Cuando Ean Thomas Tafoya se enteró de una propuesta para expandir la carretera Interestatal 70 y los efectos contaminantes que traería al norte de Denver, supo que era hora de actuar.

Esto fue hace aproximadamente una década, cuando se desempeñó como miembro del personal del consejo de la ciudad de Denver. Los planos solo mostraban líneas en un mapa en aquel momento, pero luego entendió otros elementos que no estaban incluidos en ningún documento oficial.

Por ejemplo, los barrios de clase media se beneficiarían con esta carretera, pero los impactos serían terribles en el norte de Denver, incluido el vecindario de su madre. El proyecto aumentaría la contaminación vehicular, al mismo tiempo que levantaría polvo de plomo y arsénico de los sitios de vertederos cercanos. Al menos 56 viviendas y 13 edificios comerciales serían demolidos y aproximadamente 200 personas se verían obligadas a dejar sus viviendas.

La carretera sería desviada bajo tierra. Por consiguiente, Tafoya sabía que el manto acuífero cercano a la casa de su madre había incrementado y que los problemas de inundación existentes empeorarían. Si bien la ciudad se preparó creando una zanja y un dique, “básicamente construyeron el dique frente a la carretera para protegerla y a la industria. Pero no para proteger la casa de mi mamá”, dice Tafoya.

Tafoya reconoció un patrón histórico que se estaba repitiendo ya que el barrio de su madre no era cualquier otro barrio de Denver. Los residentes son predominantemente latinos y las consecuencias de la contaminación pasada y presente supera, por mucho, a otras partes de Denver. De hecho, algunos han determinado que es el código postal más contaminado en los Estados Unidos.

Los residentes del norte de Denver se hartaron. Su resistencia al proyecto I-70 marcó el comienzo no solo de una lucha comunitaria, sino de un amplio movimiento de justicia ambiental respaldado por la representación legal de Earthjustice. El movimiento ponía en aviso a los ya reconocidos grandes contaminadores en tanto que obtendría nuevas protecciones para los residentes.

De igual forma, haría que el estado denunciara lo que estaba pasando allí con un proyecto de ley en materia de justicia ambiental único en su clase. El proyecto de ley fue aprobado el verano pasado y en la actualidad, en calidad de ley, aborda los impactos del racismo ambiental al definir lo que constituye una “comunidad desproporcionadamente afectada” para que el daño pueda detenerse y los beneficios puedan comenzar a percibirse.

La historia

Los recuerdos permanecen vivos desde que se construyó la I-70 por primera vez en la década de 1960. Atravesó el norte de Denver y obligó a demoler cientos de residencias habitacionales. Las comunidades del norte de Denver, tales como Globeville y Elyria-Swansea, enfrentaron una dinámica similar a la de las comunidades de color alrededor del país, las cuales fueron divididas para dar paso a las carreteras interestatales.

Con el paso de las décadas, la suma de otras decisiones de zonificación ha agregado más contaminación al norte de Denver, dañando la salud pública. Los principales causantes de este descalabro ambiental incluyen la refinería Suncor, la planta de energía Cherokee, la fábrica de alimentos para mascotas Purina, el tráfico ferroviario, varias autopistas y dos sitios de vertederos tóxicos.

Los residentes de estas zonas con padecimientos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y asma tienen tasas significativamente más altas que las personas en el resto de la ciudad. Las tasas de hospitalización por asma son un 40% más altas para los niños que viven cerca de la carretera que en el resto de la ciudad. Y los residentes del norte de Denver con enfermedades del corazón mueren a una tasa del 13% más alta que en la totalidad de la ciudad.

“Durante años, aquí es donde vertían [los químicos contaminantes]”, comentó Tafoya, agregando que el norte de Denver era la única área de la ciudad con una zonificación que permitía a las principales industrias contaminantes en medio de los hogares. “Estaba sucediendo en un momento en que era predominantemente una comunidad latina”.

