El muro fronterizo que el presidente Donald Trump quiere expandir, es el megaproyecto menos regulado en la historia moderna de los Estados Unidos.

A raíz del 11 de septiembre de 2001, el Congreso le otorgó al Poder Ejecutivo autoridad para hacer a un lado cualquier ley ambiental si consideraba necesario declarar una emergencia nacional.

Desde entonces, las compañías que construyen el muro han logrado ignorar impactos ambientales en hábitats críticos, rutas migratorias y todos los recursos culturales, además de ir destruyendo las planicies aluviales. Asimismo, impedimentos y bloqueos a drenajes han empeorado las inundaciones en comunidades fronterizas, como en Nogales, México, donde dos personas murieron en una inundación similar en 2008.

Cuando Trump declaró emergencia nacional con el propósito de recabar fondos para su muro fronterizo, el presidente traspasó su propia autoridad e introdujo nuevos desafíos legales.

“Earthjustice ha estado gritando a los cuatro vientos que la construcción del muro sería un desastre ilegal”, dice Raúl García, director legislativo de Earthjustice. “Trump redobló su falta de legalidad declarando una emergencia nacional cuando el Congreso rechazó su plan con muchos votos bipartidistas. Este nuevo desafío de Trump significa que esta lucha cambiará del Congreso a los tribunales “.

Ramiro Ramírez se detiene en el cementerio de su familia en McAllen, Texas, y recuerda el tiempo que pasó allí con su abuela. Cuando era un niño, dice, ella lo tomaba de la mano para tocar la campana de la capilla antes de los cultos dominicales.

Han pasado más de cincuenta años desde que caminaba este cementerio con su abuela. La pequeña capilla ya no ofrece ceremonias públicas, pero a Ramírez todavía le encanta tocar el timbre cada vez que muestra el lugar a los visitantes.

“Sin ser demasiado demostrativo”, dice el señor de 70 años mientras las campanas rompen el silencio de un cálido día de marzo, “[este lugar] significa mi vida”.

Su familia ha usado y todavía utiliza el cementerio que cumple 154 años, así como la capilla que sus antepasados, los Jackson, establecieron en esta tierra a una milla del Río Grande, llena de árboles de retama verdes y amarillos, donde termina Texas y comienza México.

Los nombres y apellidos de las lápidas cambian a lo largo de los años, de anglo a latino y de latino a anglo. Fue en el siglo XIX cuando el clan Jackson decidió echar raíces en esta zona fronteriza.

Pero la capilla, el cementerio y todas esas historias podrían ser destruidas. Trump ha prometido construir un muro fronterizo justo al norte del Cementerio de Jackson Ranch. Designada como sitio histórico por el estado, la construcción del cementerio podría dañar la iglesia Jackson Ranch y desenterrar restos humanos.

En marzo, Earthjustice presentó una demanda a nombre de la familia Ramírez, entre otras. Algunos clientes luchan contra la devastación ecológica que causaría el muro, cuando éste separare de su hábitat a la vida silvestre e interrumpa los valles naturales de inundación del río. Otros, como los Ramirez, luchan para evitar que el muro rompa su relación con la tierra, las generaciones que la han habitado y las culturas que la han compartido.

Todos luchan por mantener la tierra que los sustenta.

“No le ganaremos a este aborrecible muro fronterizo si hablamos de él como si fuera un solo problema”, dice Luis Torres, representante legislativo de Earthjustice. “Necesitamos unir las voces de todos los defensores de migrantes, comunidades Latinas, líderes para la conservación y vida silvestre, de los pueblos originarios, comunidades de fe, y necesitamos estar todos juntos”

Los Ramírez no son los únicos que ven amenazadas sus raíces culturales y su estilo de vida en esa tierra. El muro de Trump desmantelaría las tierras sagradas de los Carrizo/Comecrudo, un pueblo originario de la zona que se ha unido a la demanda. Los antepasados ​​de la Nación Carrizo/Comecrudo (Esto’k Gna) han habitado el Río Bravo desde hace cientos o miles de años, intercambiando mercancías y adorando al río por toda su cuenca. Los Carrizo/Comecrudo tienen a sus ancestros en un cercano cementerio histórico, el cual también está amenazado por el muro.

“Estas son las tierras de nuestros ancestros”, dice el Dr. Christopher Basaldú, sabio y respetado miembro de los Carrizo/Comecrudo. “No es una cuestión de posibilidad; se trata de cuándo y dónde se encontrarán los restos de nuestros antepasados”.

La falta de información sobre los planes del gobierno ha profundizado las preocupaciones de los locales. De hecho, la demanda ha sido de mucha ayuda para informar a los clientes.

