Esta semana la corte del distrito federal de Alaska dictó una orden que finalizó una larga batalla legal presentada por Earthjustice contra los contratos de perforación de petróleo y gas de la costa del mar Chukchi. Por encargo de todas las partes de la litigación, la corte rechazó el caso respecto al Contrato con Opción a Venta 193 del Departamento del Interior al reconocer que ha habido un cambio dramático de circunstancias. Las empresas petroleras abandonaron todos menos uno de los 487 contratos de venta presentes. El único contrato que aún permanece vigente pertenece a Shell, en el área donde perforó infructuosamente en 2015. Shell ha aclarado que no tiene planes de explorar el Océano Ártico en el futuro previsible. Como resultado, todas las partes acordaron que no había necesidad de resolver la impugnación legal pendiente para el contrato de venta.

Tras ocho años de exitosos desafíos legales, ya desapareció la amenaza que representaba este contrato de venta. Al lograr que las empresas petroleras abandonaran esta parte del Océano Ártico, ahora es el momento de tomar acción para garantizar que esta amenaza nunca regrese. El Océano Ártico es el último lugar donde debemos llevar a cabo la búsqueda de petróleo. Un gran derrame de petróleo en el Chukchi—lo que el gobierno considera probable si hubiera más exploración para encontrar combustibles fósiles—no podría limpiarse, ni contenerse de manera eficaz y devastaría la fauna silvestre de la región, al igual que a las comunidades de Alaska. El intentar bloquear combustibles fósiles en sitios como el Océano Ártico, donde aunque existiera el petróleo, no llegaría al mercado por décadas, nos lleva exactamente en la dirección equivocada en la lucha contra el cambio climático.

El contrato de venta se ejecutó originalmente en el 2008, cuando las empresas petroleras Shell y ConocoPhillips pagaron más de 2.5 mil millones de dólares para la explotación petrolera de millones de acres en el mar Chukchi. Earthjustice representó a un grupo de conservación y a organizaciones indígenas de Alaska para legalmente desafiar el contrato de venta basándose en que el gobierno no evaluó totalmente los efectos medio ambientales de abrir el mar Chukchi a la explotación de petróleo. Durante el curso de los ocho años siguientes, las cortes encontraron que en dos ocasiones el Departamento del Interior no calculó legalmente los impactos, detuvo la explotación y envió la decisión del contrato de venta de vuelta a la agencia para su reconsideración. Este fin a la litigación llega en lo que la corte considera un tercer desafío al análisis medio ambiental del gobierno.