Un tiempo para representar

Tafoya estuvo entre los activistas y grupos vecinales que se unieron para enfrentar la expansión de la carretera I-70 con una demanda legal. Los grupos, para quienes Earthjustice sirvió como representante legal, incluyeron el Foro Latino de Colorado, la Cross Community Coalition y la Asociación de Vecinos de Elyria y Swansea.

El ex abogado de Earthjustice, Joel Minor, presentó una queja de derechos civiles ante el Departamento de Transporte de EE.UU. por la expansión de la carretera I-70. La denuncia argumentó que el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT por sus siglas en inglés) discriminó a Globeville y Elyria-Swansea al colocar una carga desproporcionada en una comunidad mayoritariamente latina sin tener en consideración otras alternativas.

Si una agencia recibe dinero federal y discrimina por motivos de raza, color u origen nacional, tal acto es ilegal según lo establecido por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. La discriminación no necesita ser intencional e involucra cualquier decisión que tenga un impacto desigual injustificado en un grupo protegido.

Después de la denuncia de derechos civiles, Earthjustice presentó una demanda federal en 2017 para detener el proyecto “I-70” porque la construcción y el tráfico violarían los estándares de la calidad del aire.

Los clientes de Earthjustice no ganaron el caso, pero hicieron que el CDOT abordase las preocupaciones de la comunidad. Ambas partes lograron un acuerdo, el cual incluía la realización de un estudio sobre los efectos en la salud derivados por la presencia de la carretera I-70 y el tráfico ferroviario. Los monitores de aire se utilizarían para recopilar datos sobre partículas durante la construcción. El acuerdo también incluyó $25,000 para la siembra de árboles.

Después del acuerdo, los miembros de la comunidad querían abordar el ruido de la construcción a través de una ordenanza municipal. Los miembros de la comunidad sabían muy bien que las áreas más acaudaladas y blancas de la ciudad recibieron más protección contra el sonido, incluida la construcción de muros anti-ruido cuando se expandió la carretera I-25.

“La comunidad apareció de una manera que dejó boquiabiertos a los funcionarios locales”, dice Ava Farouche, asistente legal y analista de Earthjustice, quien trabajó en estrecha colaboración con Minor. “Conseguimos que la ciudad implementara salvaguardas para la comunidad que nunca hubieran sido implementadas”.

Después de este esfuerzo, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado comenzó a realizar reuniones mensuales en el norte de Denver. Los miembros de la comunidad que se presentan para dar su opinión ahora reciben una compensación de $45 después de que los residentes señalaran que los empleados reguladores que asisten son compensados a través de sus salarios.

Una nueva travesía para Earthjustice

Denver es el hogar de la oficina de las Montañas Rocosas de Earthjustice. Tradicionalmente, la oficina se ha centrado en tierras públicas y la protección de especies. No obstante, el trabajo en torno a la carretera I -70 marcó el primer caso de nuestra organización que abarcaba la contaminación dentro de las comunidades de esa ciudad.

Heidi McIntosh, abogada gerente, describe la transición al trabajo en justicia ambiental en el norte de Denver como una travesía que requirió mucho aprendizaje. Su oficina contactó a otros miembros del equipo de Earthjustice para aprovechar la experiencia interna en temas de tóxicos, permisos de refinería y trabajo relacionado con la salud.

Establecer confianza y construir relaciones duraderas fue igual de crítico, por lo cual requirió aprender a manejar las expectativas de la comunidad más allá de lo que la oficina podía ofrecer.

Sin embargo, faltaba otra pieza clave: traer a bordo a alguien con conocimiento sobre la legislatura estatal. En 2019, McIntosh contrató a Becca Curry, quien había trabajado para la ACLU (por sus siglas en inglés), con el fin de desempeñarse como consejera en políticas de Colorado.

Mientras tanto, Farouche continuó dedicando tiempo a investigar y documentar las disparidades en salud, así como establecer conexiones personales.

“Earthjustice ha sido un socio maravilloso con la comunidad local para ayudarnos a guiarnos hacia dónde queremos ir”, dice Tafoya.

