Actualizado, 12 De Feb.: Una norma jurídica recién propuesta destinada a mejorar la manera en que la Oficina de Derechos Civiles (Office of Civil Rights) responde a las denuncias que recibe, en realidad está debilitando las protecciones existentes al anular las fechas límite que la agencia tiene para responder e investigar denuncias. (Más detalles.)

Lo primero que salta a la vista son los buitres, dice Ronald Smith.

Se posan por todas partes en su ciudad natal—en las casas de los vecinos, en los árboles, en los jardines—atraídos por el olor pútrido de 65 acres de basura en descomposición. Ya casi es insoportable, dice Smith. “Sales de la casa y en seguida te da el mal olor. Regresas a casa y otra vez te vuelve a dar mal olor.”

Smith, de 63 años, es pastor y parte de una nueva generación de activistas en Tallassee, Alabama (población 4,800). En los 1990s, sus padres Ann y Thomas protestaron la decisión por parte del estado de abrir y luego expandir un vertedero masivo de residuos en el corazón de su vecindario históricamente afro-americano. Smith se involucró en 1999 y el movimiento recién ha cobrado vigor.

“Hay camiones inmensos transitando por nuestros pequeños caminos rurales. Los residentes se preocupan de la contaminación del aire y del agua debido a la descomposición de la basura.” Smith dice que el vertedero se ha apoderado de los terrenos de propietarios negros que han fallecido o se han mudado de vecindad, erosionando aun más el valor y la seguridad de la comunidad. Hace una década, el entonces propietario del vertedero trató de comprar la tierra de la familia Smith. Su padre se negó.

“El último comentario del hombre fue, ‘No vas a vivir para siempre’,” dice Smith. “Ese es el límite que enfrentan estas pequeñas comunidades y estas compañías lo saben.”

La Ley Y El Vertedero

Bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Title VI of the Civil Rights Act of 1964) las agencias que consiguen fondos federales no pueden discriminar por motivos de raza. La discriminación no tiene que ser intencional; incluye cualquier decisión que tenga un impacto injustificado, desigual en un grupo racial en particular.

Una agencia estatal que se deriva del presupuesto federal es el Departamento de Manejo Medioambiental de Alabama (Alabama Department of Environmental Management), quienes le dieron a los dueños de Stone’s Throw una licencia de operación para el vertedero.

Comunidades abrumadas por los altos niveles de contaminación solo tienen una opción: Presentar una queja con la Agencia Federal de Protección al Ambiente, lo que así hicieron los Smith y sus vecinos. Si la EPA encuentra discriminación, pudiera retener dinero de ADEM hasta que el departamento obligue a Stone’s Throw a que limpien en lo que han contaminado.

Las reglas de la agencia dicen que la EPA debe determinar si hay o no discriminación a más tardar en un período de 180 días de haber recibido una queja. Los residentes de Tallassee han estado esperando 12 años.

Earthjustice recientemente demandó a la EPA por investigar si el vertedero en Tallassee viola los derechos civiles de los residentes. Como parte de la misma demanda, Earthjustice también está luchando en nombre de las comunidades en Flint, Michigan; Pittsburg, California; Beaumont, Texas; y el Condado de Chaves, Nuevo México, donde las quejas por discriminación contra la EPA llevan dos décadas consumiéndose.

Un reporte crítico de NBC y el Center for Public Integrity demuestra que estas demoras no son la excepción en lo absoluto. El reporte descubrió que la Oficina de Derechos Civiles de la EPA se toma un promedio de un año para responder a las quejas y que en 22 años de historia, de casi 300 quejas que la agencia ha revisado, nunca ha encontrado ni una sola instancia de violación civil. Nueve de cada diez quejas son negadas o retiradas.

“Todos los días se dan permisos que solo refuerzan el aislamiento y la degradación de las comunidades de color, de bajos recursos, y que la EPA nunca encontró que ninguna fuera discriminatoria, es verdaderamente alarmante,” dice Marianne Engelman Lado, la abogada de Earthjustice que llevaba la demanda de cinco casos. Velveta Golightly-Howell, directora de la Oficina de Derechos Humanos de la EPA le dijo a NBC que “ha habido algunos problemas en el pasado,” para resolver las quejas de Título VI.

