Hoy, la Corte Suprema eliminó un principio legal fundamental que durante décadas ha permitido a las agencias federales interpretar sensatamente leyes ambiguas al redactar reglas y regulaciones para su implementación. El fallo de la Corte por 6 votos a 3 en los casos Loper Bright Enterprises v. Raimondo y Relentless, Inc. v. Departamento de Comercio revocaron una decisión que data de 1984 bajo el caso Chevron v. NRDC, en la que la Corte cimentó un principio legal que llegó a conocerse como la “deferencia de Chevron”.

La “deferencia de Chevron” instruye a los tribunales inferiores que cuando el Congreso redacta una ley ambigua y luego ordena a una agencia federal que la implemente, los jueces deben ceder a la interpretación de ese lenguaje por parte de la agencia siempre y cuando sea razonable.

El Congreso ordenó a cientos de agencias federales que implementaran leyes como la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Potable Segura, la Ley de Normas Laborales Justas y la Ley de Alimentos y Medicamentos. Estas agencias utilizan su experiencia para traducir las instrucciones redactadas en términos generales del Congreso en regulaciones que protejan nuestro aire y agua, garanticen la seguridad de nuestros alimentos, medicamentos y lugares de trabajo, y hagan que nuestra economía sea competitiva y justa para los consumidores. En nuestra sociedad tecnológicamente compleja y acelerada, confiamos en los científicos y otros expertos de estas agencias para llevar a cabo las instrucciones del Congreso basándose en su conocimiento de la historia de las leyes y programas regulatorios relevantes.

La decisión sobre Loper Bright, que fue emitida por la supermayoría conservadora de la Corte, cambiará dramáticamente la forma en que los jueces revisan regulaciones emitidas por las agencias federales. El fallo trasladará el poder de las ramas electas del gobierno a manos de jueces no electos, ya que con este caso les otorgan un papel principal en la interpretación del lenguaje legal ambiguo, en vez de escuchar primero a las agencias que el Congreso ha encargado de implementar ese lenguaje.

“La Corte Suprema está empujando a la nación hacia un terreno inexplorado, mientras toma el poder de nuestras ramas electas del gobierno para avanzar en su agenda desreguladora”, dijo el vicepresidente senior de programas de Earthjustice, Sambhav Sankar. “Los jueces conservadores están remodelando agresivamente los cimientos de nuestro gobierno para que el presidente y el Congreso tengan menos poder para proteger al público, en tanto que las corporaciones tengan más poder para desafiar las regulaciones en busca de ganancias. Este fallo amenaza la legitimidad de cientos de regulaciones que nos mantienen seguros, protegen nuestros hogares y el medio ambiente, y crean igualdad de condiciones para que las empresas compitan”.

El Tribunal falló 6-3 a favor de las empresas pesqueras que cuestionaron la legitimidad de una regulación promulgada por el Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS) que exige que las operaciones pesqueras a gran escala compartan el costo de los observadores pesqueros. Según la Ley Magnuson-Stevens, que el Congreso aprobó con amplio apoyo bipartidista en 1976, el NFMS está autorizado y obligado a promulgar planes de gestión pesquera que impidan la sobrepesca, basándose en “la mejor información científica disponible”. La ley también establece que los planes pueden “requerir que uno o más observadores sean llevados a bordo” de los buques pesqueros que operen. Los observadores gubernamentales en el mar proporcionan datos independientes que se utilizan para gestionar una pesquería, prevenir la sobrepesca y el colapso de las pesquerías estadounidenses. La pesca alrededor del país ha impuesto requisitos similares durante décadas.

Un tribunal de distrito rechazó el argumento de los demandantes y un tribunal de apelaciones confirmó ese fallo aplicando el principio de deferencia de Chevron. Aun así, la Corte optó por tomar el caso en mayo pasado y escuchó los alegatos orales en enero. Earthjustice presentó un escrito amicus curiae ante la Corte Suprema en el caso Loper Bright en nombre de grupos ambientales y locales, incluidos Conservation Law Foundation, Ocean Conservancy y Save the Sound.