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“You have to understand the rural way of life: People sat on their porch and enjoyed the air, and they talked to each other. Now they live across the street or down the road from the landfill and it smells … People no longer let their grandchildren play in the yard without fear. The smell, the pollution and the fear affect all aspects of life—whether we can eat from our gardens, hang our clothes or spend time outside. This isn’t right.”

This is the voice of Esther Calhoun, a resident of Uniontown, Alabama, whose life has been greatly diminished because of coal ash. Ms. Calhoun is in Washington, D.C., this week to testify before the U.S. Commission on Civil Rights about the fact that the U.S. EPA is failing to protect minority and low-income Americans from coal ash pollution.

Coal ash is the toxic waste left over from burning coal in power plants to produce electricity, and it is the second largest source of industrial waste in the nation. In 2014, the EPA finalized a coal ash rule that established the first-ever federal safeguards on coal ash dumping. But the EPA failed to fix major pollution problems in communities like Esther’s because the rule puts the burden of enforcement on citizens, rather than requiring government regulators to take action. To make matters worse, the EPA rule allows the continued operation of dangerous coal ash lagoons—the majority of which are located in low-income and minority neighborhoods. Toxic waste can leak slowly from these unlined lagoons, poisoning underlying drinking water aquifers, and catastrophic failures can occur, endangering lives and property. Consequently, the EPA’s coal ash rule results in an unequal and unjustified threat of harm to poor and minority Americans.

Attention to the unequal harm wrought by coal ash pollution is long overdue. The federal coal ash rule was delayed for decades by the electric utility industry, which demanded an exemption from any reasonable rules governing the disposal of their toxic waste. The industry successfully blocked the rule for more than 30 years, while toxic sludge, dumped into unlined lagoons and landfills, piled up across America, particularly in neighborhoods where residents could least afford it. In the wake of two major disasters—the catastrophic collapse of the TVA dam in 2008 and the Duke Dan River spill in 2014—the EPA was forced to act. But in the end, the EPA’s weak coal ash rule, while affording some needed relief, fails to alleviate the disproportionate harm suffered by America’s most vulnerable communities.

We welcome the U.S. Commission on Civil Rights’ focus on this critical public health issue. However, acknowledging the inequitable risk of harm from coal ash dumping is only the first step. It is our hope that shining a spotlight on this issue—through the testimonies of affected citizens, public health professionals, civil rights experts and environmental advocates—will lead to immediate action by the EPA to ensure that the coal ash rule protects every American community.

Adequate and equitable protection under the coal ash rule will not happen without the EPA’s immediate assistance. Coal ash pollution must not be allowed to create another crisis like the one unfolding in Flint, Michigan, where serious, irreversible and avoidable harm occurs because regulatory agencies fail to act. The U.S. Commission on Civil Rights’ briefing demonstrates that vulnerable communities face significant threats that are not being addressed by the new rule. The EPA has the authority and the technical expertise to address these disparities. For example, the EPA can take some simple but critical steps immediately, such as testing the drinking water near coal ash lagoons in minority and low-income communities, providing technical assistance to these communities to help them enforce the new coal ash rule and facilitating access to potentially life-saving information about coal ash dumps in these neighborhoods.

The EPA is required under executive order to assess the unequal impacts of coal ash pollution and then to address those impacts. However, to date, the EPA has only documented the disparate impacts. For people like Esther Calhoun in Uniontown who must live with the harmful impacts of coal ash day in and day out, the time to act is now.   

For more information on the coal ash problem, see the Earthjustice special feature Coal Ash Contaminates Lives.

Derrame Masivo de Gas Demuestra el Alto Costo de los Combustibles Fósiles

“Hay que entender el modo de vida rural: La gente se sentaba en su portal y disfrutaba del aire, y se hablaban unos a otros. Ahora viven al cruzar la calle o a una cuadra del basurero y huele mal…Ya la gente no puede dejar que sus nietos jueguen en el patio sin sentir miedo. El mal olor, la contaminación y el miedo afectan todos los aspectos de la vida—ya sea el que podamos alimentarnos de nuestros huertos, tender nuestra ropa a secar o pasar tiempo afuera. Esto no está bien.”

Esta es la voz de Esther Calhoun, una residente de Uniontown, Alabama, cuya vida se ha reducido considerablemente debido a la ceniza de carbón. La Sra. Calhoun se encuentra en Washington D.C. esta semana para testificar ante la Comisión de Derechos Humanos de Estados Unidos (U.S. Commission on Civil Rights) acusando a la EPA de no proteger a los Americanos de grupos minoritarios o de bajos recursos de la contaminación por la ceniza de carbón.