De acuerdo a Engelman Lado, el personal de la EPA que tiene buenas intenciones se siente atrapado en una cultura que no le da prioridad a resolver los casos de derechos civiles como parte de la misión o postura de la agencia. Ella también dice que la EPA delega sus responsabilidades bajo las leyes medioambientales como la Ley del Aire Limpio a los gobiernos estatales y luego se vuelven reacios a cuestionar a los estados cuando otorgan permisos para nuevos proyectos.

Por lo menos 17 denuncias de derechos civiles de la EPA aun están pendientes, incluyendo las cinco cubiertas recientemente bajo una demanda de Earthjustice. Presentar una queja a la EPA no impide que se lleve a cabo una acción y en cuatro de los cinco casos, la acción que dio lugar a la queja original–que se permita una nueva planta de energía o la expansión de una refinería, por ejemplo—se haya cumplido. La EPA aun puede presionar a las agencias estatales para aliviar los efectos de estos vertederos, basureros de cenizas de carbón o chimeneas en las familias de las cercanías, pero los residentes se han cansado de esperar.

Engelman Lado, quien ha pasado su carrera legal completa luchando contra la injusticia racial, dice que Título VI es una de las pocas leyes de derechos civiles que cubre acciones medioambientales. Esta poderosa herramienta que utilizan los abogados para responsabilizar a las agencias gubernamentales por el impacto resultante de las decisiones que toman, que conllevan a problemas financieros y de salud en vecindades excluidas de participación política.

“Tenemos compañeros a todo lo largo del país que viven en comunidades afectadas y donde se está echando basura,” dice Engelman Lado. “Nadie colocaría este tipo de instalación—ya sea un incinerador de basura o un vertedero—en una comunidad blanca de clase media sin protecciones de salud.”

De Cerdos Y Hombres

Un tipo de instalación que supera a las demás por la experiencia verdaderamente vil que brinda a sus comunidades: las instalaciones de alimentación controlada, mejor conocidas como granjas industriales. Granjas de cerdos a escala industrial, que albergan a miles de animales, salpican el paisaje del sureste de Carolina del Norte, donde históricamente los esclavos trabajaban en plantaciones de tabaco y donde aun permanecen grandes poblaciones de residentes negros.

Los granjeros descargan galones de heces y orina de cerdo en minas a cielo abierto, forradas solamente con arcilla y luego fumigan el “excremento líquido” en campos cercanos. Los desechos se infiltran de las minas y corren desde los campos contaminando las vías fluviales. Cuando se fumiga, la materia fecal también de desplaza como si fuera vapor a las casas de la vecindad, quedándose en el pelo y la ropa y forzando a los residentes a quedarse al interior de sus viviendas.

La gente no puede salir a hacer un día de campo o cocinar afuera, ni sentarse en el portal, ni invitar a sus amigos o colgar ropa limpia afuera, por los malos olores y las moscas que también siguen a instalaciones como estas,” dice Gray Jernigan, abogado en Waterkeeper Alliance, una de las organizaciones en colaboración con los residentes de Carolina del Norte para luchar contra los impactos de las granjas industriales.

Estudios de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill confirman que los condados con mayores poblaciones no blancas sirven de sede a más granjas industriales de cerdos y que vivir cerca de una de estas instalaciones puede conducir a problemas y alta exposición a bacterias resistentes a antibióticos porque esta materia fecal es el resultado de una dieta que contiene bajas, pero continuas, dosis de antibióticos.

Los nutrientes en el excremento animal también alimentan a las algas azules-verdes tóxicas que le quitan el oxigeno a las vías fluviales, causando matanzas masivas de peces. Esta alga, la cual está vinculada a problemas neurológicos en los seres humanos, se ha encontrado cerca de las válvulas de entrada del Rio Cape Fear que proporciona agua potable a medio millón de personas en Carolina del Norte. Por lo tanto las personas que viven cerca de las granjas industriales de cerdos sufren el doble—primero por el mal olor y la suciedad del excremento en sí y en segunda instancia por el agua potencialmente contaminada.

“Miembros de la comunidad que han sido afectados han expresado sus preocupaciones al estado repetidamente, pero sus quejas han caído en oídos sordos,” dice Jernigan. “El agua potable es un derecho civil que no está limitado a la gente rica que viven en la ciudad.”

