EPA Elimina Reglas de Prevención de Envenenamiento de Pesticidas

La Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) debilitó reglas que evitan que los trabajadores agrícolas y residentes de zonas rurales sean rociados accidentalmente con pesticidas. La EPA eliminó los requisitos de la zona de exclusión de aplicaciones (AEZ por sus siglas en inglés), que son una disposición clave del Estándar de Protección para Trabajadores Agrícolas (WPS por sus siglas en inglés).

La “Zona de Exclusión de Aplicación” o AEZ es el área que rodea la aplicación de pesticidas que debe estar libre de personas que no sean aplicadores de pesticidas capacitados. Cuanto más grande y mejor definida sea la ZAE, más segura será el área. AEZ es fundamental para las escuelas y las áreas residenciales que se encuentran junto a campos agrícolas.

La reversión realiza los siguientes cambios:

• La regla anterior brindaba protección a cualquier persona dentro de la AEZ, pero la nueva regla limita la protección solo a aquellos dentro de los límites del establecimiento agrícola. Según esta disposición, un manipulador de pesticidas no tiene que detener la aplicación si alguien está a menos de 100 pies de la aplicación. Pero la deriva de pesticidas no se detiene en el límite de la propiedad. Las escuelas, las paradas de autobús y los hospitales que se encuentran cerca de las operaciones agrícolas pueden quedar cubiertos por peligrosos plaguicidas y las personas pueden sufrir una intoxicación aguda. Este cambio deja a las comunidades que rodean los campos agrícolas directamente en peligro.
• La regla anterior requería que nadie más que los manipuladores de pesticidas capacitados y equipados entraran a los límites de las AEZ durante la aplicación. La nueva regla permite que los manipuladores de pesticidas continúen con la aplicación si una persona ajena a la aplicación de pesticidas se encuentra dentro de la AEZ en el establecimiento agrícola. Este cambio también aumenta el riesgo de exposición a pesticidas.
• La nueva regla reduce la AEZ de 100 pies a 25 pies para ciertas aplicaciones terrestres de pesticidas rociados desde más de 12 pulgadas, incluidas las aplicaciones de pesticidas que se desplazan más allá de los 25 pies.

“La última reversión de la EPA es un despreciable ataque a los trabajadores agrícolas y las comunidades rurales. Mediante otro regalo a la industria, la EPA dio un golpe a la salud y seguridad de los trabajadores agrícolas al debilitar las protecciones que previenen exposiciones innecesarias e inseguras a los pesticidas”, dijo Carrie Apfel, abogada del Programa de Agricultura y Alimentos Sostenibles de Earthjustice. “La exposición a pesticidas tiene una variedad de impactos negativos para la salud, como dificultad respiratoria. En medio de una pandemia respiratoria, es inconcebible que una agencia encargada de proteger la salud pública opte por poner en grave peligro a los trabajadores y comunidades vulnerables”.

Cada año, aproximadamente 20.000 trabajadores agrícolas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, hasta 300.000, según la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU., Sufren intoxicación por pesticidas. Las secuelas inmediatas de una intoxicación aguda por pesticidas pueden provocar erupciones cutáneas, vómitos e incluso la muerte. A largo plazo, la exposición a pesticidas se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer, infertilidad, trastornos neurológicos y afecciones respiratorias.

Durante las aplicaciones aéreas, hasta el 40% del pesticida se puede perder a la deriva, viajando largas distancias desde el área objetivo. Algunos pesticidas persistirán en el medio ambiente mucho después de que finalice la aplicación, contaminando el aire y el agua. La carga de esta contaminación recae desproporcionadamente sobre las comunidades rurales. La enormidad de estos daños a la salud y la defensa de los trabajadores agrícolas de todo el país obligaron al gobierno federal a proteger a los trabajadores agrícolas y las comunidades rurales. Ahora, la EPA está deshaciendo esas protecciones a favor de las grandes empresas. La regla entrará en vigor el 29 de diciembre de 2020.