Una y otra vez hemos visto a grandes contaminadores industriales llenar el aire con químicos tóxicos, envenenando a personas y ecosistemas. Y una y otra vez hemos visto a las industrias escapar de las consecuencias, dejando los gastos de limpieza a los contribuyentes y convirtiendo a las comunidades en lugares inhóspitos para vivir.

En Earthjustice no creemos que esto esté bien. Por eso hemos demandado a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Scott Pruitt, por no hacer responsables a las industrias mineras de limpiar sus desechos.

Un gran número de minas abandonadas de cobre, oro y otros metales a lo largo y ancho del oeste de los EE. UU. se han contaminado tras décadas de extracciones minerales y de lixiviar su drenaje ácido, llegando a producir corrientes de cianuro que afectan los suministros cercanos de agua potable. Pero si los gerentes no tienen fondos para cubrir estos riesgos, el costo se traslada a los contribuyentes, a menudo por cientos de millones o incluso miles de millones de dólares.

En una victoria ejemplar para Earthjustice, tras casi ocho años de litigios, en enero de 2016, el Tribunal de Circuito de Apelaciones de D.C ordenó a la EPA ejecutar una normativa que rompería con ese ciclo. Pero, aunque finalmente se legisló otra normativa, Pruitt dejó la propuesta en diciembre, palmándole la espalda a la industria minera.

La EPA debe hacer cumplir que dicha normativa se encuentre bajo de la llamada ley “Superfund”, aprobada por el Congreso en 1980 en respuesta a la creciente amenaza de fugas tóxicas en sitios de desechos abandonados, como el Love Canal, de Nueva York. Esta ley buscaba asignar fondos para limpiar sitios terriblemente contaminados, así como reducir el riesgo de crear nuevos sitios.

Para tal fin, la ley ordenó a la EPA crear normas que exigieran a las industrias más sucias del país “garantías financieras”, incluyendo bonos, seguros y otros mecanismos que garanticen el pago de limpieza de las empresas con más probabilidades de cometer un desastre tóxico si algo sale mal. Y lo que es más importante, se ha demostrado que las garantías financieras reducen significativamente la contaminación, pues ofrecen grandes incentivos para gestionar los residuos peligrosos de manera segura.

Bajo la ley Superfund, se requirió que la EPA diera el primer paso en este importante proceso de reglamentación en 1983, pero no hizo nada durante décadas. Mientras, el impuesto específico de la ley para compañías petroleras y químicas expiró, y el fondo Superfund se declaró en quiebra. Aunque el Congreso asignó algo de dinero para la limpieza de los sitios de Superfondo de los ingresos fiscales generales, el nivel de financiación se redujo drásticamente, lo que significó que las limpiezas se retrasaron aún más.

Earthjustice tuvo una victoria temprana en 2008, cuando obligó a la EPA a emitir un dictamen sobre las industrias con más probabilidades de crear estos sitios tóxicos. La EPA descubrió que la minería de roca, las plantas de carbón, las refinerías de petróleo y las instalaciones de fabricación de productos químicos eran las más propensas a crear los mayores líos. Incluso descubrió que, en algunos casos, compañías habían establecido intencionalmente corporaciones matrices y subsidiarias para que las ganancias de las instalaciones industriales pudieran ser canalizadas a la empresa matriz, pero cuando llegara el momento de limpiar el desastre, la subsidiaria podría declararse en bancarrota y alejarse, dejando al público con la cuenta.

Todavía después de estos hallazgos la EPA siguió retrasando el dictamen. Así que Earthjustice regresó a la corte. Después de años en litigio, el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito de D.C. finalmente rompió con la encrucijada en 2016 y dictó la aplicación de un cronograma para que la EPA terminara la normativa largamente retrasadas. Ahora, nuestra demanda más reciente tiene como objetivo hacer que estas normas sean una realidad para que las personas y lugares cercanos a las industrias que usan productos químicos peligrosos puedan, finalmente, ser indultadas por parte de las industrias sucias e irresponsables.

Una versión de este texto fue publicado el 7 de abril de 2016.