Líderes Ambientales De Michigan Luchan Por Mejorar La Calidad Del Aire En Su Comunidad

El Departamento de Justicia se opone a un acuerdo para proporcionar millones de dólares en beneficios de salud pública a las comunidades locales.

La fábrica River Rouge de la compañía automotriz Ford en Michigan, como se ve en esta imagen tomada en 2008, es una de las muchas instalaciones industriales que rodean la ciudad de River Rouge.
La fábrica River Rouge de la compañía automotriz Ford en Michigan, como se ve en esta imagen tomada en 2008, es una de las muchas instalaciones industriales que rodean la ciudad de River Rouge. (Christian Burkert / Redux)

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River Rouge, una ciudad vecina de Detroit, Michigan, fue una otrora localidad llena de esperanza que atrajo a los padres de Vicki Dobbins y otras familias afroamericanas del sur estadounidense más recóndito a sus fábricas en la década de los cuarenta.

“Te apuesto que de 50 o 60 hogares no puedo encontrar cinco hombres saludables”, dice. “Hubo un tiempo en que había un hombre en cada hogar”.

Ahora, ella pregunta: “¿Dónde están los hombres? ¿dónde están los niños?”

Cuando el padre de Dobbins llegó a esa ciudad, cuya mayoría pertenecía a la clase trabajadora, logró conseguir un trabajo en la fábrica de automóviles Ford y más adelante compró una casa.

“Era una nueva comunidad”, dice Dobbins. “Era la comunidad afroamericana por excelencia. Nadie hablaba de la contaminación”.

Pero la llegada de plantas siderúrgicas, fábricas de automóviles, plantas de energía y una refinería han pasado factura. Los contaminantes tóxicos vinculados al cáncer, las enfermedades pulmonares y otras condiciones crónicas han arrasado con la vitalidad de esta comunidad.

“Nunca había visto a tantos jóvenes fallecer con cáncer en los huesos, hígado y pulmón”, dice Dobbins. “Personas de 20, 30 y 40 años. Usted pensaría: ¿Cómo puede ser esto posible? Esta persona nunca bebía, fumaba y hacía ejercicio todo el tiempo”.

Dobbins y otros residentes libran una batalla para responsabilizar a los contaminadores industriales por estos daños a la salud. Recientemente, obtuvieron una gran victoria: como parte de un acuerdo de solución, una compañía de servicios públicos local llamada DTE Energy acordó invertir millones de dólares en escuelas eléctricas y autobuses de tránsito, y otras iniciativas de salud ambiental basadas en la comunidad, junto con el compromiso de retirar sus tres plantas de carbón más contaminantes. La comunidad finalmente podía comenzar a ver que se haga justicia, hasta que el Departamento de Justicia de la administración Trump se interpuso en el camino.

River Rouge ha experimentado el tipo de declive económico de otras ciudades industriales alrededor del país: pérdidas de empleos, sindicatos más débiles y un éxodo de jóvenes que crecen allí y nunca regresan. El ingreso per cápita en River Rouge, según los datos del censo de 2018, fue de aproximadamente $15.250.

La vitalidad económica de River Rouge se ha debilitado. “Ahora, no hay tiendas de abarrotes o bancos”, dice Dobbins. “Y no hay un hospital”.

Para Dobbins, un estudio ambiental que catalogó a River Rogue como una de las áreas más contaminadas en Michigan fue un llamado de alerta. La investigación también reveló que las personas en su comunidad morían a tasas más altas que en otros lugares. Hace siete años, Dobbins se unió al capítulo de Michigan del Sierra Club con la esperanza de marcar la diferencia.

Una vez allí, se ofreció como voluntaria junto a Deitra Covington, quien se había unido después de asistir a una “gira tóxica” dirigida por Rhonda Anderson, gerente de organización regional del Sierra Club en ese estado. Covington se sorprendió al descubrir que su ciudad natal era parte de la gira.

Covington, de 48 años, era una administradora escolar nacida y criada en River Rouge. “Me sorprendió mucho haber estado viviendo en esta situación”, dice. “Sabíamos que las plantas [industriales] existían porque nuestros padres trabajaban allí, pero no por el hecho de que era nocivo para nuestra salud”.

Covington había visto a muchos menores sufriendo de asma y faltando a clases como resultado de este problema. “Algunos tuvieron calificaciones bajas debido al absentismo. Lo vi constantemente”, recuerda.

Después de participar en la gira tóxica, Covington comenzó a organizar eventos para educar a la comunidad. También se hizo activa con el Sierra Club, convirtiéndose en la primera integrante afroamericana del equipo de liderazgo ejecutivo del capítulo de Michigan.

