El 6 de enero esperábamos un show político, con el vicepresidente Mike Pence certificando los resultados de las elecciones de noviembre por encima de las objeciones infundadas de los legisladores que continúan fomentando peligrosas falsedades sobre su legitimidad; falsedades que hasta la fecha han sido rechazadas por los tribunales en más de 62 juicios. En cambio, la nación fue testigo de un ataque sin precedentes a nuestra democracia — impulsado por Donald Trump — cuando una turba mayoritariamente blanca irrumpió y saqueó el Capitolio, aterrorizando a los miembros del Congreso.

El fracaso de las fuerzas del orden para prevenir estos actos terroristas, y mucho menos arrestar a los criminales, es inexplicable. En algunos casos, parece que la policía alentó a la turba. La ausencia de un plan estricto para asegurar el edificio del Capitolio es imperdonable. Permitir que la horda simplemente se disperse sin consecuencias, y dejar que los participantes se alejen libremente como si no hubieran hecho nada malo, envía un equivocado mensaje de que un futuro ataque terrorista es bienvenido.

Cuando comparo esta respuesta con la que se vio durante las protestas de Black Lives Matter — con los asesinatos policiales que dan lugar a esas manifestaciones — y con la que recibieron los manifestantes que se solidarizaron con la tribu Standing Rock Sioux, a la que hemos tenido el gran privilegio de representar, me produce indignación como a millones de otros estadounidenses. La lógica que deja a las fuerzas del orden público completamente desprevenidas, incluso conciliadoras frente a la insurrección, es aquella de la supremacía blanca, la cual montó una violenta oposición militarizada a las protestas de la Primera Enmienda lideradas por personas de color. Es el cáncer maligno nacional que nunca hemos curado y nos está matando, literal y figurativamente. Es vital que nuestros líderes, incluido el presidente electo Joe Biden, denuncien el racismo en el corazón del trumpismo y entre sus facilitadores.

Evidentemente, Donald Trump tiene una responsabilidad particular por estas acciones. Ha utilizado su plataforma singular para difundir desinformación y teorías de conspiración basadas en el odio. Ha utilizado su poder singular para presionar a los funcionarios electorales en la “búsqueda de votos” y ha desplegado al Departamento de Justicia para conseguir su propio interés en menoscabar nuestra democracia. Incitar a una turba a participar en terrorismo doméstico despeja la duda de que debe ser destituido de inmediato y descalificado permanentemente para volver a ocupar el cargo.

También se debe responsabilizar a todos los que ayudaron, incitaron y participaron en la insurrección del 6 de enero. El FBI y el Departamento de Justicia necesitan tomar medidas rápidas y agresivas para garantizar que se haga justicia y disuadir futuros ataques que podrían tener consecuencias aún más mortales.

En términos más generales, para la administración entrante, es perentorio ver un sentido genuino de urgencia y compromiso con la justicia racial y el fin de la supremacía blanca. Las instituciones, incluida Earthjustice, deben demostrar esa misma promesa. A pesar de lo disruptiva que ha sido la semana del 4 de enero, es un reflejo de distintas partes de este país que mucha gente intenta no ver.

Mientras esperamos con enorme alivio la transferencia del poder a una nueva administración, llevaré conmigo la experiencia imborrable del 6 de enero como muchos de nosotros y nosotras. Depende de todos nosotros responsabilizar a nuestros líderes de reparar y fortalecer nuestra democracia y las instituciones cívicas que la hacen funcionar, de defender la constitución y el estado de derecho, y de hacer el trabajo imperativo e inconcluso para lograr los ideales aspiracionales de justicia que vivifican el concepto de lo que debe ser Estados Unidos, pero no su realidad.