La ceniza de carbón es el desecho tóxico que queda luego de quemar petróleo en las plantas de generación de electricidad y la segunda fuente más grande de desechos industriales en la nación. En 2014, la EPA finalizó una norma que estableció las primeras precauciones federales para botar ceniza de carbón. Pero la EPA no falló en arreglar los problemas principales de contaminación en las comunidades como la de Esther porque la norma impone la carga de cumplimiento en los ciudadanos, en lugar de requerir que los reguladores del gobierno tomen acción. Aun peor, la regla permite la operación continua de las peligrosas lagunas de ceniza de carbón—cuya gran mayoría está ubicada en vecindades de grupos minoritarios y de bajos recursos. El desecho tóxico puede salirse lentamente de estas lagunas no revestidas, contaminando así los acuíferos de agua subyacentes, y pueden ocurrir fallos catastróficos, poniendo en peligro vidas y propiedades. Consecuentemente, la norma para ceniza de carbón de la EPA resulta ser una amenaza desigual injustificada para los Americanos pobres y de minorías.

El prestar atención al peligro desigual forjado por la contaminación de ceniza de carbón es necesario desde hace mucho tiempo. La norma federal de ceniza de carbón se demoró décadas debido a la industria eléctrica, que demandó una exención de las reglas razonables que gobiernan el desecho de desperdicios tóxicos. La industria pudo bloquear la regla de manera efectiva durante más de 30 años, mientras que el lodo tóxico, tirado en las lagunas y basureros sin revestir, se amontona por todo Estados Unidos, particularmente en las vecindades donde los residentes menos pueden costearlo. Luego de dos desastres de grandes proporciones—el catastrófico derrumbe de la presa TVA en 2008 y el derrame del Río Duke Dan en 2014—la EPA se vio forzada a tomar acción. Si bien es cierto que la norma sobre cenizas de carbón de la EPA efectivamente ofrece un poco de alivio, al final ha fallado en reducir el daño desproporcionado que sufren las comunidades más vulnerables del país.

Celebramos los reflectores que la Comisión de Derechos Humanos de E.E. U.U.  está poniendo sobre este asunto de salud pública. Sin embargo, el reconocer el riesgo desigual de daños debido a los desechos de ceniza de carbón es sólo el primer paso. Esperemos que llamar atención sobre este asunto—por medio de los testimonios de ciudadanos afectados, profesionales de salud pública, expertos en derechos civiles y defensores del medio ambiente—conlleve a una acción inmediata por parte de la EPA para garantizar que la norma de ceniza de cartón ofrecerá protección a todas la comunidades Americanas.

La protección adecuada y equitativa bajo la norma de ceniza de carbón no ocurrirá sin la asistencia inmediata de la EPA. No se debe permitir que la contaminación por ceniza de carbón cause otra crisis como la que se está desplegando en Flint, Michigan, donde el daño irreversible e inevitable ha ocurrido porque las agencias regulatorias no actúan. La sesión informativa de la Comisión de Derechos Humanos de E.E. U.U. demuestra que las comunidades vulnerables enfrentan amenazas significativas que la nueva norma no ha abordado. La EPA tiene la autoridad y el conocimiento técnico para lidiar con estas discrepancias. Por ejemplo, la EPA puede tomar algunos pasos simples pero críticos inmediatamente, como hacer análisis del agua potable cercana a las lagunas de ceniza de carbón en las comunidades de minorías y bajos recursos, proporcionar asistencia técnica a estas comunidades para ayudarlas a ejecutar la nueva norma, y facilitar el acceso a la información sobre los basureros de ceniza de carbón en estas vecindades que potencialmente puede salvar vidas.

La EPA está obligada bajo orden ejecutiva a evaluar los impactos desiguales de la contaminación por ceniza de carbón y luego, de abordar estos impactos. Sin embargo, hasta la fecha, la EPA solamente ha documentado impactos diferentes. Para las personas como Esther Calhoun en Uniontown quien debe vivir día a día con los impactos dañinos de la ceniza de carbón, el tiempo de actuar es ahora.

Para más información sobre el problema de ceniza de carbón, lea la reseña especial de Earthjustice titulada “La ceniza de carbón contamina vidas.”