Primera Demanda Ambiental Contra la Administración Trump: Grupos Impugnan Orden Ilegal de Anular Protecciones Que Evitan Perforaciones en Alta Mar

Hoy, grupos preocupados por la latente amenaza de perforaciones para combustibles fósiles en alta mar presentaron el primer recurso legal ambiental contra la nueva administración Trump. El primer grupo impugna una orden ilegal del actual mandatario de revocar el retiro de áreas oceánicas vulnerables a futuras concesiones de petróleo y gas, luego de que la administración Biden estableciera esas protecciones. Entre tanto, otro colectivo asume un acto relacionado al solicitarle a una corte que restablezca un fallo de un tribunal federal, el cual invalidó un intento de la primera administración Trump de deshacer las protecciones en alta mar de la era Obama. El presidente Trump ha intentado abrir casi todo el océano Ártico a las perforaciones, reviviendo de esta manera la orden de su primer mandato.

El expresidente Biden protegió áreas frente a las costas del este del Golfo, el Atlántico, el Pacífico y Alaska, invocando su autoridad bajo la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior. La ley autoriza al presidente a retirar áreas marinas de dichas concesiones, como lo han hecho de manera rutinaria las últimas ocho administraciones, incluido el primer mandato de Trump. Sin embargo, la ley no autoriza a un presidente en ejercicio a revocar los retiros de mandatos anteriores, lo que un tribunal federal confirmó cuando Trump intentó deshacer las protecciones de la era Obama para el Ártico y partes del Océano Atlántico durante su primer periodo.

En el nuevo caso, Earthjustice representa a Oceana, el Centro para la Diversidad Biológica, la Surfrider Foundation, Greenpeace, Healthy Gulf, el Centro Ambiental del Norte de Alaska, la Alaska Wilderness League y Turtle Island Restoration Network. Los demandantes Sierra Club y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) se representan a sí mismos.

Entre los demandantes en el litigio relacionado para restablecer las protecciones para el Ártico y partes del Atlántico se encuentran la Liga de Votantes por la Conservación, los Defensores de la Vida Silvestre, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, Sierra Club, el Centro para la Diversidad Biológica, el Centro Ambiental del Norte de Alaska, Greenpeace y la Liga de Vida Silvestre de Alaska. Earthjustice y NRDC representan estos grupos.

“Derrotamos a Trump la primera vez que intentó revertir las protecciones y sacrificar más de nuestras aguas a la industria petrolera. Estamos llevando este abuso de la ley a las cortes nuevamente”, dijo el abogado gerente de Earthjustice para océanos, Steve Mashuda. “Trump está tratando ilegalmente de eliminar protecciones vitales para las comunidades costeras que dependen de océanos limpios y saludables. Estas personas desean preservar condiciones de vida seguras, economías prósperas y ecosistemas estables”.

“Proteger el este del Golfo ha sido un esfuerzo bipartidista en Florida durante mucho tiempo”, dijo Martha Collins, directora ejecutiva de Healthy Gulf. “Al igual que el presidente Biden, el presidente Trump utilizó la misma autoridad para proteger el este del Golfo y la costa de Florida del petróleo y el gas en alta mar. El presidente Biden simplemente hizo que esas protecciones fueran permanentes, a diferencia del presidente Trump”.

Collins agregó: “Actualmente, el presidente Trump ha demostrado que no le importa proteger el este del Golfo o Florida. Lamentablemente, tenemos que presentar una demanda para enfrentar políticas apresuradas e inconsistentes de esta administración para hacer cumplir lo que republicanos y demócratas de Florida han luchado durante años: protecciones permanentes contra el petróleo y el gas en alta mar en ese estado”.

“Trump está poniendo nuestros océanos, la vida silvestre marina y las comunidades costeras en riesgo de derrames de petróleo devastadores. Necesitamos que las cortes controlen su absoluto desprecio por la ley”, dijo Kristen Monsell, directora legal de océanos del Centro para la Diversidad Biológica. “La perforación petrolera en alta mar es destructiva de principio a fin. Abrir más aguas públicas a la industria petrolera para que obtenga utilidades a corto plazo, y de paso ganar réditos políticos, es una forma incalificable e irresponsable de administrar nuestros preciosos ecosistemas oceánicos”.

“La orden ejecutiva del presidente Trump haría retroceder millones de acres de protección oceánica, poniendo en peligro nuestras economías costeras y a las personas que dependen de océanos saludables y prósperos”, dijo el director de campaña de Oceana, Joseph Gordon. “Los líderes de ambos partidos políticos, miles de empresas y millones de estadounidenses apoyan una protección permanente de nuestras costas de la perforación en alta mar. Confiamos en que la corte seguirá defendiendo la tradición bipartidista de los presidentes de salvaguardar estas costas, a la vez que protegemos a las personas que viven y trabajan allí”.

