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Necesitamos Regulaciones Más Estrictas para Eliminar el Plomo del Agua Potable de los Niños

La EPA debe hacer todo lo posible para asegurar que la ley Lead and Copper Rule sea tan robusta y tan efectiva como sea posible.

Esta página fue publicada hace 8 años. Encuentre lo último sobre el trabajo de Earthjustice.

El mes pasado, la gobernadora de Flint, Michigan, alertó a la ciudad sobre un desastre causado por el hombre. De acuerdo a las pruebas, se encontró que demasiados niños en la ciudad presentaban niveles elevados de plomo en la sangre y la gobernadora respondió declarando un estado de emergencia. Esto no fue una reacción excesiva. El plomo es venenoso para todos los seres humanos y la Organización Mundial de la Salud alerta que “los niños pequeños son particularmente vulnerables a los efectos tóxicos del plomo y pueden sufrir efectos de salud profundos y permanentes… ya que afecta el desarrollo cerebral y puede conllevar a problemas de comportamiento y discapacidad de aprendizaje de por vida.”

Una Emergencia Predecible

La fuente del envenenamiento de plomo de los niños de Flint era clara: el agua potable de la ciudad. Al igual que muchas ciudades en Estados Unidos. La infraestructura de distribución del agua está compuesta por tuberías de plomo. Las tuberías de plomo se corroen naturalmente cuando el agua fluye a través de ellas, causando que el plomo se derrame en el agua destinada para los domicilios de los consumidores. Las compañías de servicios públicos pueden reducir significativamente el riesgo de que el plomo contamine el agua por medio de un proceso llamado “tratamiento de control de la erosión,” lo que consiste en tratar el agua con químicos no tóxicos para crear una capa protectora o “incrustación” por dentro de las tuberías.

La incrustación evita que el agua entre en contacto directo con las tuberías de plomo, pero si una compañía de servicios públicos suspende el tratamiento, la incrustación puede deteriorarse y romperse, lo que permite que el plomo contamine el suministro de agua sin cesar. Esto es lo que sucedió en Flint. Tratando de ahorrar dinero, en el 2014 la ciudad hizo un cambio y en vez de sacar el agua de Detroit, que usa tratamiento de control de la erosión, optó por sacar su agua directamente del cercano Río Flint—sin tomar medida alguna para prevenir la predecible contaminación de plomo.

¿Está Tomando Agua a Través de un Popote?

El desastre causado por el hombre que la ciudad enfrenta en estos momentos proviene de esta decisión con poca visión del futuro, pero la amenaza de la contaminación del agua no se limita a Flint. El uso de tuberías de plomo era común en las líneas de servicio—que conectaban las cañerías de agua a los edificios y las residencias—hasta mediados de los 1950s, ya que las líneas de servicio de plomo no estaban oficialmente prohibidas hasta 1986. Debido a que la infraestructura de agua de muchos pueblos y ciudades tiene décadas de edad, millones de personas a lo largo de toda la nación toman agua suministrada por medio de tuberías de plomo iguales a las de Flint.

La EPA tiene una regla diseñada para asegurar que los metales tóxicos en las tuberías del sistema de agua no arriesguen la salud pública. Esta regulación—conocida como la ley Lead and Copper Rule o LCR—requiere que los sistemas de agua tomen pasos como el tratamiento del control de la erosión, la educación comunitaria, y el reemplazo gradual de las líneas de servicio en los sistemas donde los niveles de plomo son altos. La LCR no se ha actualizado sustancialmente desde 1991 y desafortunadamente, ni se acerca a proteger al público de los peligros de la contaminación de plomo.

