Ampliación del Puerto de Veracruz Representa Grave Riesgo Para Ecosistemas Marinos, Señalan Grupos

Ciudad de México —

En el marco del Día Internacional de la Biodiversidad, este 22 de mayo organizaciones nacionales e internacionales levantan la voz por la protección del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). A tres años de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó cancelar las autorizaciones del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz y realizar evaluaciones integrales basadas en la mejor ciencia disponible, el impacto ambiental real del megaproyecto aún se desconoce.

En 2023 y 2024 los arrecifes de coral del PNSAV han presentado eventos de blanqueamiento alarmantes, resultado de afectaciones acumuladas por el aumento de la temperatura, y probablemente agravados por la sedimentación generada por las obras, el tráfico marítimo y la contaminación del agua. Estas amenazas ponen en grave riesgo uno de los ecosistemas marinos más importantes de México: los arrecifes coralinos. Estos impactos podrían ser mitigados por un proceso adecuado de evaluación de impacto ambiental y un manejo integral costero, algo que no se hizo antes de aprobar la ampliación del puerto.

En 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó nuevamente de manera fragmentada la ampliación del Puerto de Veracruz mediante el oficio SRA/DGIRA/DG-06257-22. Esta decisión se tomó sin integrar adecuadamente la información científica ni garantizar la participación de las personas que habitan en la zona conurbada, cuyas actividades económicas — como la pesca y el turismo — dependen directamente de la salud de los ecosistemas marinos, impactados por este megaproyecto.

Las organizaciones Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice, en conjunto con personas expertas científicas, analizaron la nueva autorización y detectaron incumplimientos a la sentencia de la SCJN:

1. No se realizaron nuevos estudios con información actualizada.
2. No se adoptó un enfoque holístico e integral.
3. No se garantizó la participación ciudadana.
4. No se presentaron medidas suficientes y adecuadas para evitar o revertir los impactos ambientales.

En los últimos años, diversas organizaciones de la sociedad civil han promovido acciones judiciales y de incidencia para aportar información técnica al caso, exigiendo una nueva evaluación del impacto ambiental que considere el proyecto en su totalidad. Sin embargo, estas acciones no han tenido efecto hasta ahora y el verdadero impacto del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz continúa sin evaluarse conforme a la sentencia de la SCJN y a los más altos estándares en materia del derecho a un medioambiente sano.

Ante esta alarmante situación, que pone en riesgo a los arrecifes y los ecosistemas que nos sostienen, en violación al derecho humano a un medioambiente sano, organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado energético a:

1. Al juez del Juzgado Quinto de Distrito: a no dar por cumplida la sentencia sin la realización de la necesaria evaluación de impacto ambiental de forma integral que permita conocer el verdadero riesgo ambiental de la obra portuaria, así como el reconocimiento de todos los impactos en los ecosistemas marinos y terrestres, así como en las comunidades que de ellos dependen.
2. A la Secretaría de la Convención Ramsar: a realizar urgentemente la misión de asesoramiento pendiente con el fin de evitar daños mayores a los arrecifes y garantizar prácticas de evaluación de impacto ambiental integrales.
3. Al Consejo de Áreas Naturales Protegidas: a no emitir una opinión favorable sin contar con una evaluación integral de los impactos que sustente un programa de restauración ecológico adecuado.

Los grupos de defensa piden unir esfuerzos para defender los arrecifes del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano y de los ecosistemas que son amenazados por la ampliación del Puerto de Veracruz. Asimismo, hacen un llamado a las autoridades ambientales a garantizar un manejo costero integral, con evaluaciones ambientales completas, como precedente necesario frente a futuras ampliaciones portuarias y otros megaproyectos en México.