El presidente Donald Trump y miembros de su administración que sostienen lazos con la industria de combustibles fósiles están dispuestos a saquear las tierras públicas y las aguas dentro y fuera de las costas estadounidenses, incluso a expensas de vidas humanas.

Como un reportaje de Politico lo reveló, la Oficina de Control de las Normas de Seguridad y Medio Ambiente (BSEE, por sus siglas en inglés) de la administración Trump ha emitido 1.700 exenciones que protegen a las compañías gasíferas y petroleras costa afuera de la Regla de Control de Pozos y Dispositivos Anti-Explosión. La oficina adoptó esta norma en el 2016 para implementar medidas de seguridad en alta mar para prevenir otro desastre como el de Deepwater Horizon de la compañía BP—una catástrofe que cobró la vida de 11 hombres y devastó el medioambiente en el norte del Golfo de México. Sin embargo, la administración Trump intervino y optó por no solicitar muchas de las mejoras de seguridad.

Y en mayo de este año, la administración debilito esa norma. Recientemente, Earthjustice junto a nueve grupos medioambientales presentaron una demanda legal contra la administración por restricciones a la regla.

ARREGLANDO LOS PROBLEMAS QUE CAUSÓ LA FUGA DE CRUDO DE BP

En los años posteriores al desastre de Deepwater Horizon, varios paneles de expertos en perforaciones en alta mar, ingeniería y superintendencia evaluaron lo que pudo haber causado el derrame de crudo y la explosión de la plataforma. Encontraron que no solo había una causa del incidente, sino una serie de prácticas defectuosas en la perforación y diseños de los equipos que resultaron en la erupción de gas y petróleo desde el pozo hasta la plataforma. Estos paneles encontraron que estos defectos existían porque las compañías querían reducir costos, además de la laxa regulación del gobierno frente a la perforación en alta mar.

La administración Obama tomó un paso importante para abordar las fallas identificadas con la emisión de la Regla de Control de Pozos y Dispositivos Anti-Explosión. Esta norma solicita algunas mejoras con sentido común para la tecnología de perforaciones y otras prácticas como agregar mecanismos de apoyo para seguridad. También solicita a los operadores a que prueben los equipos de seguridad para garantizar que funcionen en caso de emergencia—lo que no sucedió con el equipo de Deepwater Horizon, el cual falló y causó la explosión.

La norma también requiere que los inspectores sean completamente independientes de la industria gasífera y petrolera. Antes del desastre de BP, estas empresas hacían sus propios reportes sobre la seguridad de sus equipos, lo que llevó a que ignoraran las reglas y descuidaran obligaciones para la garantía de la seguridad de los empleados en las plataformas. Incluso hubo casos de unos llamados inspectores que falsificaron pruebas de seguridad en sus equipos. Bajo la Regla de Control de Pozos, se les pedía a los inspectores no tener conflictos de interés, por lo que había una mayor probabilidad de reportar problemas en los equipos y otras infracciones.

Estas mejoras en las normas no eliminan los riesgos de la perforación en alta mar, pero reducen significativamente la probabilidad de muertes y catastróficos derrames de petróleo. De hecho, la BSEE calculó que esta norma en realidad le ahorra a la industria gasífera y petrolera millones de dólares en mantenimiento a largo plazo, entre otros costos operativos.

LA INDUSTRIA SE DEFIENDE

No obstante, la industria pensó que mejorando sus equipos y procedimientos de perforación a corto plazo era un despilfarro, por lo que cabildeó para revocar tales requisitos. El anterior Secretario del Interior Ryan Zinke, que además tenía demasiados conflictos de interés, nombró a un conocido de la industria petrolera, Scott Angelle, para supervisar el BSEE. Angelle “llevó a que Luisiana revocara una moratoria sobre la perforación en alta mar en la costa del golfo” luego del derrame de Deepwater Horizon y ganó $1,5 millones como miembro de la junta de una compañía de oleoductos. Luego de ser nombrado para dirigir la BSEE, le dio su número de celular personal a ejecutivos de la industria como contacto para “oportunidad de negocios”, aconsejándoles que llamaran en vez de enviar mensajes de texto porque éstos son sujetos a leyes de récords públicos.

Por lo tanto, no sorprende que Angelle anunciara en abril un plan para revocar las más importantes provisiones de seguridad de la Regla de Control de Pozos. BSEE asegura que eliminar los requisitos de seguridad no tendrán efecto en los riesgos e hizo descabelladas declaraciones, aduciendo que la eliminación de estas regulaciones milagrosamente beneficiará el medio ambiente. La agencia está emprendiendo estas acciones pretendiendo que el público confíe en ellos, pero no han llevado a cabo un análisis en el plano legal (por ejemplo, una evaluación de riesgos) de lo que estas revocaciones significarán.

Con sus 1.700 exenciones a dicha regla, la BSEE efectivamente le comunica a la industria que “si ellos no les gusta la norma, no la tienen que cumplir”. Si hay algo aún más ridículo es que esta oficina cita las exenciones como evidencia de que la Regla de Control de Pozos es “innecesaria”. Y la agencia bloquea intentos para obtener más información en sus decisiones reservadas para emitir estas exenciones.

Es evidente la falta de procedimientos de perforación, diseño de equipos, y supervisión regulatoria cuando ocurrió el desastre de Deepwater Horizon— y que eran necesarios para abordar estos problemas. Es igualmente claro que la Regla de Control de Pozos realizó importantes mejoras de seguridad y redujo el riesgo de otro incidente como el de Deepwater Horizon. El deseo de la industria petrolera en ganar más dinero no lo exime de la ley o justifica recortes en requisitos de seguridad, a la vez que pone en peligro la vida de las personas. Los esfuerzos de Scott Angelle por debilitar la Regla de Control de Pozos y regresar a la época de seguridad de perforaciones a mar abierto previo al desastre de Deepwater Horizon nos enfrenta a otro incidente prevenible que pudiese resultar en otro derrame de petróleo a orillas de cualquier playa local.

LO QUE ESTAMOS HACIENDO FRENTE A LAS PERFORACIONES EN ALTA MAR

Además de esta demanda legal, Earthjustice tiene cinco casos adicionales que impugnan las actuales operaciones de perforaciones que son impulsadas por la administración Trump, así como la expansión ilegal del arrendamiento y exploración de petróleo y gas en alta mar, que incluyen:

• Dos demandas activas que impugnan ventas de arrendamiento y actuales operaciones de perforaciones en el Golfo de México que amenazan la fauna, la seguridad humana y comunidades costeras.
• Una demanda a la orden ejecutiva de Trump que intenta eliminar una prohibición permanente de nuevas perforaciones de petróleo y gas en alta mar en partes de los océanos atlántico y ártico.
• Una demanda en conjunto con aproximadamente una docena de grupos para mantener al Atlántico libre de voladuras sísmicas, una práctica exploratoria de las perforaciones en alta mar que puede perjudicar o matar la fauna marina.
• Una demanda contra la aprobación de la administración Trump al controversial projecto Liberty de la compañía Hilcorp Alaska, el primer desarrollo de perforación de alta mar en aguas árticas federales.

(Este artículo fue originalmente publicado en marzo del 2019 y fue actualizado este mes con la más reciente demanda legal).