Impulsando una Revolución Energética en Puerto Rico

Datos clave

• Los aliados de Earthjustice, representados por el Centro para la Diversidad Biológica, ganaron un fallo judicial (2025) que ordena a FEMA a considerar la energía solar distribuida en techos como alternativa a la actual red eléctrica.
• Se consiguió una asignación del Congreso de $1 mil millones para la resiliencia energética de Puerto Rico.
• Luchar ante el desvío de más de $12 mil millones de fondos restantes de FEMA para la reconstrucción de combustibles fósiles.

Los daños a la infraestructura de Puerto Rico han superado los $100 mil millones desde que el huracán María devastó el archipiélago en 2017. Desde entonces, FEMA ha otorgado más de $23 mil millones en fondos de recuperación, pero durante años destinó ese dinero a la reconstrucción de la misma red centralizada de combustibles fósiles que le ha fallado al pueblo. Grupos ambientales y comunitarios, representados por el Centro para la Diversidad Biológica y en colaboración con Earthjustice, ganaron una demanda contra esos planes. Un fallo de 2025 ordena a FEMA preparar una declaración de impacto ambiental que debe analizar la energía renovable distribuida como alternativa a los combustibles fósiles.

El Congreso también aprobó la Ley de Asignaciones Consolidadas en diciembre de 2022, que destinaba $1 mil millones específicamente a mejoras en la resiliencia energética de Puerto Rico, incluyendo el acceso a energía solar para personas de bajos ingresos y personas con discapacidades. La administración Trump desvió esos fondos destinados a ese fin.

Nuestros aliados: Queremos Sol, Alianza Energía Renovable Ahora (AERA), Centro para la Diversidad Biológica y grupos comunitarios

Entidades involucradas: FEMA, Departamento de Energía de EE. UU.

El grupo Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud instala sistemas de energía solar como en la casa de Rosalina Marrero Martínez en Guayama, Puerto Rico. (Erika P. Rodriguez para Earthjustice)

Datos clave

• Se presentó una demanda contra el gobierno de Puerto Rico para detener la ubicación ilegal de proyectos solares industriales en terrenos agrícolas.
• Se ha creado un registro público sobre los daños a la seguridad alimentaria, las comunidades agrícolas y los ecosistemas.
• Continuamos abogando por la protección de las tierras cultivables y los pequeños agricultores.

Los proyectos solares a gran escala ubicados en terrenos agrícolas deforestados para tal propósito agravan la escasez de alimentos en Puerto Rico, desplazan a pequeños agricultores, aumentan el riesgo de inundaciones y perpetúan el sistema eléctrico centralizado que ha fallado al archipiélago durante décadas. La energía solar en techos resuelve el mismo problema energético sin poner en peligro la seguridad alimentaria.

Earthjustice demandó al gobierno de Puerto Rico en nombre de seis organizaciones ambientales, agrícolas y una alianza intermunicipal para impedir la instalación ilegal de proyectos de energía renovable a gran escala en terrenos agrícolas y ecológicamente sensibles sin evaluaciones exhaustivas del impacto en la comunidad y el ecosistema.

Si bien la corte no falló a nuestro favor, el caso impulsó un debate público sobre los costos reales de la energía solar industrial en tierras agrícolas. Continuamos brindando apoyo y representación legal a nuestros clientes.

Nuestros clientes y aliados: Liga de Ciudades PR Inc., Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica Inc., Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, Inc., El Puente, Inc., Comité Diálogo Ambiental Inc., Sierra Club, la coalición Tierras pa' Agricultura y Techos Pa' Energía

Terreno despejado de vegetación para un proyecto solar a gran escala de AES-PR en Guayama, Puerto Rico, el 10 de agosto de 2025. La instalación de carbón se está expandiendo para construir un parque de paneles solares a escala industrial en más de mil acres de tierras agrícolas de la zona. (Erika P. Rodriguez para Earthjustice)

Datos clave

• Ganamos: El NEPR rechazó las propuestas de aumento de tarifas más agresivas de LUMA y Genera PR (abril de 2026).
• Lideramos la primera campaña coordinada de participación pública de su tipo en los procedimientos del NEPR.
• Continuaremos cuestionando la reestructuración tarifaria que perjudica a los hogares de bajos ingresos.