Regulaciones Llenas de Agujeros

La LCR, simplemente, está desactualizada. Sabemos que el tratamiento de control de erosión no elimina el riesgo de que el plomo contamine el agua, pero lo reduce. Recientes descubrimientos han demostrado que los niveles de plomo pueden aumentar peligrosamente cuando la tubería de plomo es alterada o cambiada de lugar (como sucede cuando se realizan trabajos de reparación en un área cercana); o cuando el agua empieza a fluir de nuevo tras un período de inactividad (como cuando la familia reactiva el uso del agua después de un poco tiempo en desuso, como en una mudanza); e incluso en un sistema de distribución de agua que haya recibido el mantenimiento y control de corrosión en sus redes de tubería. Otro grave problema ha sido garantizar que las compañías de servicios públicos cumplan realmente con las reglas. La LCR establece pasos específicos a tomar a los sistemas de agua para monitorear los niveles de plomo, incluyendo el análisis de muestras de agua potable en casas de alto riesgo. Muchas compañías de servicios públicos no han seguido estos pasos, haciendo imposible conocer el alcance de la contaminación de plomo en muchos sistemas de agua.

Aun peor, la LCR realmente ha incrementado la exposición de muchas familias a agua contaminada de plomo, especialmente en las comunidades de bajos recursos. La LCR dice que los sistemas de agua deben reemplazar las líneas de servicio de plomo si los niveles de plomo se elevan por encima de cierto rango. Sin embargo, los dueños de la propiedad deben pagar un costo de $1,000 a $7,000 para reemplazar la porción de la tubería que se encuentra debajo de su propiedad privada. Si un dueño no paga o no puede pagar, la compañía de utilidades corta la tubería de plomo en la línea de la propiedad y reemplaza solo la porción “que le pertenece.” El reemplazo parcial de una línea de servicio de plomo  afecta la tubería—lo que inmediatamente conlleva a que los niveles de plomo se disparen—y no reduce la cantidad de plomo que fluye adentro de la casa a largo plazo. Esta póliza ha contribuido a niveles peligrosos de plomo en la sangre en miles de niños en ciudades como Washington, D.C.

Presionando a la EPA al Máximo

La EPA se ha comprometido a hacer revisiones a la LCR que deberían haberse hecho desde hace mucho tiempo, y hace dos meses un consejo oficial de la agencia apoyó un reporte recomendando cambios específicos. Desafortunadamente, estas recomendaciones están por debajo de lo necesario para crear una LCR efectiva. El reporte apoya una meta para reemplazar todas las líneas de servicio dentro de 30 años, pero no brinda ninguna manera de garantizar que las compañías de servicios públicos cumplan con este plan. Por la misma parte, el reporte reconoce que el reemplazar parcialmente las líneas de servicio de plomo ha sido un fracaso, pero más aun, hace hincapié en que la política que responsabiliza a las compañías de servicios públicos de cambiar las tuberías solamente hasta la línea de la propiedad está equivocada. El reporte hasta propone debilitar el sistema para monitorear los niveles de plomo, al eliminar las pruebas mandatorias para los domicilios de alto riesgo. La lista continúa, pero basta decir que el consejo de la EPA parece más interesado en facilitar las cosas para las compañías de servicios públicos que con proteger al publico de los peligros reales del agua contaminada de plomo.

Es simplemente inaceptable que el agua potable que se consume en casa o en la escuela pueda exponer a un niño a una neurotoxina con consecuencias devastadoras, de por vida. La EPA debe hacer todo lo posible para asegurar que la LCR sea tan robusta y tan efectiva como sea posible. Durante los últimos años, Earthjustice ha trabajado en temas que tienen que ver con la contaminación de plomo del agua y más recientemente ha estado trabajando con defensores de todo el país—incluyendo algunos activistas de Flint. Hoy nos reuniremos con representantes de la EPA para que sepan que no nos conformaremos con nada menos que leyes estrictas para proteger el agua de nuestra nación.

Carter Hall is a Senior Associate Attorney with the Clean Energy Program. He is based in Washington, D.C.

Earthjustice’s Washington, D.C., office works at the federal level to prevent air and water pollution, combat climate change, and protect natural areas. We also work with communities in the Mid-Atlantic region and elsewhere to address severe local environmental health problems, including exposures to dangerous air contaminants in toxic hot spots, sewage backups and overflows, chemical disasters, and contamination of drinking water. The D.C. office has been in operation since 1978.