Earthjustice demandó este mes a la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) por demorar regulaciones contra el gas metano, uno de los principales causantes del efecto invernadero  que amenaza la salud de millones de personas y el clima del planeta.

Mientras la administración Trump acata órdenes de industrias contaminantes que quieren deshacer leyes de la era Obama, para las agencias federales se ha convertido en táctica común retrasar básicas protecciones ambientales.

Los tribunales, sin embargo, han demostrado ser una poderosa herramienta para contener los ataques de Trump. Hace unos días, un tribunal federal de apelaciones impidió que la EPA retrasara una nueva normativa para el metano, un gas 86 veces más potente que el dióxido de carbono y principal componente del gas natural. La demanda de hoy quiere revocar una solicitud similar, esta vez por el BLM.

Mientras esto pasa, Earthjustice está litigando y monitoreando varios retrasos por parte de la administración Trump, incluyendo la prohibición del clorpirifós, un pesticida tóxico de uso agrícola.

“No importa si el gobierno de Trump quiere desmantelar protecciones básicas para nuestro medio ambiente adoptadas por el gobierno de Obama, deben seguir la ley”, dijo Joel Minor, abogado de Earthjustice y uno de los encargados en los casos de metano. “Toman atajos en cada caso, pero los tribunales los verán responsables”.

Lógicamente, las nuevas normativas de la EPA y el BLM requieren que las compañías de petróleo y gas capturen sus emisiones de metano. De hecho, en mayo de 2016 la EPA colocó salvaguardas federales para limitar la cantidad de contaminación de metano en proyectos nuevos de la industria de petróleo y gas. Pero meses después el BLM canceló una normativa de prevención de desechos que obligaba a las compañías de petróleo y gas reducir su ventilación, quema y fugas en operaciones nuevas y existentes y en territorios públicos y tribales. En su conjunto, estos límites reducirían el smog, los tóxicos atmosféricos y la contaminación climática, protegiendo la salud pública y a las generaciones futuras.

La nueva normativa también podría acaparar millones de dólares para fondos públicos, ya que las empresas de perforación pagarían regalías al quemar metano y extraer gas de territorios que nos pertenecen a todos. Hasta ahora, las compañías de petróleo y gas han quemado o ventilado a la atmósfera más de 15 mil toneladas métricas de metano al año en tierras públicas que la industria renta —básicamente quemando el dinero de los contribuyentes. La nueva normativa evitaría que compañías de gas y petróleo que operan en territorios federales y tribales derramen 41 mil millones de pies cúbicos de gas natural al año a través de fugas, ventilación y combustión. Esto significa suficiente energía para 740 mil hogares al año.

A pesar del amplio apoyo a estas normas, incluyendo la de California y Nuevo México, la administración Trump quiere retrasarlas y rescindirlas. En enero, la norma de la BLM contra el gas metano entró en vigor sólo después de que Earthjustice venció los intentos de varios estados y grupos industriales para revocarla en tribunales. Luego los mismos grupos industriales volvieron a fracasar en mayo, después de que el Senado rechazó sus intentos para quitar dichas normas usando una práctica antidemocrática conocida como “Ley de Revisión del Congreso”. Y en julio, un tribunal federal sentenció como “irrazonables”, “arbitrarias” y “caprichosas” las acciones administrativas de la EPA para demorar estas reglas para la industria.

Ahora el gobierno de Trump —empecinado e impulsado por las charlas que tuvo Ryan Zinke, Secretario del Interior, con la industria de combustibles fósiles— quiere nuevamente suspender la normativa contra el metano, retrasando los procesos.

Earthjustice luchará junto a una amplia coalición de tribus y ambientalistas contra todo esfuerzo legal de la administración Trump por retrasar las nuevas normas. Manténgase informado.