo, a demandarlo en nombre de varios grupos de salud y protectores del medio ambiente, incluyendo la American Lung Association, National Parks Conservation Association y Environmental Defense Fund.

La inacción de Pruitt es uno de los tantos ejemplos sobre cómo la administración Trump quiere destruir las protecciones de salud requeridas. Todo para que las grandes empresas puedan enfocarse en sus ganancias, en lugar de acercarse a las comunidades o vecindarios que pueden estar contaminando.

Las acciones de Pruitt advierten que nada está a salvo de ser consumido. A principios de este mes anunció su decisión de rescindir el Plan de Energía Limpia de Obama, enfocado a reducir las emisiones de carbono, un impulsor principal del cambio climático. Y planea reducir las regulaciones que protegen las corrientes de agua y otros humedales de la contaminación, lo que ha afectado a la vida silvestre y al agua potable de la que dependen las comunidades.

La indiferencia de Pruitt por la salud de nuestras comunidades no sorprende, pues, como fiscal general de Oklahoma, pasó gran parte de su tiempo luchando en contra de las protecciones ambientales a nombre de intereses corporativos.

A fines de octubre, Pruitt emitió una directiva prohibiendo a científicos que han recibido subsidios de la EPA trabajar en comités de asesoramiento científico.

Muchos de los que han servido en estos comités y han recibido subvenciones de la EPA son profesionales médicos altamente calificados y reconocidos académicos universitarios que han guiado a la agencia en asuntos científicos y técnicos. En cambio, Pruitt ha comenzado a reemplazarlos con personas que tienen un historial de estar en desacuerdo con la investigación científica establecida y, en algunos casos, tienen conexiones financieras con industrias contaminantes.

Una de estas nuevas personas designadas para el Consejo Asesor Científico, Robert Phalen, ex director del Laboratorio de Efectos de Salud de Contaminación Atmosférica en la Universidad de California, Irvine, afirma que la contaminación ambiental es buena para los niños y también que “el aire moderno es demasiado limpio para una salud óptima.”

Pruitt ha nombrado a personas que han minimizado los efectos de la contaminación para liderar el Consejo Asesor de Ciencias. Incluyendo a Michael Honeycutt, toxicólogo líder de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, quien ha expresado dudas sobre la abrumadora evidencia de que el smog causa asma, y ha formado parte de la Alliance for Risk Assessment, quien lleva a cabo investigaciones para los contaminadores, incluidos el American Chemistry Council y Coca-Cola.

En otras palabras, la calidad del aire que respiras y el agua que bebes, así como tu exposición a sustancias tóxicas y peligrosas está determinada, en gran medida, por tu raza e ingresos.

Las personas de color tienen acceso limitado a los vecindarios más saludables y es más probable que vivan cerca de autopistas, vertederos de basura y sitios de desechos tóxicos. Incluso las personas de color que son de clase media se ven obligadas a respirar aire peor que sus homólogos blancos.

Los impactos en la salud de estas disparidades ambientales son obvios. Uno de cada seis niños afroamericanos tiene asma, aproximadamente el doble de la proporción de niños blancos con la misma enfermedad. Uno de cada cinco puertorriqueños en los EE. UU. tiene asma, la cifra más alta de cualquier grupo racial o étnico de la nación. Y miles mueren cada año por la enfermedad.

Hace más de dos décadas, la EPA comenzó a abordar el tema de injusticia ambiental cuando, luego de la presión de grupos comunitarios y de justicia ambiental, el expresidente Bill Clinton emitió la Orden Ejecutiva 12898. La cual hizo que las agencias federales voltearan a ver la carga desproporcionada que enfrentan las comunidades de color y las poblaciones de bajos ingresos.

Fui asesora en justicia ambiental de dos administradores de la EPA, Lisa Jackson, la primera afroamericana en desempeñar ese cargo, y Gina McCarthy, ambas nombradas por Obama. Mi papel existió debido a la presión de grupos ecologistas y comunitarios y debido al deseo de la administración de Obama de implementar completamente la orden ejecutiva de Clinton. Tomó años profundizar el enfoque de la EPA sobre justicia ambiental, de modo que se consideraron los impactos desproporcionados y las disparidades de salud cuando se redactaron o actualizaron las reglamentaciones ambientales.

Durante la administración Obama, la EPA se enfocó en mejorar la salud de comunidades, creando una nueva estrategia centrada en la justicia ambiental con el Plan EJ 2014. Esto, en parte, presentó herramientas de detección de amenazas y disparidades ambientales en los EE. UU., así como la Agenda de Acción de Justicia Ambiental 2020 y el compromiso de la agencia de trabajar en las 100 comunidades más sobrecargadas por la contaminación.

Pero la primavera pasada, Pruitt propuso eliminar la Oficina de Justicia Ambiental de la EPA quitándoles los $2 millones asignados para ejecutarla.

La falta de preocupación de Pruitt y de Trump por las comunidades saludables, si bien es profundamente inquietante, no ha provocado que los líderes ambientales de color se entierren en la arena. Estamos resueltos a luchar aún más duro.

En California, por ejemplo, las comunidades han estado a la vanguardia, exigiendo tecnología cero emisiones, sabiendo que las comunidades de color son las más afectadas por la contaminación ambiental proveniente de los combustibles fósiles. Y la primavera pasada en Los Ángeles, la Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado se comprometió a ponerle fin al uso de autobuses que funcionan con gas natural y reemplazarlos con todos los autobuses eléctricos para 2030, en gran parte debido a los esfuerzos de las comunidades.

En abril, el Concejo Municipal de Nueva York aprobó la legislación más completa de justicia ambiental de cualquier ciudad de los EE. UU., requiriendo que el gobierno local se haga cargo de la contaminación ambiental en comunidades discriminadas. Fueron grupos de justicia ambiental de toda la ciudad, incluida la New York City EJ Alliance y We ACT for Environmental Justice, con sede en Harlem.

Estos esfuerzos en California y Nueva York, pequeños ejemplos entre muchos que la nación está demostrando, muestran cómo la democracia puede funcionar cuando líderes locales y estatales llevan a cabo la voluntad de las comunidades decididas a proteger su salud.