Abogados en defensa del medio ambiente, trabajadores y grupos de interés público presentaron argumentos a la corte federal de distrito la semana pasada, disputando la irracional orden ejecutiva ‘dos por uno’ del presidente Trump que perjudicará a millones de estadounidenses.

El Juez Randolph D. Moss de la Corte de Distrito en D.C., escuchó los argumentos el 10 de agosto, señalando durante la audiencia que la orden parece crear un “proceso de regulación secreto” que elude la revisión pública cuando las agencias federales crean reglas.

El presidente Trump emitió la orden ejecutiva el 30 de enero, exigiendo a las agencias federales identificar y anular dos reglas en uso por cada regla nueva que se quiera aplicar. La orden también establece que este año el costo total para la industria a causa de nuevas reglamentación debe ser compensado por medio de la eliminación de reglas vigentes.

La orden ha causado un estancamiento en el Congreso, con agencias intentando navegar esta absurda petición de identificar reglas para eliminar del gobierno federal. El resultado es que protecciones vitales para el público están detenidas o a punto de ser eliminadas.

“El único motivo de las agencias para crear estas normas es obtener los beneficios señalados en los estatutos, no para castigar a alguna industria”, dijo Patti Goldman, abogada en el equipo de Earthjustice que ha retado la orden ejecutiva.

Las protecciones que están ahora en riesgo influyen desde las normas de aire limpio y agua potable, hasta las normas de seguridad laboral, autobuses escolares, transporte de productos químicos peligrosos, eficiencia energética, salud pública y derechos civiles.

“Si ganamos, perdemos. Avanzaremos un paso, pero retrocederemos dos”.

La orden ejecutiva ignora los beneficios económicos para Estados Unidos que estas protecciones ofrecen  y se enfoca solamente en sus costos para la industria. El borrador de un informe presentado al Congreso por la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca en 2016 encontró que los beneficios de las reglas vigentes superan con creces sus costos: de $74 mil millones a $110 mil millones en costos en 2014, comparado con $269 mil millones a $872 mil millones en beneficios el mismo año.

La normativa de aire limpio, por ejemplo, beneficia a residentes que viven cerca de plantas eléctricas, reduciendo costos de atención médica relacionados con el asma y pérdida de días laborales. Las normas de seguridad laboral reducen accidentes y salvan vidas, limitando la exposición a toxinas y exigiendo que minas y fábricas trabajen para reducir cualquier riesgo. Las normativas que exigen seguridad vehicular, como cinturones de seguridad y bolsas de aire, han salvado incontables vidas, reducido costos médicos y pérdida de ingresos.

Goldman dijo que la orden ejecutiva imposibilita a las agencias cumplir con su deber en el proceso reglamentación y pone a grupos de defensa en un apuro: “¿Para qué hacemos esto?”, dice Goldman. “Si ganamos, perdemos. Avanzaremos un paso, pero retrocederemos dos”.

Abogados gubernamentales ahora se oponen a los grupos que desafían la irracional orden de Trump.

Earthjustice representa al National Resources Defense Council, Communication Workers of America y a Public Citizen.

La decisión de este caso puede darse en cuestión de semanas.