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El huracán María devastó a Puerto Rico en cuestión de horas, pero para muchos el mayor desastre han sido las consecuencias de la tormenta. A meses del huracán han muerto casi 3 mil personas y la isla entera se ha quedado sin energía eléctrica, convirtiéndose en el apagón más largo en la historia de Estados Unidos.

Ruth Santiago, abogada de interés público en el sureste de Puerto Rico, describe cómo las actividades más simples se volvieron imposibles.

“Mi madre tenía 86 años en ese momento y es diabética”, comenta Santiago. “Realmente estaba preocupada por el medicamento y por mantener su insulina a la temperatura adecuada. Usábamos una batería de automóvil con un inversor para alimentar un pequeño refrigerador que ni siquiera funcionaba bien”.

Para cocinar, Santiago y sus vecinos compartían una sola estufa con dos quemadores de gas.  Pero los generadores portátiles generaban gases nocivos que hicieron que muchas personas fueran al hospital y hacían tanto ruido que era imposible dormir. Los bancos no podían darle dinero en efectivo a quien lo necesitara, ni siquiera para comprar alimentos, pues las tiendas solo aceptaban efectivo.

“El huracán María mostró las fallas de todo el sistema eléctrico”, dice Laura Arroyo, abogada de Earthjustice, nacida y criada en Puerto Rico. “Todos necesitamos energía eléctrica para vivir. Mucha gente ha muerto, pero la mayoría no ha sido directamente por el huracán, sino por el apagón que no acaba”.

Casi dos años después, los puertorriqueños continúan recogiendo trozos de sus vidas. Mientras la isla se reconstruye lentamente, sus residentes exigen al gobierno local tomar decisiones inteligentes para el futuro de la isla, especialmente en relación a su sistema eléctrico.

En teoría, tanto el gobierno como la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA, por sus siglas en inglés), la empresa de servicios públicos propiedad del estado, parecen estar respondiendo.

En abril, el gobernador Ricardo Rosselló firmó una ley que obliga a la isla a utilizar fuentes de energía renovables con el fin de generar el 100% de su electricidad para 2050, con una eliminación gradual en el uso de carbón para 2028. Con esta ley, Puerto Rico se une a la creciente lista de estados y ciudades de los Estados Unidos que están dando el salto al 100% de energía limpia (página 19).

Actualmente, la red eléctrica de la isla depende casi exclusivamente de la importación de petróleo, carbón y metano. Pero el plan del gobierno para emplear energía limpia incluye aumentar 40% las importaciones de metano de los Estados Unidos como puente hacia energías renovables.

Este aumento en metano es innecesario, dice Santiago, quien trabaja con grupos comunitarios y ambientales como El Puente y Latino Climate Action Network. En el tercer trimestre del año pasado, tanto ella como otros expertos locales presentaron a la PREPA un plan que utilizaba energía solar, eólica y de oleaje con esfuerzos de eficiencia energética y programas basados en la demanda y sistemas de almacenamiento de baterías. Con esa combinación, Puerto Rico no solo podría cumplir con las obligaciones descritas en su ley de energía limpia, sino que también podría reconstruir su red eléctrica y garantizar una mayor resistencia de la isla ante futuros huracanes.

Para ello, los abogados de Earthjustice representan a estos ciudadanos al tiempo que presionan a que el gobierno actúe significativamente.

“Sabemos a ciencia cierta que podemos crear energía renovable a gran escala, sin invertir más en metano ni en cualquier otro combustible fósil. Y el autoabastecimiento personal, como paneles solares en techos, es la alternativa con menor costo”, dice Santiago. “Pero el gobierno quiere construir tres plantas de metano líquido mar adentro y otra más en tierra, además de una gran cantidad de turbinas de ciclo combinado de gas. Quieren hacer de Puerto Rico el centro de gas metano para el Caribe”.

El actual sistema eléctrico de Puerto Rico consiste, principalmente, en una red de grandes centrales eléctricas concentradas en el extremo sur de la isla—menos poblado y con menor desarrollo económico. La energía luego se envía hacia el norte, al área metropolitana de San Juan, donde se concentra el 70% de la población y una grande demanda de electricidad.

La energía es transportada en pesadas líneas de transmisión por la región montañosa y a través de densos bosques tropicales. Pero la infraestructura es vieja y falla a menudo. Según un informe de 2016, los puertorriqueños ya sufrían de cuatro a cinco veces más apagones eléctricos que el promedio de los clientes en los Estados Unidos —esto es, antes de que el huracán María azotara a la isla.

