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10/06/2021

En Audiencia Ante Congreso, Puertorriqueños Exigen Energía Solar Y Responsabilidad Por Mala Administración De Energía en La Isla

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes escuchó testimonios sobre las fallas de LUMA y un sistema eléctrico privatizado

Contacto de Prensa

Robert Valencia, rvalencia@earthjustice.org

Washington, D.C.

Representantes de una amplia coalición de grupos comunitarios y laborales en Puerto Rico testificaron hoy ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara para compartir sus preocupaciones sobre LUMA Energy, la compañía que ha privatizado la mayor parte de la empresa de servicios públicos de Puerto Rico, PREPA. Instaron al Comité a investigar la operación de la empresa en la isla, así como su aseveración de que debe controlar los fondos federales para el trabajo del sistema eléctrico en Puerto Rico.

A partir de junio, LUMA se hizo cargo de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico en una sociedad público-privada con PREPA. Desde que LUMA asumió el control absoluto — excepto la operación de las plantas de generación — los residentes de la isla han experimentado cortes de luz constantes, fluctuaciones destructivas de voltaje e incendios provocados por fallas eléctricas que han provocado que cientos de miles de personas sufran de apagones durante períodos prolongados. LUMA también propone aumentos de tarifas adicionales a pesar del hecho de que los puertorriqueños ya han soportado cuatro aumentos de tarifas en lo que va corrido del año y pagan facturas de energía más altas que los estadounidenses que viven en la parte continental.

Actualmente hay $9,6 mil millones en fondos que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) asignó al gobierno de Puerto Rico con el fin de resolver la crisis energética de la isla. Estudios que estos fondos podrían cubrir una nueva red de energía solar distribuida que proporcionaría a Puerto Rico energía renovable confiable y terminaría con la crisis energética y la dependencia de la isla de los combustibles fósiles importados. En cambio, el gobierno está solicitando alrededor de $ 14 mil millones en fondos federales para el sistema eléctrico, la mayoría de los cuales serían para transmisión y nuevas plantas de gas que cierran por completo las energías renovables.

En su testimonio, el Dr. Agustín Irizarry que ha servido como testigo para Earthjustice, acotó: “Llevo estudiando los sistemas de energía eléctrica, en general, y el sistema eléctrico de Puerto Rico en particular, por más de 25 años. Creo que la operación de LUMA Energy sobre nuestro sistema eléctrico ha sido perjudicial para el bienestar de cientos de miles de residentes de Puerto Rico ... Soy parte de Queremos Sol, una coalición multisectorial de Puerto Rico que involucra a organizaciones ambientales y laborales, que presentaron en 2018 una propuesta de política pública para la transformación de energía renovable del sistema eléctrico de Puerto Rico, bajo un modelo de propiedad pública reformado ... Nuestro estudio muestra que una red con generación distribuida basada en energía solar en azoteas y almacenamiento para hogares y las empresas pueden operar de manera segura y confiable, ahorrando dinero y estabilizando los precios ... No hay necesidad de invertir en plantas de energía basadas en combustibles fósiles”.

Asimismo, Ruth Santiago, integrante de la junta de Earthjustice, abogada y defensora de la justicia ambiental, declaró:

“Le pedimos a este Comité que exhorte al gobierno federal a exigir que la cantidad de fondos de FEMA se asigne para el sistema eléctrico de Puerto Rico a través de sistemas solares en los techos, sistemas de baterías y programas de eficiencia energética que brindarán un servicio eléctrico que salvará las vidas de los residentes de Puerto Rico. Múltiples estudios han demostrado la viabilidad, confiabilidad y beneficios económicos de la energía solar y el almacenamiento en techos en Puerto Rico”.

Sobre Earthjustice

Es la organización de derecho ambiental sin fines de lucro más importante del país. Desde nuestra fundación en 1971, nuestro litigio ha enfrentado a empresas con criminales niveles de contaminación y a instituciones gubernamentales, logrando un gran número de protecciones básicas para las personas y el planeta.