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Entrevista con Francia Márquez: ‘A Muchos Líderes Ambientales Nos Seguirán Matando, Pero La Existencia del Planeta También Está En Juego’

En una charla exclusiva, Francia compartió con Earthjustice su opinión sobre el racismo ambiental, el rol de los EE.UU. en las dificultades que vive su comunidad y cómo enfrenta las constantes amenazas contra su vida.

Francia Marquez, en una foto tomada en La Toma, departamento del Cauca, Colombia

En abril del año pasado, la activista colombiana Francia Márquez fue galardonada con el prestigioso Goldman Environmental Prize, gracias a su labor por recuperar sus tierras ancestrales de manos de la minería ilegal. Sin embargo, su reconocimiento ha tenido un alto precio.

Nació en Yolombó, una vereda en el Cauca, departamento donde viven más de 250,000 habitantes afrodescendientes. En noviembre de 2014, Francia lideró un grupo de mujeres para protestar en contra de la minería de oro ilegal que había ocasionado peligros ambientales en sus comunidades. Mientras cientos de mineros descendían para buscar oro en el corregimiento de La Toma, donde vivía Francia con su familia, comenzaron a contaminar el Río Ovejas —cuyas aguas se convirtieron en el sustento de miles de residentes — con el cianuro y mercurio que se utiliza para la extracción del metal. La fiebre del oro llevó a esa comunidad a convertirse en un foco de violencia por enfrentamientos entre los mismos mineros.

Ese mismo año, Francia y 80 mujeres marcharon por 10 días a la capital colombiana, Bogotá, para protestar por las condiciones de sus comunidades. Después de 22 días de protesta en las calles, el gobierno colombiano acordó detener la minería ilegal en La Toma

Pero su lucha contra la minería ilegal la ha convertido en blanco de la violencia. En 2014, Francia fue desplazada de su lugar de residencia en Suárez, también en el departamento del Cauca, por amenazas de muerte. El pasado mes de mayo, en Santander de Quilichao del mismo departamento, unos hombres armados abrieron fuego contra defensores de derechos humanos y líderes sociales entre los que se encontraba Francia. A pesar de tantos obstáculos, decidió estudiar derecho y convertirse en defensora de su comunidad.

En entrevista exclusiva para Earthjustice, Francia aborda el racismo ambiental en Colombia y en el extranjero, su arriesgada travesía como activista y porqué EE.UU. es responsable de las condiciones actuales en su región.

En mayo de este año recibió un atentado del cual salió ilesa. ¿Quiénes considera que son sus enemigos? ¿por qué quieren atentar contra usted?

Yo no considero que tengo enemigos. Yo tengo claro que mi apuesta es cuidar la vida, el territorio, y por luchar frente al racismo estructural. Mi apuesta es por luchar frente a la violencia hacia las mujeres y, en este sentido, eso se contrapone con una política de muerte, con un modelo económico de desarrollo que usa el racismo como una forma de mantenerse en su supremacía blanca. Cuando decidimos enfrentar eso, nos terminamos convirtiendo en objetivo militar. Esas personas optan por usar su blanquitud, negando los derechos de otras personas usando su supremacía y no les importa el racismo como estrategia para mantenerse en el poder. Para esa gente nosotros somos una amenaza.

Yo misma a veces me pregunto, “no sé cómo puedo vivir con esto”, pero se resiste, se aguanta y se hace lo que se puede en medio de tantas dificultades y de tanto riesgo de amenazas. Tengo la esperanza de que un día esto cambie. Los otros seres tienen reglas de comportamiento, de convivencia y de existencia, y si matan es por el instinto de la supervivencia. Pero nosotros lo hacemos no por supervivencia; solo nos da la gana matar porque el otro piensa diferente. 

¿Cómo se explica el racismo ambiental en un país como Colombia?

Hoy uno escucha a los herederos en el poder, porque en este país el poder ha sido de familias. Cuando decimos que no queremos minería a gran escala en nuestros territorios y usamos el derecho fundamental a la consulta previa para exigir la protección en un país que se proclama estado social de derecho, esas familias dicen que nosotros los negros y los indígenas nos oponemos al desarrollo del país. Uno se pregunta, ¿cuál desarrollo si la gente negra e indígena son las que viven con las necesidades básicas más insatisfechas del país?