El River Rouge en el que Covington creció fue, y sigue siendo, una localidad donde la mayoría de los negros y blancos vivieron — y todavía viven — en comunidades separadas.

“El racismo existió y existe en River Rouge”, dice Covington. “Teníamos un lado negro y un lado blanco. Decíamos que se vivía en el lado negro o en el lado blanco”. Ahora, dice ella, algunas personas afroamericanas se han mudado a la sección blanca del Río Rouge, pero ninguna persona de raza blanca se ha mudado al lado afroamericano. El porcentaje de residentes blancos ha disminuido en general.

Covington es consciente de los efectos dispares de la contaminación en las comunidades negras y de otras comunidades de color. Pero en River Rouge, dice que la contaminación afecta a todos. “No hay muro que impida la contaminación de algunas comunidades”, dice.

En la primavera pasada, Dobbins tuvo su primer quebranto de salud que pudo haber estado relacionado con la contaminación industrial. Sobrevivió a una lucha con el COVID-19, incluyendo un par de semanas en cuidados intensivos. Ella se pregunta si el aire tóxico la hizo más susceptible a la pandemia, como lo sugieren estudios recientes.

Desde que recibió el alta médica, Dobbins continúa luchando por el aire limpio en su comunidad. Recientemente, Dobbins y Covington han sido parte de negociaciones legales que prometen un futuro más saludable para el área donde se ubican tres localidades: River Rouge, Ecorse y el código postal 48217 en el suroeste de Detroit.

En mayo, Sierra Club, representado por Earthjustice, llegó a un acuerdo legal con DTE Energy, a través del cual la empresa se comprometió a cerrar tres plantas de carbón altamente contaminantes. También acordó financiar proyectos de mejora de la calidad del aire en River Rouge y comunidades aledañas, incluidos $2 millones para proyectos ambientales comunitarios y $5,5 millones para autobuses eléctricos.

DTE Energy ofreció estas sumas de dinero para resolver un caso que el gobierno federal abrió en 2010 y que el Sierra Club, bajo representación de Earthjustice, se unió. El caso argumentaba que la compañía violó la ley ambiental federal al no instalar controles modernos de contaminación en sus plantas de carbón, exponiendo innecesariamente a los residentes cercanos a altos niveles de productos químicos tóxicos como el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno. Estos contaminantes pueden provocar una muerte prematura, empeoramiento del asma y enfermedades del corazón, así como otras condiciones respiratorias.

La administración Trump llegó a un acuerdo con DTE Energy y que Sierra Club ha firmado. El acuerdo por separado entre Sierra Club y DTE proporcionaría mejoras adicionales en la calidad del aire. Pero ahora el Departamento de Justicia de la actual administración se opone al acuerdo de la compañía con el grupo ambiental, por lo que establecería un precedente que pondría en peligro la capacidad de las comunidades altamente contaminadas de obtener una reparación significativa en casos futuros.

El abogado de Earthjustice, Shannon Fisk, cree que los esfuerzos de la administración Trump consisten en debilitar el poder de las comunidades y los individuos para defenderse por sí mismos en los tribunales de justicia.

“La administración Trump y el fiscal general William Barr tratan de socavar la capacidad del público y las comunidades para buscar proyectos que mejoren la calidad del aire y la salud pública después de las violaciones de las leyes ambientales federales”, dice Fisk. “Esta es una bofetada a los residentes que buscan beneficios muy modestos en una comunidad que ha tenido que soportar una contaminación excesiva durante décadas”.

Tanto Covington como Dobbins se declaran perturbadas por las acciones del Departamento de Justicia. “Siento que es totalmente espantoso”, dice Covington, pero acota que no le sorprende.

A Dobbins le parece frustrante que el Departamento de Justicia quiera determinar lo que es mejor para los residentes de River Rogue sin considerar sus puntos de vista.

“¿Cómo nos va a decir lo que mantiene seguros a nuestros hijos?” pregunta Dobbins. “¿Por qué parar [la implementación de] los autobuses eléctricos, algo que va a salvar a la gente?”

Dobbins y Covington planean continuar la lucha por su comunidad, independientemente del resultado.

Dobbins se siente alentada por la resistencia y valentía que ve en los líderes comunitarios emergentes en River Rouge. “Tenemos un nuevo grupo de luchadores”, subraya. “No vamos a dar marcha atrás. No nos vamos a ir. ¡Tienen que escucharnos!”

Based in Washington, D.C., Keith is the National Communications Strategist for Partnerships and Intersectional Justice.

Earthjustice’s Clean Energy Program uses the power of the law and the strength of partnership to accelerate the transition to 100% clean energy.