La activista comunitaria Linda García sabe lo que es arriesgar su vida para proteger a su comunidad.

Hace varios años, García comenzó a recibir amenazas de muerte casi a diario, después de denunciar el plan de una compañía petrolera para construir el mayor proyecto de crudo por ferrocarril en Norteamérica, justo en su patio trasero de Vancouver, Washington. La terminal de exportación de petróleo fue solo uno de los muchos proyectos de combustibles fósiles que se proponían en todo el Noroeste del Pacífico, amenazando con convertir la región en un centro de combustibles fósiles dominado por depósitos, trenes y tuberías contaminantes.

García comenzó a organizarse con otros miembros de la comunidad, activistas ambientales y líderes sindicales que también se opusieron a la terminal. Les preocupaba la contaminación tóxica del aire de los trenes que llegaban a Fruit Valley. Después de todo, este vecindario racialmente diverso y de bajos ingresos de Vancouver ya sufría la peor calidad del aire en la ciudad. Y aunque necesitaban los trabajos que la terminal prometía traer, también les preocupaba la amenaza de laborar y vivir al lado de una industria de explosivos conocida por sus catastróficos accidentes ferroviarios — además de explosiones.

En 2017, la feroz negativa de García de aceptar esa realidad, junto con litigios de Earthjustice y un activismo comunitario sostenido, valió la pena después de que el Puerto de Vancouver terminara oficialmente el contrato de arrendamiento del proyecto.

García tenía una creencia inquebrantable en su poder para cambiar el curso del tren de carga que venía hacia ella. Pero ella no está sola.

En todo el mundo, las personas que han sufrido daños generados por la industria de combustibles fósiles y sus aliados políticos están pidiendo soluciones climáticas que garanticen la justicia económica, racial y social, especialmente para las personas — incluidos los trabajadores — en la primera línea de la crisis climática. Saben que reducir las emisiones de carbono por sí solo no brindará justicia a los niños que no pueden jugar al aire libre porque tienen asma; a la abuela que teme por su seguridad durante el próximo huracán; o para todas las personas que desean ganar salarios que sustenten a sus familias sin tener que sacrificar su salud y seguridad.

También saben que un movimiento climático que no está centrado en la justicia no es un movimiento en realidad.

Juntos, estos defensores de la justicia climática tienen la experiencia, la autoridad moral, el conocimiento y la visión de encontrar una mejor manera de avanzar. Están inspirando a otros a reclamar su poder y construir un movimiento lo suficientemente grande y amplio como para lograr un cambio sistémico y sin precedentes. De hecho, los principales científicos climáticos del mundo dicen que esta labor es absolutamente necesaria para limitar un calentamiento catastrófico.

El nuevo proyecto de Earthjustice, LIT: Historias a la Vanguardia de la Justicia Climática, busca resaltar sus relatos e inspirar a más agentes de cambio. Porque cuando Sharon Lavigne de St. James Parish en Louisiana o Ruth Santiago del sureste de Puerto Rico se enfrentan a poderosos intereses que agravan nuestras injusticias sociales, podemos atrevernos a imaginar nuevas posibilidades — no solo para alcanzar soluciones climáticas, sino también una justicia duradera.