Cuando hablamos de racismo estructural nos referimos a que, en pleno siglo XXI, la comunidad donde vivo no tiene agua potable. Y el agua que tenemos es el agua del mercurio que tenemos que tomarnos del agua contaminada, producto de que el estado no pudo evitar que la minería ilegal llegara a nuestro territorio. Por un lado el estado no invierte en proyectos sociales para las comunidades, pero por otro lado sí se piensa en su desarrollo en términos del saqueo y expropiación de los territorios ocupados por los pueblos étnicos. Ahí uno evidencia con claridad un racismo estructural, y cuando voces como la mía o como la de muchos líderes de este país se levantan para reclamar y exigir garantías de derechos, terminamos siendo objetivo militar por actores armados que están en el territorio.

En una entrevista dijo que está protegida de forma individual pero su familia y la comunidad no. ¿Qué puede o debe hacer el gobierno colombiano para garantizar que nada les pase?   

Hay una desatención en la garantía de los derechos fundamentales de las comunidades y de la sociedad colombiana. Disminuir los riesgos de amenazas contra los líderes y lideresas va más allá de un esquema de protección, de un carro blindado y de unos hombres de seguridad que andan para arriba y para abajo. Esto implica el cumplimiento de los compromisos constitucionales que el estado adquirió, y eso se traduce en condiciones de vida digna para la gente. El auto 005 de 2009 que sacó la corte constitucional estipula que las comunidades afro estaban en riesgo de desplazamiento por el conflicto armado, por megaproyectos que no fueron consultados, por la implementación de cultivación de productos ilícitos y por el abandono del estado colombiano traducido en racismo.

Por tanto, la corte le ordenó al estado implementar unos planes de protección colectiva para evitar que la gente negra fuera desplazada, además de implementar unos planes de salvaguarda para evitar el destierro de la población indígena, pero el estado no ha hecho eso hasta ahora. Del 2009 para acá, la crisis humanitaria en la que estamos se ha profundizado, y más con un gobierno [como el de Iván Duque] que se niega a implementar garantías de derecho para las comunidades. Es un gobierno que en el extranjero habla bonito, pero que aquí hace otra cosa. Es un gobierno que no está de acuerdo con la paz [alcanzada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016]

¿Cómo analiza el estado actual del movimiento ambiental en Colombia ante desafíos como la insistencia en prácticas como el fracking y la aspersión de glifosato?   

Un informe [de Global Witness] indica que Colombia hoy es el segundo país donde más líderes sociales y ambientales están siendo asesinados. Esto en un país que está pensando en la paz no tiene razón de ser. El gran riesgo es que desde el gobierno nacional y desde los sectores económicos y políticos no hay una mínima voluntad de cambiar el modelo económico de muerte. Es decir, no tiene ninguna intención de transformarlo aun sabiendo los desafíos globales que hoy tiene la humanidad frente a la crisis ambiental. En Colombia se plantea que la principal economía para este país es el extractivismo. En las elecciones pasadas [de 2018], yo apoyé a Gustavo Petro como candidato presidencial [de Colombia] porque pensaba más en un modelo económico sustentable y sostenible con el medio ambiente, y por eso decidí apoyarlo. 

La candidatura de Iván Duque se burlaba de Petro cuando decía que había que cambiar la energía hidráulica por una limpia. Hoy están hablando de eso un poco pero no hay una apuesta real por un modelo económico más responsable y más comprometido con el medio ambiente y con el cuidado de la vida. En zonas protegidas no hay reglas y eso es de gran preocupación para nosotros, los que creemos en la necesidad de cuidar el territorio como espacio de vida.

Esto me genera preocupación porque eso nos dice que lamentablemente los riesgos van a continuar. Hay un gran número de hectáreas de tierra en juego con la agricultura extensiva o monocultivos, y desde la ganadería hasta la presencia de cultivos ilícitos. Y el planteamiento del gobierno es que lo que está generando el problema no es la ganadería extensiva sino simplemente los cultivos ilícitos, que son un problema real, pero cuya estrategia que plantean para resolver eso es la fumigación con glifosato. Todos sabemos que la fumigaciones van a matar a la gente y no a la coca. Lo que va a salir del territorio son las personas y no la coca. Se necesita inversión social en el campo para generar mejores condiciones de vida a la gente. Cuando el gobierno asuma la responsabilidad de generar iniciativas productivas a la gente que lleva a tantos años abandonada a su suerte, entonces seguramente van a cambiar esas relaciones y se va disminuir la presencia de cultivos ilícitos en esos territorios, pero para eso no hay voluntad.

Desde que se firmó el acuerdo con las FARC en 2016, han muerto 480 líderes sociales y ambientales, y hace poco se hizo una manifestación en Colombia como llamado para proteger las vidas de defensores como la suya. ¿Qué efecto cree que esto puede tener?

