¿Qué hará la Ley de Asequibilidad y Empleos? Todo Lo Que la Administración Trump Quiera

Si le has dado seguimiento al intenso debate en torno a la llamada “Ley Bipartidista Estadounidense de Asequibilidad y Empleos de 2026” (BAAJA, por sus siglas en inglés), es probable que estés pensando —más de lo habitual— en algún tipo de gasto en municiones. Como lo reportó Heatmap, el experto John Podesta va directo al grano y lanza una advertencia contundente: ¿por qué habrían de entregar los demócratas más poder al presidente Trump para que lo utilice de forma abusiva? O, dicho de otro modo: ¡no le pongan una artillería cargada en las manos de Trump!

En los próximos dos años, la BAAJA crearía un mayor margen de maniobra legal para que este presidente lleve a cabo acuerdos corruptos y autorice proyectos perjudiciales de toda índole. Asimismo, impediría que cualquier presidente en el futuro pueda reparar el daño causado. Es comprensible que existan opiniones divergentes sobre las proyecciones a largo plazo, pero, una vez que se conoce el contenido de este proyecto de ley, resulta evidente cómo se aplicará la BAAJA bajo el mandato de Trump.

En el poco tiempo que queda antes de la votación en el Senado, un debate responsable sobre la BAAJA debe ser realista respecto a quién gobierna el país y los peligros inmediatos, los cuales son, por lo demás, perfectamente previsibles.

¿Qué podría salir mal en los próximos dos años si se aprueba la BAAJA?

Resulta difícil imaginar a un presidente más obsesionado con acelerar proyectos que anteponen sus intereses personales a los del público. Desde iniciativas relativamente «pequeñas» —como demoler el Ala Este de la Casa Blanca para construir su propio salón de baile— hasta otras de mayor envergadura —por ejemplo, canalizar 1600 millones de dólares en financiación federal hacia una mina de tungsteno en Kazajistán, propiedad en parte de sus hijos—, la especialidad de este presidente es cerrar tratos que enriquecen a su círculo cercano. En esencia, el “modus operandi” de la administración Trump consiste en actuar con rapidez y arrasar con todo. Esto es un enfoque que se aplica a cualquier ámbito, desde los despidos masivos hasta las deportaciones a gran escala. Esta propuesta potenciaría esa estrategia de cuatro maneras principales:

1. El proyecto de ley facilitaría y agilizaría la concesión de aprobaciones federales y asistencia financiera por parte del presidente, sin transparencia ni una revisión significativa. Esto se lograría mediante disposiciones que limitarían considerablemente —o incluso eliminarían— los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés), la Ley Nacional de Preservación Histórica (NHPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Agua Limpia (CWA, por sus siglas en inglés). Cabe destacar que el proyecto de ley eximiría de las revisiones exigidas por la NEPA y la NHPA a todos los préstamos federales, garantías de préstamos y otras formas de asistencia financiera federal, otorgando al presidente la capacidad de proporcionar un respaldo federal que aceleraría la financiación de grandes proyectos de capital.
2. BAAJA blindaría las acciones de Trump frente a las numerosas demandas judiciales que, actualmente, actúan como un freno contra el abuso de poder. El proyecto de ley está diseñado para impedir tres aspectos: (1) el acceso a los tribunales, (2) la posibilidad de ganar un litigio y (3) la obtención de una reparación efectiva. De igual forma, prohíbe expresamente a los jueces dictar medidas cautelares o anular fallos en casos relacionados con la NEPA y la NHPA. Incluso si un tribunal determinara que la administración Trump ha concedido permisos en clara violación de la NEPA y la NHPA, los proyectos podrían seguir adelante. En otras palabras, la administración Trump podría infringir la ley sin afrontar consecuencias.
3. BAAJA incluye diversas disposiciones que impedirían tener en cuenta nueva información o datos científicos, al tiempo que otorgan una mayor discrecionalidad a las agencias federales para definir el alcance de sus propias revisiones. En conjunto, estas medidas legitimarían los esfuerzos de la administración Trump por silenciar la ciencia y excluir los mejores datos disponibles.
4. Quizás lo más alarmante es que las “disposiciones sobre certeza” en el proyecto de ley harían que las decisiones de Trump sobre la concesión de permisos fueran irrevocables, salvo en casos muy excepcionales¹. La próxima administración probablemente heredaría una serie de proyectos destructivos e impopulares. Este proyecto convertiría cualquier intento por revisar dichos proyectos en una maniobra financieramente arriesgada, si no directamente imposible, para un futuro mandatario. Es importante señalar que los daños no se limitarían a proyectos relacionados con energía: podrían incluir centros de detención, complejos petroquímicos o centros de datos en terrenos públicos. En pocas palabras, cualquier tipo de proyecto que resulte del agrado de este presidente.

En resumen, el proyecto de ley ayudaría al presidente Trump a actuar con mayor rapidez y a causar más estragos, aprovechando la gran ventaja estratégica que supone afianzar la irreversibilidad de los proyectos. Durante los próximos dos años, los sectores favorecidos se apresurarán a alcanzar tantas autorizaciones federales como sea posible.

