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There may be no more primal instinct in humans than the fear of fire. It is hard-coded in our DNA. But what if an industry used that fear to sell something that not only doesn’t do much to protect people from fire, but is linked to a variety of serious health issues?

For decades, the chemical industry has done just that. Toxic flame retardants found in furniture, children’s products and other common household goods have been linked to cancer, neurological disorders, impaired fertility and developmental problems. But, the chemicals that infuse our furniture and household goods actually turn out to be ineffective at preventing the most common types of fires—those started by smoldering cigarettes. 

How did we get to this point, where furniture and other household goods are laden with chemicals that don’t protect us from fire but are associated with serious long-term illness and injury?

A 2012 Chicago Tribune investigation concluded this situation results from “a decades-long campaign of deception” by two powerful industries trying to protect profits, even at the expense of public health: Big Tobacco and the chemical industry. Tobacco wanted to shift the focus from cigarettes as the cause of fire deaths and the chemical industry wanted to preserve a lucrative market.

In 1975, California passed a flammability standard that required the use of flame retardants in furniture. It was the only such regulation in the nation, but because furniture makers didn’t want to change the manufacturing process just for one state, it became a de facto national standard.

Even after the health impacts of the class of chemicals used in flame retardants became clear, along with their ineffectiveness in stopping real-world fires, the chemical industry lobbied to keep the standard in place. 

The chemicals migrate out of furniture, released into the air every time someone sits on a couch or a baby is laid down on a crib’s mattress. These chemicals are now found in the blood of 97 percent of Americans. That’s unacceptable. 

When I look at this issue, I think of my son, my nieces and nephews, the children in my community and communities across the nation who we must protect. Studies have shown communities of color bear a higher burden of these chemicals than any other population; with black and Latino children most exposed. 

Not only that, but when household products containing these chemicals do catch on fire, they produce more smoke, soot, toxic gases and other carcinogens than untreated items. This puts firefighters and other first responders at greater risk.

In response to public outcry from the Tribune investigation, California revised its flammability standard in 2013 so that compliance no longer required the use of toxic chemicals. The following year, the Sacramento Superior Court upheld that new standard, after it was challenged by a major flame retardant corporation.

Earthjustice, a non-for-profit environmental law firm, defended the standard, representing the California Professional Firefighters, Center for Environmental Health, Friends of the Earth, Natural Resources Defense Council and Physicians for Social Responsibility.

But the new California standard isn’t enough to protect the public. While chemical flame retardants are no longer needed to meet a flammability standard, nothing currently prohibits use of these toxic chemicals in consumer products, despite the links to serious health problems.

The chemical industry response to requests for safer products has been shameful. Each time evidence has suggested a particular flame retardant chemical causes health issues, the industry has phased out that particular chemical, but replaced with it with a structurally similar chemical that eventually also turns out to be harmful.

The best solution would be to ban the entire class of toxic chemicals, known as organohalogens.

The Consumer Product Safety Commission has the authority to ban dangerous products under the Federal Hazardous Substances Act. A broad coalition of health, firefighter, consumer and science groups filed a petition for rulemaking in March with the commission to ban the sale of four categories of consumer products—children’s products, furniture, mattresses and electronics casings—if they contain this dangerous class of chemicals.

The commission held a public hearing on Dec. 9 and your voice can still be heard during the public comment period ending January 19, 2016. Take action to ban household products containing toxic flame retardants, now.

This blog was first published by The Hill on December 10, 2015.

Puede que no exista instinto más básico entre los seres humanos como el miedo al fuego. Está codificado en nuestro ADN. ¿Pero qué sucedería si una industria usara ese miedo para vendernos algo sin hacer nada para protegernos del fuego, y aparte  también está vinculado a una variedad de serios problemas de salud?

Por décadas, la industria química ha hecho eso precisamente. Los pirorretardantes tóxicos que se encuentran en los muebles, los productos infantiles y otros artículos de uso doméstico común  han sido vinculados al cáncer, las enfermedades neurológicas, al deterioro de la fertilidad y a problemas de desarrollo. Sin embargo, estos químicos que saturan nuestros muebles y artículos domésticos, en realidad terminan siendo poco efectivos en prevenir los incendios más comunes – los provocados por dejar cigarros encendidos. 

