Solicitan Intervención Urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Para Evitar Desalojo Forzoso de Comunidad Mapuche

Malargüe, Mendoza, Argentina —

Una orden judicial del Tribunal Gestión Judicial Asociada N°1 de San Rafael, en la provincia de Mendoza, Argentina, que tomó efecto el 24 de mayo, podría desalojar forzosamente a familias de la Comunidad Lof El Sosneado. En busca de un último recurso para evitar el desalojo, la Comunidad, presentó una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano internacional de derecho humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Organización Identidad Territorial Malalweche del Pueblo Mapuche y Earthjustice apoyaron la solicitud de la comunidad.

“Por generaciones, nuestras comunidades han cuidado el ixofijmogen, o la biodiversidad en nuestro idioma, que es la fuente de vida y de conocimiento”, expresó Gabriel Jofre, werken (vocero) de la Organización Malalweche. “Hoy, las empresas mineras y el gobierno provincial despliegan todo su poder contra comunidades Mapuche y defensores ambientales, para despojarnos de nuestros territorios y nuestra riqueza natural”.

La orden de desalojo viene de un conflicto entre la Comunidad Mapuche y una empresa minera, SOMINAR, sobre la explotación de una mina en el territorio tradicional de la Comunidad. Desde el 2018, la Comunidad se había opuesto a una acción judicial presentada por la empresa para desalojar familias de la Comunidad y tomar posesión de su territorio. A pesar de que la Comunidad había contado con la personería jurídica y el relevamiento territorial reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), los tribunales de la provincia rehusaron reconocer los derechos territoriales de la Comunidad originaria.

A pesar de la orden activa de desalojo en su contra y haberse enfrascado en una pelea legal prolongada con la empresa, la Comunidad aún continúa peticionando a la Corte Suprema de Mendoza. El 27 de abril la Comunidad reiteró una solicitud para que la Corte Suprema suspenda la orden a través de una acción autónoma de revisión de cosa juzgada, una acción legal muy poco utilizada que se reserva para casos de grandes errores en decisiones ya tomadas.

“Esta acción representa la última oportunidad para que la Suprema Corte provincial revise su propia sentencia dando cabal cumplimiento al derecho nacional e internacional vigente, y así evitar que el caso avance ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya no sólo como un pedido de medida cautelar”, dijo Ricardo Ermili, abogado de la Organización Malalweche. “Al contrario, si la Corte Suprema no cumple con su deber de velar por los derechos de la Comunidad, este podría terminar en otro fallo de una corte internacional en contra de Mendoza, como en el famoso caso de las penitenciárias de Mendoza de 2013 o el caso Lhaka Honat en el que el estado argentino fue condenado por numerosos incumplimientos del derecho internacional”.

Como último recurso, la Comunidad decidió acudir a la Comisión Interamericana para solicitar una resolución de medidas cautelares en febrero de este año. Las organizaciones reiteraron la solicitud el 15 de mayo pasado con más información sobre el desalojo inminente. La Comisión Interamericana es un órgano de derechos humanos de la OEA. Las medidas cautelares son una facultad de la Comisión para instar a los Estados que tomen medidas urgentes ante una situación de gravedad y urgencia que presenta un riesgo de daño irreparable para los derechos humanos.

“Nos preocupa que el desconocimiento de los reclamos territoriales justos de Lof El Sosneado y otras comunidades originarias en Mendoza venga en un contexto de mayor presión de las industrias extractivas minera y petrolera sobre el territorio tradicional del Pueblo Mapuche”, expresó Jacob Kopas, abogado de Earthjustice. “Es una obligación del derecho internacional garantizar la consulta y consentimiento libre, previo e informado para cualquier proyecto extractivo en el territorio de las comunidades originarias, aunque este territorio no haya sido reconocido formalmente por los estados”.

En diciembre del año pasado, la Comisión Interamericana también hizo un comunicado público llamando al gobierno de Argentina a respetar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas frente a desalojos forzosos y recientes acciones de parte del gobierno que podrían afectar los derechos de comunidades indígenas. En otra ocasión, la Comisión Interamericana ha intervenido a favor de otra comunidad Mapuche, Lof El Buenuleo de la provincia de Neuquén, quien había sufrido varios desalojos forzosos de su territorio tradicional.