¿Qué es el techo de la deuda?

El techo de la deuda, también conocido como el límite de deuda de la nación, es la cantidad máxima de deuda que el gobierno estadounidense puede obtener. Dado que el Congreso controla la emisión de deuda, esta rama debe aumentar, suspender o eliminar constantemente el límite de la deuda para permitir que el gobierno tome dinero prestado con el fin de cumplir con sus obligaciones financieras. El techo de la deuda se ha elevado o suspendido 78 veces desde 1960, incluidas las tres veces durante la presidencia de Donald Trump.

¿Cuál es la situación actual con el techo de la deuda?

Nos estamos acercando rápidamente al límite de deuda actual, y el Congreso debe aumentarlo para que el gobierno pueda seguir pagando sus cuentas. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró recientemente que el gobierno podría quedarse sin dinero tan pronto como el 5 de junio. El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, llegaron a un acuerdo para aumentar el límite de la deuda. Pero el acuerdo viene con algunas concesiones adversas que incluyen recortes de gastos estrictos y nuevos requisitos en programas de redes de seguridad social, y tendrá serias implicaciones para el medio ambiente. Los republicanos están tomando a nuestro país y nuestra economía como rehenes para promover una agenda que sacrificará el bienestar de millones en beneficio de los multimillonarios e industrias contaminantes.

El proceso fue problemático desde el principio. Todo se negoció a puerta cerrada sin la participación de expertos en el Congreso y líderes comunitarios que conocen mejor este tema. No es ningún secreto que el presidente McCarthy está en deuda con los miembros más extremistas de su partido y, lamentablemente, este acuerdo fue manipulado por ellos.

Este es un caso que ya vivimos en 2011, la última vez en el que los republicanos jugaron a la política con el límite de la deuda. Sus tácticas pusieron a los Estados Unidos al borde del incumplimiento, lo que resultó en mayores costos de endeudamiento para las empresas y los consumidores, además de una disminución en ahorros para la jubilación de muchos estadounidenses. Pero los republicanos pudieron manipular al resto del Congreso para obtener $1,3 billones en significativos recortes de gastos que afectaron el presupuesto federal durante casi una década. En este espacio de tiempo, los fondos federales para la educación K-12, los beneficios para veteranos, asistencia federal para el alquiler y programas de capacitación laboral enfrentaron graves recortes. Si bien este acuerdo evita las consecuencias del incumplimiento, nuestro clima aún está en crisis y las comunidades más sobrecargadas seguirán pagando el costo más alto.

¿Cómo afecta este acuerdo al medio ambiente?

Si bien la Casa Blanca protegió el financiamiento climático de la Ley de Reducción de la Inflación y luchó de manera efectiva contra los esfuerzos de los republicanos para obstruir nuestra transición de energía limpia, el acuerdo aún incluye varias disposiciones perjudiciales que cambian fundamentalmente la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA). Estos cambios podrían facilitar la aprobación de más proyectos de combustibles fósiles y minería mal regulados, al tiempo que limitan la capacidad de las personas para opinar sobre proyectos de desarrollo construidos en sus vecindarios. El proyecto de ley también allana el camino para terminar el oleoducto Mountain Valley, afianzando la dependencia de los combustibles fósiles en una región ya sobrecargada por el desarrollo de energía sucia. Pasa por alto procesos judiciales y ordena la aprobación de permisos para el proyecto, sentando un peligroso precedente que causará un daño duradero a las comunidades de los Apalaches.

¿Cómo afectaría este acuerdo a la NEPA?

Por mucho tiempo, los republicanos han utilizado a la NEPA como chivo expiatorio para retrasar proyectos, omitiendo su propia complicidad al dejar a las agencias encargadas de completar las revisiones ambientales, en gran parte, sin fondos suficientes. Este acuerdo codificaría las disposiciones que los republicanos que se muestran hostiles a la NEPA han buscado durante años. Estos cambios incluyen:

• Instituir cronogramas y límites de páginas de corte arbitrario y generalizado para revisiones ambientales que podrían resultar en procesos apresurados para algunos de los proyectos de infraestructura más grandes.
• Permitir que los patrocinadores de proyectos escriban sus propias revisiones ambientales, lo que podría generar un gran conflicto de intereses.
• Amplía rotundamente el uso de “exclusiones categóricas” bajo NEPA al permitir que las agencias federales adopten cualquier exclusión categórica creada por cualquiera de las más de 80 agencias del gobierno federal, amenazando así con proteger innumerables proyectos del escrutinio público y comentarios que de otro modo estarían sujetos a revisión y divulgación más sólidas.

En realidad, estos cambios podrían dar lugar a más litigios y desincentivar la sólida participación pública y el análisis necesario para crear proyectos de infraestructura exitosos y resilientes. Este no es el escenario que necesitamos, precisamente ahora que nos embarcamos en uno de los períodos más ambiciosos de desarrollo de infraestructura en la historia de nuestra nación.

¿Qué sucede si el Congreso no aumenta el límite de la deuda?

Según el Departamento del Tesoro, Estados Unidos superará su límite de deuda actual el 5 de junio. Si el Congreso no aprueba un proyecto de ley que lo aumente, Estados Unidos dejará de pagar su deuda por primera vez en la historia, lo que se conoce en términos financieros como “default”. Si bien no podemos pronosticar con exactitud las consecuencias, muchos economistas globales anticipan que los impactos económicos del incumplimiento serían más que catastróficos. El incumplimiento podría facilitar una recesión con despidos masivos similares a los impactos de la crisis financiera de 2008. Además, el gobierno no podría cumplir sus obligaciones financieras con los acreedores, así como pagar a los trabajadores federales y al personal militar, emitir cheques de seguridad social y proporcionar asistencia alimentaria y de vivienda a los estadounidenses.