A pesar de un historial de servicio eléctrico inconsistente y costoso, LUMA Energy presentó una propuesta al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) solicitando un aumento de tarifas que habría añadido 40 dólares o más a las facturas mensuales, una carga severa para un archipiélago que ya paga algunos de los costos de energía más altos en comparación con los consumidores de los Estados Unidos continental.

Earthjustice implementó una estrategia de participación pública coordinada y sin precedentes para garantizar que los residentes interesados pudieran participar activamente en los procedimientos del NEPR. En abril de 2026, la orden de NEPR reconoció explícitamente que la participación pública desempeñó un papel decisivo en el rechazo de los aumentos de tarifas propuestos por LUMA Energy y Genera PR, los cuales consideró excesivos y onerosos para los usuarios. Continuamos monitoreando la reestructuración de tarifas reducidas de NEPR, que perjudicaría desproporcionadamente a los hogares económicamente vulnerables.

Nuestros clientes: Comité Diálogo Ambiental, Inc.; El Puente, Inc.; Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Inc.; CAMBIO PR, Inc.; y Comité Yabucoeño Pro ‑Calidad de Vida, Inc.

Entidades involucradas:NEPR, LUMA Energy, Genera PR

Líneas eléctricas de transmisión en Guayama. (Erika P. Rodríguez para Earthjustice)

Datos clave

• Intervinimos en nombre de ocho grupos comunitarios, laborales y ambientales (2021)
• Nos aseguramos de que el Negociado exigiera a LUMA incluir métricas claves de desempeño (eficiencia energética/respuesta a la demanda, interconexión y manejo de la vegetación).
• Logramos que el NEPR aprobara una estructura de pagos de incentivos más bajos de los solicitados por LUMA (2024).
• El Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó la autoridad del NEPR para modificar las métricas de desempeño y establecer penalidades.

LUMA Energy tomó el control de la transmisión y distribución de electricidad del archipiélago desde 2021. Desde entonces, las interrupciones eléctricas han aumentado un 30%. LUMA exigió una estructura de incentivos que le permitiría recibir $20 millones adicionales al año adicionales a su ya multimillonario contrato de manejo y operación. El gobierno de Puerto Rico demandó a LUMA en diciembre de 2025 como primer paso legal para rescindir su contrato.

En el verano de 2021, Earthjustice intervino en nombre de ocho grupos ambientalistas, laborales y comunitarios en el caso ante el NEPR en el que se revisó la estructura de incentivos propuesta por LUMA. Durante este proceso, logramos obtener que el NEPR ordenara a LUMA incluir métricas de desempeño relacionadas con la eficiencia energética y la respuesta a la demanda, la interconexión y el manejo de la vegetación, indicadores claves para impulsar la transición a energía renovable y garantizar la confiabilidad del sistema. En la primavera de 2024, obtuvimos una decisión mixta en la que el NEPR autorizó incentivos significativamente menores que los propuestos por LUMA. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ratificó la decisión del NEPR en su totalidad y rechazó la alegación de LUMA de que el Negociado carecía de autoridad para modificar las métricas de desempeño, incluyendo la eventual creación de un sistema de penalidades.

Nuestros clientes: Comité Diálogo Ambiental, Inc.; El Puente , Inc.; Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Inc.; Coalición de Organizaciones Anti Incineración, Inc.; Amigos del Río Guaynabo, Inc.; Cambio PR, Inc.; Sierra Club; Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico, Inc.

