En las primeras horas del 3 de marzo, 2016, varios hombres armados entraron a una casa en La Esperanza donde se estaba quedando Berta Cáceres, una conocida defensora de los derechos humanos y agrarios de los indígenas, para asesinarla brutalmente. El inspirador liderazgo de Cáceres creó y sustentó uno de los movimientos sociales y ecológicos comunitarios más poderosos del país. Su asesinato, aunque impactante y devastador, no es sorprendente.

En 1993, Cáceres, miembro de la comunidad indígena Lenca de Honduras, cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para defender los derechos de las comunidades indígenas a sus tierras y recursos. En 2003, por petición de miembros de la comunidad de Río Blanca, COPINH comenzó una campaña, encabezada por Cáceres, en contra de la presa hidroeléctrica masiva propuesta para Agua Zarca, en la cuenca fluvial del Río Gualcarque. A través de una destacable campaña doméstica e internacional, COPINH ha logrado detener el proyecto hasta ahora. In 2015, Cáceres recibió el prestigioso premio ecológico Goldman Environmental Prize en reconocimiento por su labor.

Pero esta campaña no se ha dado lugar sin sus peligros. Cáceres, sus compañeros activistas y las comunidades involucradas han recibido incontables amenazas y enfrentado numerosos actos de violencia, represión e intimidación. En un inquietante presagio de su asesinato, el perfil de Cáceres para el premio Goldman 2015 explicaba: “Lo que no han cesado son las amenazas de muerte contra Cáceres. Su asesinato no le sorprendería a sus colegas, quienes guardan una elegía—pero esperan no tener que usarla.”

Desafortunadamente, el asesinato de Cáceres no es un problema aislado en Honduras, ni en el mundo entero. Los defensores ecológicos y agrarios se encuentran entre los grupos de personas más amenazados de la Tierra. Un reporte de 2015 por Global Witness estimó que entre 2002 y 2014, por lo menos 908 activistas agrarios y ecológicos fueron asesinados alrededor del mundo—109 en Honduras solamente. Aun más desconcertante, Global Witness estimó que de estos 908 asesinatos, solo se conocen de 10 de los perpetradores que hayan sido sometidos a juicio, condenados y sancionados. Y como Global Witness reconoce, estas estadísticas casi seguro subestiman la escala del problema. En muchos casos, la información acerca de los asesinatos de los defensores agrarios y ecológicos no está accesible. Ni tampoco estas figuras incluyen las incontables amenazas y otros abusos físicos que confrontan estos activistas. El conductor principal de este nivel de violencia en contra de los defensores ecológicos y agrarios es que ellos usualmente intentan interrumpir el flujo de dinero a poderosos grupos de interés muy bien conectados. Debido a la corrupción sistémica, la policía local y los oficiales gubernamentales a menudo se hacen de la vista gorda hacia actos ilegales, y en muchos casos actúan como perpetradores de la violencia.

Sin embargo, la ley que protege a los defensores ecológicos y agrarios está clara. Los países están obligados bajo la ley internacional de derechos humanos a respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Como explica el Reporte especial sobre  derechos humanos y ecológicos de las Naciones Unidas (United Nations Special Rapporteur on human rights and the environment) las naciones tienen obligación de “proteger la vida, la libertad y la seguridad de los individuos ejerciendo esos derechos.” Además, como dice la Declaración Acerca de la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de 1998 de las Naciones Unidas (United Nations Declaration on the Protection of Human Rights Defenders), las naciones tienen un deber de prevenir las amenazas, los asaltos y el acoso, de investigar y responder a amenazas o actos de violencia y, donde apropiado, a castigar a aquellos responsables y proporcionar un remedio adecuado para las víctimas. La declaración, aunque no tan obligatoria como un tratado, tuvo aprobación unánime por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y refleja normas legales aceptadas extensamente.     

El problema es que los gobiernos están fracasando sistemáticamente en cumplir su obligación de garantizar los derechos humanos de los defensores ecológicos y agrarios. Honduras, en particular, parece estar fracasando estrepitosamente. Global Witness ha concluido que Honduras es, después de Brasil, el segundo país más peligroso del mundo para los defensores ecológicos y agrarios. En el caso de Cáceres, justo el año pasado, la Comisión Inter-Americana por los Derechos Humanos solicitó que el gobierno tomara medidas para garantizar su seguridad. Sin embargo, aunque el gobierno estaba supuesto a proporcionarle protección policiaca a Cáceres, su personal de protección se ausentó misteriosamente la noche de su asesinato.

Hasta que los gobiernos de todo el mundo tomen en serio su obligación de proteger a los defensores agrarios y ecológicos, muchos más actos de intimidación, amenazas y muertes se darán lugar. Pero también nos corresponde llevar adelante el legado de Cáceres y el de un sinnúmero de defensores agrarios y ecológicos que han sido asesinados o que continúan arriesgando sus vidas a diario en su lucha por la justicia. La comunidad internacional debe coordinar sus esfuerzos de mejor forma para crear conciencia sobre la grave situación que enfrentan los defensores agrarios y ecológicos, y para implementar protecciones fuertes y efectivas.

Cómo Cáceres dijo, “Nuestra Madre Tierra—militarizada, entre rejas, envenenada, un lugar donde los derechos básicos se violan sistemáticamente—demanda que tomemos medidas.”

En memoria de Berta Cáceres: 1971-2016