A comienzos del otoño pasado, cuando el presidente Joe Biden visitó Ponce, Puerto Rico, para evaluar los daños causados por el huracán Fiona, nos dijo a un pequeño grupo nuestro que él creció cerca de un gran contaminador en Scranton, Pensilvania, donde la contaminación tóxica se vertía en sobrecargadas comunidades aledañas.

La historia personal que Biden reveló en la sesión informativa me dio alguna esperanza de que pudiera comprender la profundidad de los desafíos ambientales en los que me concentro diariamente en Puerto Rico y desde donde sirvo como parte del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca.

Durante mis años de infancia, viví no muy lejos de Scranton, más exactamente en Bethlehem, Pensilvania, donde vi a trabajadores manuales que manipulaban varillas de acero al rojo vivo. Años más tarde, comencé a enterarme de que trabajadores como estos y las comunidades cercanas a ellos estaban expuestos a una contaminación peligrosa.
Las familias puertorriqueñas como la mía se encontraban entre una ola de personas obligadas a salir del archipiélago a pueblos y ciudades en los 50 estados por políticas económicas que nos dejaron desesperadamente necesitados de salarios dignos.

En la actualidad, vivo en Salinas, Puerto Rico, cerca de una comunidad cuya mayoría son puertorriqueños de ascendencia africana y que está expuesta a sustancias tóxicas mortales de contaminantes como la planta de energía a carbón de AES. Vivimos cerca de centrales eléctricas obsoletas e ineficientes que queman combustible residual y gas metano para suministrar electricidad al archipiélago.

Parte de mi papel en el consejo asesor de justicia ambiental es influir en el gobierno federal para que se centre en los desafíos de la injusticia ambiental y encuentre soluciones, particularmente en Puerto Rico.

El mensaje que le entregué al presidente subrayaba que Puerto Rico no tiene que vivir con el nivel de vulnerabilidad climática que tiene actualmente. Biden puede tomar medidas para marcar una gran diferencia.

Fiona, un huracán de categoría 1 que azotó el extremo suroeste de Puerto Rico, cerró toda la red eléctrica centralizada, dejando a millones sin luz después de que se dañaran las líneas de transmisión. Cada vez que hay cortes de energía severos, se pierden vidas porque fallan los dispositivos médicos necesarios. Además, ocurren accidentes mortales con generadores diésel y velas.
Mientras tanto, miles de millones de fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que no se han invertido aún para la reparación de la red eléctrica podrían poner fin a estas crisis energéticas relacionadas con el clima. Esto podría realizarse si Biden asegura que el dinero se invierta en sistemas de almacenamiento de baterías y energía solar en los techos para todos los residentes de Puerto Rico, comenzando con los más vulnerables.

De hecho, múltiples estudios de investigación han concluido que los sistemas de energía solar y de baterías en los techos son la mejor manera de lograr la resiliencia climática en Puerto Rico. Un lado positivo de los huracanes Fiona e Ian son las pruebas en tiempo real de que las comunidades alimentadas por energía renovable distribuida, como energía solar en los techos, sistemas de almacenamiento de baterías y microrredes, no solo mantuvieron sus luces encendidas sino también conservaron energía para otros servicios que ayudan a la preservación de la vida, como agua, saneamiento e instalaciones médicas.

Las casas con energía solar y almacenamiento de batería en techos y azoteas alrededor de Puerto Rico, incluida la mía, conservaron energía durante y después de la tormenta. Los sistemas solares en los techos son resilientes al clima no solo porque proporcionan energía 100 % limpia, sino porque a su vez no dependen de líneas de transmisión vulnerables que sucumben ante cada tormenta.

La administración Biden posee los instrumentos necesarios para una transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico. Después del huracán María, FEMA asignó fondos más que suficientes para alcanzar una red de seguridad de energía renovable distribuida en Puerto Rico, tal como lo propusieron grupos de la sociedad civil como la Coalición Queremos Sol. La cantidad histórica de fondos ya asignados para el sistema eléctrico se ha desaprovechado en gran medida.

Ahora, Biden le ha otorgado autoridad a la Secretaria de Energía, Jennifer Granholm, para centralizar los recursos federales con el fin de reparar la red a la vez que impulsa un plan para la transformación de energía limpia. Granholm debería asegurarse de que los fondos federales solo se utilicen para un plan resistente al clima que incluya una transición a sistemas de almacenamiento de batería y energía solar en los techos.

Biden ha declarado que está comprometido con la justicia climática y ambiental. ¿Qué mejor manera de promover su agenda, a raíz del huracán Fiona, que usar su poder para fomentar una transición a la energía renovable distribuida en Puerto Rico?