Yo creo que la esperanza es que lo último que se pierde. Es importante que la sociedad tome conciencia de su responsabilidad por proteger territorios, y que la vida no sea una cosa exclusiva de líderes y lideresas. Que salga gente masivamente aquí en Colombia y en otras partes a manifestarse es parte de su contribución. Sin embargo, eso no detiene la violencia aquí. Después de ese día, mataron a dos personas.

Las muertes también se ha vuelto un tema de cifras, algo que me parece triste porque entonces una cifra importa más que otra. Hubo 34 por ciento de muertes recientemente y ahora este año vamos en 32, o sea que es un logro por que dos por ciento menos de personas murieron y es así como lo miden. Eso a mi me parece cruel porque es el día a día y nosotros somos seres humanos y no números. De todas formas, es importante que la sociedad se pronuncie y presione a la fiscalía para que asuma la responsabilidad de investigar todos los hechos victimizantes que nos ha tocado vivir como líderes. De lo contrario, la impunidad será un premio para los victimarios y seguirá siendo la razón para que esa gente siga haciendo daños, porque se dan cuenta que nadie los va a sancionar. 

En lo que llevamos de siglo, 1,700 activistas han muerto por defender el planeta. ¿Qué deben hacer los grupos ambientales ante este fenómeno?

Muchas de las presiones que tienen las comunidades en sus territorios, con sus líderes y lideresas, frente a las políticas de desarrollo económico tiene que ver con estos países desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos es responsable de lo que nos pasa a nosotros como líderes. Europa es responsable de lo que nos pasa como líderes y lideresas en estos territorios porque gran parte de esas empresas multinacionales provienen de esos lugares. Por tanto yo creo que hay que avanzar en divulgar cómo estas empresas contribuyen a la profundización y a la violación de derechos humanos en nuestro país. 

Estas empresas de una manera, por acción u omisión, son cómplices del genocidio contra líderes ambientales y sociales en Colombia. Si no hubieran intereses económicos en esos territorios uno no tendría que salir a pelear para vivir bien en su territorio. La gente también debe darse cuenta que el privilegio que están teniendo allí lo están logrando a costa de la muerte de mucha gente. 

Menciona a Estados Unidos pero la administración Trump hace las cosas más difíciles para la sociedad ambiental, con el levantamiento de restricciones a pesticidas o con la exploración petrolera a mar abierto

La gente tiene el poder para transformar la historia. Hoy están ad portas de una elección [en 2020], ¿lo van a la elegir otra vez? Es el desafío que tiene EE.UU. La responsabilidad también recae en las personas que ejercen el derecho al voto. Trump nos está mandando sus empresas y nosotros estamos en medio de la violencia. 

¿Considera que hace falta pedagogía respecto a los retos que enfrenta el medio ambiente? 

La política está representada por intereses económicos que contribuyen a esa profundización de la política de la muerte a la que me refiero. Uno ve a todos los senadores [colombianos] comprometidos por ayudar a las comunidades a defender los territorios, pero son pocos los que hacen grandes debates sobre lo que está pasando. Pero la sociedad colombiana eligió a estos políticos, por lo que de alguna manera nosotros somos víctimas de nuestro propio invento. ¿Por qué la gente no se pone en los zapatos de los demás? Falta que la gente se haga consciente, porque lo que está en juego no es solamente la existencia de los líderes y lideresas sociales. Seguramente a muchos líderes sociales nos seguirán matando, pero también está en juego la existencia de la humanidad en este planeta, punto.

¿Algo más que quisiera agregar? 

Decirles a las personas que, o nos hacemos cómplices para cuidar la vida, o nos hacemos cómplices para seguir matándola. Tenemos que escoger si queremos seguir contribuyendo para que la vida se extinga en este planeta o si tomamos la decisión real de asumir nuestra responsabilidad y cuidar la vida entre todos. Este es el gran desafío que tenemos hoy como humanidad. 

Hay que hacer propuestas alternativas a la economía global y que contribuyan a repensar otra forma para vivir en este planeta. Eso podemos hacer y eso implica la hermandad y la solidaridad. Nosotros en Colombia estamos planteando hacer una campaña de visibilidad con niños y niñas para invitar a la gente a reforestar masivamente los territorios. Estamos haciendo campañas para que las personas adopten mecanismos de clasificación de los residuos, pero eso implica que haya garantías en las ciudades para el reciclaje. Yo creo que hay mucho por hacer.

 

Tags:  Español
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