Para visualizar lo que podría suceder, basta con examinar las órdenes ejecutivas del presidente relativas a los centros de datos, petróleo y gas, minería, explotación forestal y Alaska. Estas órdenes reflejan con claridad la magnitud de la ambición de esta administración: no dejar ni un solo acre sin intervenir. En lo que respecta a la inteligencia artificial y los centros de datos, la Orden 14318, titulada “Aceleración de la tramitación de permisos federales para infraestructuras de centros de datos”, establece el plan para construir estas instalaciones en terrenos públicos. El secretario del Interior, Doug Burgum, lo describe de la siguiente manera: “Vamos a ‘mapear, mapear y mapear’ para localizar todos estos recursos; después, vamos a ‘extraer, extraer y extraer’, para así poder ‘construir, construir y construir’, porque tenemos que levantar centros de datos para inteligencia artificial”. En este afán por saquear el país, no cabe esperar excepciones para lugares singulares como Boundary Waters, el Ártico o el Cañón del Chaco.

Más allá de las tierras públicas, las “disposiciones sobre certeza” de la BAAJA se aplican a cualquier proyecto que requiera autorizaciones o permisos federales. La industria del petróleo y el gas está más que preparada para obtener permisos federales y financiación para proyectos de infraestructura de larga duración, incluidos gasoductos, terminales de exportación de gas natural licuado y centrales eléctricas alimentadas por gas. La BAAJA no solo proporcionaría “certeza” a proyectos individuales, sino que también presionaría a futuras administraciones para que mantengan el ritmo de concesión de permisos que caracterizó a la administración Trump. En concreto, el proyecto de ley establece el derecho a presentar demandas por “trato desigual” si el número de denegaciones y retrasos en la concesión de permisos aumenta en comparación con los niveles registrados en los últimos cinco años.

Al analizar nuestra lista de casos pendientes y la creciente serie de decisiones perjudiciales que sabemos que se avecinan, resulta aterrador pensar cuántas de ellas podrían volverse irrevocables bajo la BAAJA, y cuántas personas se verían perjudicadas como consecuencia. Pienso en las medidas escandalosas de la administración Trump para eximir a muchas de las plantas petroquímicas más peligrosas del país de los requisitos de control de la contaminación. Preveo los permisos “perpetuos” que podría otorgar a nuevos y extensos complejos industriales, situados en comunidades donde las tasas de cáncer ya son inaceptablemente altas. Imagino los muchos lugares sagrados que serían sacrificados, mientras se excluye a las tribus de procesos federales en la toma de decisiones. En un momento en que tantos estadounidenses se sienten abandonados por sus líderes y atropellados por megacorporaciones, espero que los miembros del Congreso sean conscientes de las repercusiones que este acuerdo tendría para las personas que, con toda razón, exigen mayor transparencia, mayor rendición de cuentas y una mayor capacidad de decisión.

Por otra parte, la posibilidad de perder mecanismos que permiten ralentizar o detener los proyectos más crueles debería ser motivo de gran preocupación para todos. Por ejemplo, si NEPA queda totalmente despojada de su eficacia —como ocurriría con la BAAJA—, me pregunto cómo podrán los fiscales generales de los estados y nuestros abogados de Earthjustice impedir que ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) mantenga a miles de personas detenidas en almacenes masivos —al estilo de centros logísticos de Amazon—, tal como hemos logrado evitar hasta ahora. Me pregunto si siquiera podemos imaginar las atrocidades que esta administración intentará llevar a cabo durante los dos largos años que tenemos por delante.

Necesitamos nuevas infraestructuras de transmisión, pero también un nuevo enfoque para la concesión de permisos.

Muchas personas a las que respeto profundamente defienden la aprobación de la BAAJA porque su paquete de medidas sobre infraestructuras de transmisión es, verdaderamente, excelente. En Earthjustice, la apuesta más importante que hemos realizado como organización ha sido desarrollar un área de trabajo dedicada a acelerar la implementación de energías limpias. Un futuro más habitable depende de la transición hacia energías limpias, y dicha transición, a su vez, depende de la expansión de la red eléctrica. Por eso, mis colegas y yo hemos trabajado con gran determinación para intentar mejorar el proyecto de ley. Sin embargo, realizar ajustes superficiales no resolverá el problema fundamental y subyacente en este proyecto.

Es indudable que necesitamos una vía para las energías limpias, pero ningún acuerdo merece la pena si lo único que logra es agravar una situación ya de por sí crítica. En todos los sentidos —incluyendo la interferencia en procesos electorales y sus recientes acuerdos con Vladimir Putin—, el presidente nos recuerda quién es realmente. (Por ejemplo, no es posible confiar en su promesa de poner fin a su «guerra» contra la energía eólica; de hecho, la está intensificando).

Cuando las democracias se encuentran al borde del abismo, uno de los mecanismos de protección más importantes es el estado de derecho, junto con la capacidad de la ciudadanía para acudir a los tribunales y cuestionar a un gobierno que se ha vuelto en su contra. En resumen: eliminar estas salvaguardas es una idea peligrosamente errónea.

1. Si bien existe una excepción para aquellas órdenes judiciales que exigen explícitamente a las agencias gubernamentales revocar o modificar permisos, la próxima administración no podría obtener tales órdenes contra sí misma. Además, para cualquier parte litigante que no sea el promotor del proyecto, la BAAJA está diseñada específicamente para dificultar —y, en ciertos casos, hacer imposible— la obtención de dichas órdenes, tal como se señala en el punto (1) ↩.