La dependencia del actual sistema en la importación de combustibles fósiles es muy costosa para los puertorriqueños, quienes pagan el doble del precio que el resto de residentes de los Estados Unidos por la misma cantidad de energía eléctrica. La PREPA ha pronosticado que los puertorriqueños pagarán $1,200 millones de dólares, solo este año, por carbón, petróleo y metano —Los cuales podrían continuar aumentando si son obligados a pagar gran parte de la deuda de la empresa eléctrica declarada en quiebra, tal como se propuso en el último acuerdo de reestructuración.

“Todos en la isla saben que el sistema actual no puede resistir a la naturaleza ni es asequible”, dice Raghu Murthy, abogado de Earthjustice. “La PREPA debe acabar con su adicción de importar combustibles fósiles. Los proyectos de nuestros clientes demuestran que una red de energía renovable distribuida por la isla puede satisfacer las necesidades energéticas de la isla”.

La actual dependencia de combustibles fósiles importados también ha generado graves impactos en el medio ambiente y la salud pública de Puerto Rico.

Por ejemplo, la única central eléctrica de carbón produce 400 mil toneladas de cenizas tóxicas de carbón al año. Y a pesar de una legislación de 2017 que prohíbe se almacenen cenizas de carbón en la isla, éstas están siendo enterradas en sitios donde pueden filtrarse hasta las aguas subterráneas. La enorme compañía de energía que posee la planta de carbón, AES, con sede en Virginia, había estado vendiendo las cenizas de carbón a costo nominal como material de relleno en la construcción. Actualmente se estima que hay 2 millones de toneladas de cenizas de carbón enterradas en patios del sur de Puerto Rico, muy cerca del Acuífero de la Costa Sur, única fuente de agua potable para decenas de miles de personas.

“La gente de Puerto Rico no se merece un sistema que dependa de combustibles fósiles”, dice Santiago, quien vive cerca de la planta de carbón y ha luchado contra los residuos de cenizas de carbón y las emisiones tóxicas al aire y al agua subterránea durante años.

Por décadas, residentes de Puerto Rico han presionado al gobierno y a la PREPA para cambiar hacia un consumo de energía limpia y enfrentar los graves problemas ambientales y económicos del sistema actual. De hecho, antes de que se aprobara la ley vigente ya existía un mandato para que la isla generara el 12% de su energía a partir de fuentes renovables para diciembre de 2015. Para 2017, solo alcanzaban el dos por ciento.

“Consumir metano no nos ayudará a alcanzar el nuevo objetivo, ni siquiera el que ya existe”, dice Santiago.

El año pasado, una coalición de organizaciones de base y ambientales lanzó la propuesta “Queremos Sol” (We Want Sun), la cual abre el camino hacia un futuro verdaderamente sostenible.

El plan describe instrucciones técnicas y necesarias para lograr una red 100% de energía limpia para 2050, con énfasis en los techos solares y un sistema descentralizado alejado de las líneas de transmisión que se desploman con los huracanes. También propone una manera de financiar la transición sin privatizar la PREPA, la cual anunció recientemente un segundo plan para reestructurar su deuda.

La energía solar abunda en Puerto Rico. Un estudio realizado en 2009 por la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez afirma que, con infraestructura adecuada, la isla podría satisfacer sus necesidades anuales con energías renovables. Según una estimación, depender de energía limpia sería mucho menos costoso que el sistema de hoy: $300 millones al año abastecerían al 75 por ciento de las viviendas de Puerto Rico.

Tan pronto como la PREPA publique el próximo borrador de su plan a 20 años, Earthjustice y sus abogados representarán a grupos como El Puente, Latino Climate Action Network, Comité Diálogo Ambiental y Cambio PR en su lucha por incluir energías limpias en el plan a 20 años y rechazar a las energías contaminantes

“Las comunidades de base lograron que el gobierno se comprometiera en un 100%”, dice Murthy. “Ahora vamos a hacerles rendir cuentas”.

Earthjustice continuará trabajando con activistas locales para evitar la propuesta actual del gobierno, la cual pretende usar metano como “puente” para las energías limpias. Según Santiago, Earthjustice será fundamental para ayudar a defender legalmente el caso y difundir por toda la isla —y  en los estados continentales— porqué es importante reconstruir el sistema eléctrico de una manera que permita a la isla prosperar económicamente mientras preserva su entorno rico y abundante.

“Después del huracán, mucha gente en Puerto Rico está muy agotada y muy abrumada por tantos problemas”, comenta Arroyo. “Ahora Earthjustice es realmente importante. Vamos a luchar junto con las organizaciones de base contra la propuesta del gobierno para usar gas metano y lucharemos por utilizar directamente energía solar”.