El martes, funcionarios de Puerto Rico votaron para extender el contrato de LUMA Energy, una compañía plagada de problemas que no ha podido entregar electricidad confiable en todo el archipiélago. En los casi dos años desde que LUMA Energy se hizo cargo de la gestión de la red eléctrica, los contribuyentes han visto cómo los costos se disparaban, mientras que los apagones aumentaban significativamente. En lugar de priorizar un cambio a la energía limpia distribuida, la junta de administración y supervisión financiera votó para duplicar la dependencia continua de los combustibles fósiles y las líneas de transmisión vulnerables, beneficiando a LUMA. No se han establecido medios para responsabilizar a la empresa por brindar un servicio confiable.

Si bien se cuestiona la validez de la extensión del contrato, el resultado es claro: esto permite que LUMA continúe operando a pesar de su bajo rendimiento y su servicio sobrevaluado. Después de la decisión, Earthjustice y grupos con sede en Puerto Rico emitieron la siguiente declaración:

“La energía solar y el almacenamiento en los techos son fundamentales para combatir el cambio climático y ayudar a las comunidades puertorriqueñas a sobrellevar los desastres de manera más efectiva”, dijo Ruth Santiago, defensora del medio ambiente y que forma parte de la junta de Earthjustice. “Las autoridades locales deben afrontar el hecho de que la revolución de las energías renovables y distribuidas llegó para quedarse”.

“La decisión de extender el contrato suplementario deja a Puerto Rico aún más vulnerable al permitir que LUMA continúe controlando el sistema eléctrico sin fecha de finalización, cobrando más, sin medidas reales de desempeño y sin un sistema sancionador vigente. Como si fuera poco, el proceso de prórroga fue manipulado para dejar su consideración a última hora, con pocas oportunidades de análisis y reforma”, dijo Pedro Saade, abogado puertorriqueño y profesor de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico.

“El gobernador Pierluisi ha declarado que la cancelación del contrato de LUMA perjudicaría al pueblo de Puerto Rico, porque LUMA no tendría incentivos para desempeñarse mejor durante el período de transición. El gobernador omite mencionar que LUMA ya está operando sin métricas de desempeño y sin los incentivos para brindarle al pueblo de Puerto Rico el servicio que merece y necesita. El almacenamiento de batería y energía solar en los techos podría brindar este servicio tan necesario, por lo que el gobierno debería penalizar el bajo rendimiento, cualquier demora o costo innecesario en el proceso de interconexión de estos sistemas”, dijo Lorena Vélez Miranda, abogada de Earthjustice radicada en Puerto Rico.