¿Cómo llegamos a este punto, en que los muebles y otros artículos domésticos están cargados de químicos que no nos protegen de los incendios, pero están asociados con enfermedades y daños a largo plazo?

Una investigación del Chicago Tribune del año 2012 concluyó que esta situación es el resultado de “una campaña de decepción que ha durado décadas” por parte de dos industrias que han tratado de proteger sus ganancias, aun a expensas de la salud pública: las grandes tabacaleras y la industria química. La industria tabacalera quería desviar la atención que había sobre el cigarro como causa de muertes por incendio y la industria química que quería preservar un mercado lucrativo.

En 1975, California pasó un estándar de flamabilidad que exigía el uso de pirorretardantes en los muebles. Fue la única regulación de su tipo en toda la nación, pero debido a que los fabricantes de muebles no quisieron hacer un cambio al proceso de manufactura por un solo estado, se convirtió en el estándar de facto nacional.

Aun después de que se dio a conocer el impacto a la salud causado por el tipo de químicos utilizados en los pirorretardantes, al igual que su inefectividad para evitar incendios en situaciones reales, la industria química hizo presión para mantener el estándar vigente.

Cada vez que alguien se sienta en un sillón o acuesta a un bebé en el colchón de su cuna, los químicos escapan de los muebles y se esparcen por el aire. Estos químicos ya se han detectado en la sangre del 97 por ciento de los estadounidenses. Eso es inaceptable.

Cuando examino este asunto, pienso en mi hijo, en mis sobrinos, en los niños de mi comunidad y las comunidades a lo largo de la nación, a quienes debemos proteger. Algunos estudios han demostrado que en las comunidades de color se encuentran mayores cantidades de estos químicos que en ninguna otra población; conllevando a que los niños afroamericanos y latinos sean los más expuestos.

No sólo eso, sino que cuando los artículos domésticos que contienen estos químicos si se incendian producen más humo, hollín, gases tóxicos y otros carcinógenos que los que no los contienen. Esto expone a los bomberos y a otros trabajadores de servicios de emergencia a mayor riesgo.

En respuesta a la protesta pública causada por la investigación del Tribune, California revisó su estándar de flamabilidad en el 2013 para que su cumplimiento dejara de requerir el uso de químicos tóxicos. El año siguiente, la Corte Superior de Sacramento apoyó el nuevo estándar, luego de ser disputado por una gran corporación de pirorretardantes.

Earthjustice, un bufete de abogados sin fines lucrativos, defendió el estándar representando a los Bomberos Profesionales de California (California Professional Firefighters), el Centro para Salud Ambiental (Center for Environmental Health), Amigos de la Tierra (Friends of the Earth), el Consejo de Defensa de Recursos Naturales (Natural Resources Defense Council) y a Doctores por la Responsabilidad Social (Physicians for Social Responsibility).

Pero el nuevo estándar de California no es suficiente para proteger al público. Mientras los pirorretardantes ya no son necesarios para cumplir con el estándar, actualmente nada prohíbe el uso de químicos tóxicos en los productos de consumo, a pesar de estar vinculados a serios problemas de salud.

La respuesta de la industria química a la solicitud de manufacturar productos más sanos es vergonzosa. Cada vez que la evidencia científica indica que un pirorretardante particular causa problemas de salud, la industria ha eliminado ese químico, pero lo ha reemplazado con otro estructuralmente similar, que eventualmente también termina siendo dañino.

La mejor solución sería prohibir la clase completa de químicos tóxicos conocidos como organohalógenos.

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (Consumer Product Safety Commission) tiene la autoridad para prohibir productos peligrosos bajo la Ley Federal de Sustancias Peligrosas (Federal Hazardous Substances Act). Una amplia coalición de grupos de bomberos, de salud, de consumidores y de científicos en marzo presentaron ante la comisión una petición para reglamentarlos (http://ejus.tc/1Oqxccs) y así prohibir la venta de cuatro categorías de productos de consumo—productos infantiles, muebles, colchones y cubiertas para electrónicos—que contengan esta clase de químicos peligrosos.

La comisión llevará a cabo una audiencia pública el 9 de diciembre y su voz aún puede ser escuchada. ¡Tome acción ya para prohibir los productos domésticos que contengan pirorretardantes!