Protesta comunitaria, al igual que múltiples derrames de los desechos de los cerdos en los 1990s, condujo a una moratoria en Carolina del Norte para las granjas que utilizan minas a cielo abierto, pero las granjas existentes no están obligadas a limpiar sus instalaciones. Con la ayuda de Earthjustice y otros grupos, los residentes han presentado una denuncia con la EPA alegando que el permiso general del estado, el cual permite la operación de más de 2,000 granjas industriales de cerdos en el área, no hace lo suficiente para proteger la salud humana, ni la del medio ambiente.

La EPA accedió a investigar a finales de Febrero. El caso de Carolina del Norte es aun demasiado reciente como para ser parte de la nueva demanda de Earthjustice, pero Earthjustice y Waterkeeper Alliance continúan presionando a la EPA para que tome acción.

La Corte Y La Comunidad De Lado A Lado

En cuanto a los cinco casos de derechos civiles, Engelman Lado dice que espera que en un año o menos, la corte le ordene a la EPA a decidir si en realidad ha habido discriminación en Tallassee y en otros pueblos que ella representa. Pero una orden de la corte es el más pequeño de los primeros pasos.

Si la EPA encuentra discriminación, primero tiene que pedirle a la agencia estatal culpable que arregle el problema voluntariamente. Si la agencia no lo hace, la EPA puede detener los fondos federales. Por último, Engelman Lado espera que las agencias como ADEM se den cuenta de que les conviene incluir a miembros comunitarios al principio del proceso de pedir permisos para un proyecto mayor para evitar quejas y demandas como estas en el futuro.

Engelman Lado dice que lo que más beneficiaría a Tallassee y las otras cuatro comunidades ahora son pasos prácticos para monitorear los sitios industriales, limpiar la contaminación, ejercer estándares de seguridad y expandir el acceso al cuidado de la salud. Ella espera que la EPA corte el tedioso proceso de investigación al ofrecer un plan para trabajar con ADEM y otras agencias para hacer lo que haga falta: control de plagas, pruebas de calidad del agua, nuevas vías de acceso y un esfuerzo de buena fe para “hacer completas a estas comunidades.”

“Estamos más que dispuestos a conversar con la EPA para lograr soluciones creativas en lugar de tenerlos dando vueltas para investigar una queja de más de 20 años. Durante estos años, desde que se planteó la denuncia, estas comunidades han sido expuestas a sustancias tóxicas y necesitan los recursos para ocuparse de sus efectos,” dice Engelman Lado.

Ronald Smith es pragmático acerca de lo que se puede o no lograr con esta lucha legal. Él sabe que Stone’s Throw probablemente está aquí para quedarse. Advanced Disposal, que es ahora propietario del vertedero cercano, presentó un plan a ADEM en marzo para extender el área de desecho del sitio por casi el doble, a unos 124 acres. El vertedero tiene espacio para hasta 1,500 toneladas de basura al día hasta el año 2053.

“Si pudieran arreglar la infraestructura—las calles, los puentes, los limites de velocidad—y hacer el automonitoreo necesario. …Si ADEM vigilara las reglas y lograra que Advanced Disposal cubriera sus desechos todos los días como se supone, creo que eso resolvería la mayor parte de nuestro problema,” dice Smith.

Smith no está esperando a que ni ADEM ni la EPA tomen acción. Está organizando reuniones en la comunidad para ayudar a las personas que lo necesitan ahora, incluyendo los conductores de transporte escolar que tiene que arrimarse al borde de la carretera para evitar un impacto de parte de los camiones de basura que violan el limite de velocidad.

“Desde el punto de vista del espíritu, la gente están decepcionadas y no sienten que pueden hablar con su gobierno o hacer nada sobre las personas que los atropellan,” dice Smith. “En realidad no pueden costear la ayuda legal, pero cuando Earthjustice tomó la responsabilidad, la personas han ido y han estado hablando.”

Smith dice que se realizaron las reuniones comunitarias y los abogados de Earthjustice y la prensa comenzaron a tomar interés en Stone’s Throw, los dueños del vertedero han empezado a cubrir pilas de basura, dándoles a los residentes un alivio de tener que respirar el olor nocivo. También ha aminorado la velocidad del trafico al vertedero.

Aun así, sigue una bandada de buitres circulando.

Por Heather Kathryn Ross.