Entidades involucradas: NEPR, LUMA Energy

Un empleado repara líneas eléctricas aproximadamente dos semanas después de que el huracán María arrasara el archipiélago el 5 de octubre de 2017 en San Isidro, Puerto Rico. (Mario Tama / Getty Images)

Datos clave

• Obtuvimos la afirmación de jurisdicción de FERC sobre el terminal de importación de gas metano de NFE (2020).
• Argumentamos ante la Corte de Apelaciones del Circuito del D.C. para revocar la aprobación de FERC a la expansión del terminal (abril de 2025).
• Litigios y gestiones en curso para obligar a la finalización de la DIA, que lleva mucho tiempo pendiente, y evitar una mayor expansión sin permiso (2020-presente).

Más de 2,700 personas viven a menos de 800 metros de un terminal de importación de gas metano en la Bahía de San Juan, y cerca de 150 mil residentes viven en un radio de 5 kilómetros del terminal. New Fortress Energy y su filial, NFEnergía, construyeron y comenzaron a operar la instalación sin la autorización federal requerida. Un accidente en la instalación o durante el transporte de gas metano (GNL) mediante barcazas de gran tamaño, más allá de las autorizadas, podría poner en peligro vidas y provocar una interrupción total del suministro de alimentos a través del puerto más transitado del archipiélago.

En 2020, en un procedimiento en el que Earthjustice intervino en nombre de grupos ambientalistas, laborales y comunitarios, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés) determinó que el terminal operaba ilegalmente. Sin embargo, en lugar de detener las operaciones, FERC emitió una autorización temporal limitada y ordenó a la empresa que iniciara el proceso formal de obtención de permisos.

A pesar de este hallazgo, FERC autorizó posteriormente la expansión del terminal, mediante la construcción de un gasoducto, sin completar la evaluación ambiental requerida ni otorgar a estas comunidades el derecho a una participación pública significativa, incluyendo una oportunidad efectiva de ser escuchadas. En abril de 2025, impugnamos estas acciones ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. Si bien la corte falló a favor de FERC, seguimos luchando por las comunidades afectadas por esta expansión. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), legalmente requerida, aún no se ha emitido, y la evaluación ambiental permanece indefinidamente demorada, en parte debido a las continuas modificaciones no autorizadas por parte del operador. Earthjustice continúa evaluando y explorando las vías legales y de defensa disponibles para que se complete una revisión ambiental, largamente postergada, y para prevenir una mayor expansión de las operaciones no autorizadas.

Nuestros clientes: El Puente , Inc.; Sierra Club, Inc.; Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Inc.; Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Inc.; Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, Inc.; Coalición de Organizaciones Anti Incineración, Inc.; Amigos del Río Guaynabo, Inc.; Comité Diálogo Ambiental, Inc.; Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Inc.; CAMBIO PR Inc.; y Mujeres de Islas, Inc.

Entidades involucradas: FERC, New Fortress Energy / NFEnergía, Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C.

Datos clave

• Convencimos a NEPR para que rechazara la c expansión del gas y favoreciera la adquisición de energías renovables distribuidas (2020).
• Promover directrices vinculantes para la instalación de paneles solares en techos y calendarios de cierre de centrales eléctricas de combustibles fósiles.

El Plan Integrado de Recursos (PIR) es el proceso mediante el cual Puerto Rico evalúa todos sus recursos energéticos para satisfacer la demanda futura. En agosto de 2020, Earthjustice convenció al Negociado de Energía rechazar una propuesta de expansión del gas en favor de la adquisición de energías renovables. Sin embargo, las compañías de combustibles fósiles han seguido socavando el plan aprobado y el Negociado ha optado por aprobar proyectos solares industriales en terrenos agrícolas. El último PIR propuesto por LUMA prioriza la conversión de las centrales existentes a gas metano y posteriormente, el uso de biodiésel, que LUMA clasifica como “renovable”, prolongando así la generación de energía basada en combustibles fósiles en lugar de acelerar la transición a la energía solar y el almacenamiento de ésta en baterías.