“La perforación en alta mar es una práctica sucia y dañina que representa una amenaza directa para nuestra próspera economía de recreación oceánica. Asimismo, la perforación en alta mar es ampliamente impopular y es opuesta a la postura de la mayoría de los estadounidenses que quieren proteger las costas de nuestra nación del desarrollo de petróleo y gas”, dijo el Dr. Chad Nelsen, director ejecutivo de la Surfrider Foundation. “La Surfrider Foundation se complace en unirse a sus socios para retar la orden ilegal del presidente Trump de revocar protecciones cruciales para las aguas estadounidenses”.

“Al vivir en la costa del Golfo, he visto de primera mano los impactos dañinos que la industria del petróleo y el gas causa en las personas y los lugares”, dijo Joanie Steinhaus, directora del programa oceánico de Turtle Island Restoration Network. “Por mucho tiempo, el oeste y centro del Golfo de México ha sido escenario en el que las utilidades corporativas pasan por encima de las personas y nuestras costas. Apoyaremos a nuestros socios para afianzar la protección del frágil ecosistema oceánico de la administración Trump”.

“Hemos visto el impacto de las perforaciones en alta mar en nuestras vulnerables aguas oceánicas y sus efectos en las comunidades circundantes, la vida marina y la salud del ecosistema”, dijo la abogada de Sierra Club, Devorah Ancel. “Cuando casi el 40 por ciento de los estadounidenses viven en condados costeros que dependen de un océano saludable para prosperar, la eliminación de protecciones críticas muestra cuán poco se preocupa Trump por estas comunidades. Trump hizo esta medida ilegal para deshacer las protecciones durante su primera administración, y fracasó. Seguiremos trabajando para que no tenga éxito esta vez”.

“La orden ejecutiva de Trump es un obsequio ilegal a la industria de combustibles fósiles que pone en riesgo los ecosistemas marinos, las economías costeras y el clima”, dijo Christy Goldfuss, directora ejecutiva de NRDC. “La ley es clara: una vez que un presidente retira permanentemente áreas oceánicas de la concesión de petróleo y gas, esas protecciones no se pueden deshacer. Con la administración Trump desmantelando agresivamente salvaguardas ambientales, las cortes serán un respaldo crucial. Mientras Trump ponga a los contaminadores por encima de la ley, lo veremos en las cortes”.

“No deberíamos entablar una nueva demanda ya que el presidente Trump perdió la última vez que intentó lo mismo”, dijo Gene Karpinski, presidente de la Liga de Votantes por la Conservación, organización que lideró una coalición de grupos que retaron con éxito la primera administración Trump. “Reafirmamos al Congreso, al presidente y a la gente de este país nuestro compromiso de defender las comunidades costeras y las aguas ya protegidas de perforaciones marinas riesgosas y sucias”.

“El océano Ártico ha estado resguardado de perforaciones estadounidenses por casi una década y esas protecciones han sido confirmadas por las cortes federales”, dijo Sierra Weaver, abogada de Defenders of Wildlife. “Aunque estas costas han sido protegidas, la administración no esconde su intención de entregar algunos de nuestros paisajes más frágiles y prístinos para el beneficio de la industria petrolera”.

Antecedentes

En enero del año en curso, el expresidente Biden protegió permanentemente la costa atlántica oriental de los EE. UU., la cual se calcula en 269 millones de acres de la Plataforma Continental Exterior del Atlántico (OCS, por sus siglas en inglés) desde Canadá hasta el extremo sur de Florida; 65 millones de acres del Golfo de México oriental; casi 250 millones de acres de aguas federales frente a las costas de Washington, Oregón y California; y 44 millones de acres en el Área de Resiliencia Climática del Mar de Bering del Norte en Alaska.

Durante su administración, Biden también protegió 2,8 millones de acres del Mar de Beaufort, y restableció las protecciones de 125 millones de acres en los mares de Chukchi y Beaufort, así como 3,8 millones de acres de áreas de cañones en el norte y medio del Atlántico que Trump intentó deshacer en su primera administración. Casi 400 municipios y más de 2.300 funcionarios electos de las costas del Atlántico, el Pacífico y el Golfo se han opuesto formalmente a la expansión de las perforaciones en alta mar en estas áreas. Cientos de organizaciones y legisladores apoyaron la decisión del presidente. Casi todos los gobernadores de las costas este y oeste, tanto republicanos como demócratas, han expresado su preocupación por la expansión de las perforaciones de petróleo y gas en sus costas.

A pesar de falsas afirmaciones sobre un supuesto riesgo a la seguridad energética tras las protecciones de Biden, estos retiros dejan abierta la mayor parte del Golfo de México para el arrendamiento de petróleo, donde se realiza casi la totalidad de las perforaciones en alta mar de Estados Unidos. De igual manera, la industria petrolera ya posee un exceso de arrendamiento en el Golfo y Estados Unidos está produciendo actualmente más petróleo que cualquier otra nación en la historia, sin mencionar que es el mayor productor de gas del mundo. En lugar de abrir áreas completamente nuevas a la perforación, tanto el cambio climático como la justicia exigen que reduzcamos de una vez por todas la cantidad de arrendamientos y perforaciones en el Golfo, donde las comunidades han sufrido por mucho tiempo la peor parte del daño causado por estas operaciones.