Sobre dicha demanda, funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) declararon que si bien hay planes para construir un muro cerca de la capilla y ambos cementerios, éste “no pasará por ninguno de los cementerios”. La CBP afirmó que se ha disminuido el área de aplicación propuesta, por lo que no será necesario adquirir ni trasladar ningún cementerio. “El proyecto no prohibirá que nadie visite los cementerios”, afirmó la agencia.

La abogada de Earthjustice, Sarah Burt, señala que para evitar perturbar estos sitios el muro deberá construirse hacia al norte, quedando atrapada la capilla y los dos cementerios en una especie de tierra de nadie, extendiéndose una milla entre el muro y el Río Grande.

Si bien CBP acota que el proyecto no prohibirá las visitas es seguro que las inhibirá, dice Burt. Otras áreas abandonadas entre la frontera y el muro tienen puertas cerradas— si sucediera eso aquí, la familia Ramírez tendría que encontrar un guardia fronterizo dispuesto a abrir una puerta para acceder a los lugares donde descansan sus antepasados.

Según expertos y ecologistas, la expansión del muro podría causar daños irreversibles a la vida silvestre, pues al cercenar la tierra alzaría obstáculos en las rutas migratorias de mariposas, lobos, borregos cimarrones, ocelotes y otras criaturas en peligro de extinción. Igualmente, el muro impediría el flujo natural de las vías fluviales.

En lugares como Laredo, Texas, el muro fronterizo atravesaría la ciudad y dificultaría el paso del Río Grande, en parte porque éste depende de las filtraciones de la vegetación y del territorio que quieren ocupar, dice Tricia Cortez, directora ejecutiva de Río Grande International Study Center, otro cliente de Earthjustice en este caso. El Río Grande le da vida a esta región, ya que suministra agua a más de 6 millones de personas y 2 millones de acres de tierra, dice Cortez.

“Quieren construir un muro que destruirá beneficios ecológicos… senderos naturales, parques, comunidades de pocos recursos y de clase media, tan solo en esta rica vega de río—la llanura de inundación que envuelve a toda nuestra ciudad”, dice Cortez conteniendo su llanto.

“Estamos orgullosos de los otros demandantes y de Earthjustice, quienes tienen agallas para darnos voz y defender a nuestra comunidad y para hablar por este río, que no tiene voz para defenderse solo”, dice.

La lista completa de demandantes incluye a la terrateniente fronteriza, Elsa Hull, GreenLatinos, el Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano y la Coalición por la Vida Silvestre de California.

La demanda de Earthjustice sostiene que el presidente ha excedido sus poderes constitucionales al ignorar la facultad del Congreso para decidir cómo gastar el dinero recaudado por impuestos. En febrero, Trump declaró que la frontera era causa de una emergencia nacional. Esta cínica ficción es una táctica para desviar los fondos destinados a la “emergencia nacional” hacia el muro tras la negación de México y el Congreso por pagarlo.

El intento de Trump para construir el muro con dinero asignado para otros proyectos, aún cuando el Congreso se lo ha prohibido explícitamente es ilegal, comenta Burt, la abogada principal de Earthjustice en el caso.

“El abuso del presidente Trump con los poderes de emergencia es un flagrante abuso de autoridad”, dice la abogada. “Es ilegal, va en contra de nuestra forma básica de gobierno y causa daños irreparables a quienes viven, trabajan y adoran en la frontera”.

El litigio de Earthjustice se está abriendo camino en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Sin embargo, la administración Trump ha comenzado a adjudicar contratos para algunas construcciones en el Valle del Río Grande.

Dicha zona está siendo vigilada por miembros de la tribu Carrizo/Comecrudo, quienes acampan en los terrenos del Cementerio Eli Jackson desde el 12 de enero para proteger el sitio. Más de una docena de tiendas de campaña hacen el campamento llamado Yalui, palabra Carrizo/Comecrudo para las mariposas nativas que viven y migran en los alrededores.

Un vecino ayuda a los residentes de Yalui con agua para lavar y obtienen electricidad de un generador solar— cuando funciona. La tribu hace lo que puede para conseguir hielo y agua potable durante los sofocantes días y leña para soportar las secas y frescas noches.

Pero en una noche estrellada de abril, los residentes de Yalui conversan con buen humor y comen curry con papas dulces, cocinadas directamente sobre la fogata. Tienen sus rostros iluminados por las pantallas telefónicas. Durante la cena comparten las tareas de vigilancia (a menudo ven autos sospechosos cerca) y planean viajes a la ciudad para obtener suministros, cargar sus teléfonos o usar Internet.

“Aquí es un estilo familiar. ¡Entra! No seas tímido”, dice un campista llamado Doug.

Mientras tanto, un helicóptero de la Patrulla Fronteriza vuela cerca del campamento, protegiendo una frontera que, no hace muchos años. solía ser tierra nativa.

“Para nosotros, no hay frontera”, dice Juan Mancias, representante de la tribu Carrizo/Comecrudo. “Esta historia tiene que cambiar”.