Los contaminadores han sido advertidos

Después de enfrentar los desafíos de la carretera I-70, Earthjustice organizó una cumbre para escuchar los tipos de problemas ambientales que preocupaban más a la comunidad. La atención se centró en Suncor, la refinería que estaba violando los límites de sus emisiones.

“Suncor fue un gran problema. Escuchábamos ‘estamos hartos de esto’ [de parte de la comunidad]”, recuerda Farouche.

Suncor contamina el aire del norte de Denver con cianuro de hidrógeno, que interfiere con el uso de oxígeno por parte del cuerpo y puede perjudicar los órganos. Suncor también arroja benceno, que puede causar leucemia por exposición a largo plazo.

Además de la contaminación del aire, Suncor también vierte sustancias químicas llamadas PFAS (sustancias de perfluoroalquilo y polifluoroalquilo), vinculados a casos de cáncer, y que se encuentran en las aguas subterráneas que fluyen en Sand Creek y el río South Platte. Durante el mal funcionamiento, la refinería arrojó cenizas amarillas y anaranjadas al aire, lo que obligó a cerrar las escuelas. Suncor continúa sin identificar estas sustancias.

Cuando las nuevas leyes traen cambios

El verano pasado, Earthjustice trabajó en coalición para aprobar la legislación referente a la contaminación de Suncor y otros infractores. El Proyecto de Ley 1189 de la Cámara de Representantes estatal, aprobado en junio, requiere el monitoreo de la contaminación del aire en tiempo real en las zonas cercanas a las instalaciones donde hay mayor intensidad.

Ahora, estas instalaciones deben notificar al público durante el mal funcionamiento y los picos en la contaminación.

El proyecto de ley HB21-1266, aprobado en ese mismo mes, creó un comisionado de justicia ambiental y un grupo de trabajo para desarrollar un plan de justicia ambiental para el estado.

Fundamentalmente, esta ley también estableció un fondo generado por las sanciones a las empresas de combustibles fósiles que violan las leyes de calidad del aire. En lugar de que estas multas vayan a las arcas del estado, una junta asesora otorgará apoyos económicos a las comunidades afectadas. Según Curry, quien ayudó a redactar el texto del proyecto de ley, se podrían generar anualmente unos $8 millones provenientes de las multas.

La ley de justicia ambiental es diferente a cualquier otra en Colorado, ya que nombra y define el racismo ambiental y estructural en la ley estatal. Las definiciones son cuantificables y específicas, y se aplican a vecindarios que han experimentado “una historia de racismo ambiental, perpetuado a través de leyes anti-indígenas, anti-inmigrantes, anti-hispanas o anti-negras”.

Este texto en particular era importante para garantizar que los beneficios de la legislación ambiental pudieran ser dirigidos adecuadamente. Eso no sucedió en 2019, cuando Colorado aprobó los recortes de gases de efecto invernadero que priorizaban a las “comunidades afectadas de manera desproporcionada”, pero no describieron lo que eso significaba.

“Ahora hay un grupo específico de comunidades para las cuales se prioriza las reducciones y los beneficios”, dice Curry.

La batalla por incluir este lenguaje en el proyecto de ley fue intensa.

“Hay legisladores blancos que dicen: ‘Oh, esto me hace sentir incómodo. ¿Podemos simplemente no hacer esto? Por lo que tuvimos que luchar contra ellos”, dijo Tafoya.

Tanto Tafoya como otros activistas realizaron una gira por 11 ciudades para ejercer presión pública y garantizar que la ley se aprobara.

Aunque se han logrado resultados significativos al incorporar a los más afectados por la injusticia ambiental en la toma de decisiones del estado, se necesitan más cambios. Tafoya, quien recientemente fue elegido para servir como copresidente del Grupo de Trabajo de Acción de Justicia Ambiental, se enfoca en lo que viene.

“Las opciones de transporte y viviendas saludables y baratas son el futuro, junto con proyectos restaurativos y regenerativos para sanar la tierra”, dice Tafoya. “Además [de la importancia] del liderazgo [de aquellos] con experiencias ya vividas”.