Nuestros clientes y aliados: Grupos ambientales, laborales y comunitarios: Coaliciones de Queremos Sol, AERA, Tierras pa' Agricultura y Techos pa' Energía

Entidades involucradas: NEPR, LUMA Energy

Instalación portuaria costera donde la central de carbón AES importa carbón para su combustión en Guayama. (Erika P. Rodriguez para Earthjustice)

Datos clave

• Intervinimos en el procedimiento de quiebra de PROMESA/AEE para oponernos a la estructura del cargo legado.
• Sometimos informes periciales que documentan riesgo de desconexión masiva de la red y desplazamiento.
• Continuamos luchando hacia una reestructuración de la red a energía limpia que tenga como prioridad a los residentes.

En virtud de la Ley federal de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), la Junta de Supervisión Fiscal propuso pagar a los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) mediante el cobro a los clientes de una tarifa mensual fija durante muchos años. Earthjustice intervino, advirtiendo que este plan provocaría la deserción masiva de usuarios de la red eléctrica, impondría una carga energética adicional a los consumidores y llevaría a la AEE nuevamente a la bancarrota.

A través de informes periciales presentados en el caso, demostramos que, si se impone el cargo legado, los clientes que puedan pagarlo se desconectarán de la red y generarán su propia energía mediante generación distribuida, mientras que quienes no puedan, afrontarán tarifas más altas y podrían verse obligados a abandonar sus hogares o emigrar. Estamos comprometidos con la transformación de la red eléctrica de Puerto Rico hacia un sistema confiable de generación solar fotovoltaica distribuida en techos, que beneficie a todos y todas.

Nuestros clientes: Comité Diálogo Ambiental, Inc., El Puente, Inc.-, Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Inc., Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Inc., Sierra Club, Inc., Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, Inc., Coalición de Organizaciones Anti Incineración, Inc., Amigos del Río Guaynabo, Inc.

Entidades involucradas: Junta de Supervisión Fiscal de PROMESA, AEE, bonistas, entre otros

Edificio sede de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) en Santurce, San Juan. (Erika P. Rodríguez para Earthjustice)

Datos clave

• Contactamos a la EPA y funcionarios federales sobre infracciones relacionadas con las cenizas de carbón en AES-PR.
• Representamos al Comité Diálogo Ambiental en litigios para fortalecer las protecciones de la normativa federal sobre cenizas de carbón.
• Documentamos las infracciones y apoyar la defensa de la comunidad para el monitoreo y la limpieza.

AES-PR almacenó cenizas de carbón, el residuo tóxico que queda tras la combustión, creando una montaña de cenizas y durante años las distribuyó como material de relleno barato bajo la marca "Agremax". Este material se esparció en decenas de sitios en el sureste de Puerto Rico. La contaminación amenaza la salud de las comunidades de bajos ingresos y afro-puertorriqueñas que viven cerca de la planta. En 2025, la legislatura de Puerto Rico aprobó una ley que permite a la planta de AES-PR seguir operando hasta 2032, extendiendo así el plazo inicial de cierre previsto para 2028.

Earthjustice y sus aliados se han reunido con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y funcionarios federales para exigir medidas que protejan a las comunidades más afectadas de Guayama y Salinas de los peligros de las cenizas de carbón. Hemos identificado violaciones a la normativa federal sobre cenizas de carbón por parte de AES-PR y estamos trabajando con nuestros aliados para documentar estas preocupaciones y así poder defender eficazmente el monitoreo y limpieza adecuada de las cenizas. Asimismo, hemos representado al Comité Diálogo Ambiental en litigios relacionados con las normas federales sobre cenizas de carbón que afectan la ubicación de AES-PR y áreas circundantes.

Nuestros clientes y aliados: Comité Diálogo Ambiental y organizaciones asociadas

Entidades involucradas: AES-PR, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)

Planta AES-PR en Guayama. (Erika P. Rodriguez para Earthjustice)