Un vecindario de la ciudad de Newark se enfrenta a un incinerador de basura tóxica.
March 18, 2021
Desde su carro, María López-Núñez podía ver las enormes nubes de humo púrpura y rosa que emanaban del incinerador de basura más grande de Nueva Jersey.
“Estamos acostumbrados a ver salir humo de esas chimeneas. ¡Pero de ahí a ver uno de colores rosa brillante y morado es otra cosa”! dice ella con incredulidad.
“Dijimos que algo sucede. Alguien tiene que investigar esto”.
Pronto, llegaron llamadas telefónicas de otros residentes de Ironbound, un vecindario de clase trabajadora de Newark cuya mayoría son inmigrantes.
La gente llamaba a López-Núñez porque se desempeña como subdirectora de organización y defensa del grupo Ironbound Community Corporation (ICC). Muchos residentes de Ironbound conocen a ICC como la organización que lleva a cabo programas extracurriculares o comercializa el mercado de agricultores locales. La organización también asume retos en pos de la salud de la comunidad, además de enfrentar la discriminación en la adquisición de vivienda, la brutalidad policial y la contaminación del aire.
El humo que se filtró del incinerador durante el verano de 2019 fue mucho más que algo para contemplar. Meses después, los residentes lo reconocerían como evidencia: El incinerador había estado quemando yodo tóxico que podría afectar su salud.
En asociación con Earthjustice y la Clínica de Defensa Ambiental de la Facultad de Derecho de Vermont, ICC ha llevado a Covanta, el operador del incinerador, a asumir la responsabilidad de los desechos que emite en la comunidad aledaña.
Pero la lucha para que Covanta acate las leyes es solo un frente de batalla más grande que Ironbound está librando contra una larga historia de contaminadores industriales que tratan a la comunidad de bajos ingresos, en su mayoría de color, como un vertedero. Sus logros pueden ofrecer una especie de hoja de ruta para las comunidades alrededor del país que sufren antecedentes similares de discriminación ambiental.
“La raza y la clase deben tomar prioridad en un diálogo general”, dice López-Núñez. “Estas cosas no son fortuitas. Nunca lo son”.
Dependiendo de la historia que usted escuche, la comunidad de Ironbound (cuya traducción literal sería “ligado(a) al hierro” y que en este contexto sería “inquebrantable”) obtuvo su nombre de las líneas ferroviarias que la rodean o de las obras de metal que se agruparon allí en el siglo XIX. Durante más de 100 años, el vecindario ha sido un destino para inmigrantes que necesitan viviendas asequibles y trabajos manuales.
Hoy en día, se habla un idioma además del inglés en más del 80% de los hogares en Ironbound. Unos 200 restaurantes sirven desde cocina portuguesa y española hasta brasileña y dominicana.
“Hay muchas cosas hermosas en la comunidad”, dice Lopez-Nuñez. “Estoy orgullosa de su naturaleza rígida. Siempre luchamos”.
“Hay muchas cosas hermosas en la comunidad.”
Maria Lopez-Nuñez
Subdirectora de organización y promoción de Ironbound Community Corporation
La comunidad también limita con uno de los cuerpos de agua más contaminados del país. En el río Passaic pululan químicos tóxicos que quedan del pasado industrial de la región, incluida la dioxina, un contaminante altamente cancerígeno descargado durante la fabricación del arma química Agente Naranja en la década de los 50s y 60s. Otras fábricas vertieron mercurio y otros metales pesados, así como miles de libras de PCB tóxicos. Además, los vapores de los camiones diésel se mezclan con el olor de una planta de alcantarillado cercana, contaminando de esta manera el aire que circula sobre Ironbound.
López-Núñez cree que Ironbound se ha convertido en una zona de sacrificio para las comunidades suburbanas blancas más ricas que no quieren llevar a cuestas las cargas tóxicas.
“En Nueva Jersey, la contaminación está segregada racialmente y vemos sus efectos”, dice. “Nuestras estadísticas de salud no son las mejores. Cuando pienso en los suburbios de White, Montclair y Summit, tienen muchos prados verdes y muchos árboles. No tienen plantas de extracción de grasa ni plantas de gas natural ni plantas de tratamiento de aguas residuales”.
Estas conexiones entre raza y contaminación no son un accidente. En las décadas de 1930 y 1940, los funcionarios federales de vivienda trazaron límites alrededor de las comunidades donde se negaban a garantizar préstamos hipotecarios. Las áreas “marcadas en rojo” frecuentemente eran comunidades de color, predominantemente afrodescendientes. Ironbound era uno de estos barrios que los funcionarios del gobierno declararon “peligroso” y “un tugurio”. Tal designación cerró las oportunidades de inversión y creación de riqueza.
A nivel nacional, los residentes de Ironbound están expuestos a algunos de los niveles más altos de casi todos los tipos de contaminación atmosférica dañina que monitorea la Agencia de Protección Ambiental. En todo Newark, la tasa de visitas a la sala de emergencias por asma es el triple que en el resto de Nueva Jersey.
Pero el ICC no se propuso luchar por la justicia ambiental cuando se fundó en 1969, ya que se inició como proveedor de cuidado infantil para mujeres trabajadoras. En las décadas siguientes, la organización determinó que un flujo constante de contaminación química y explosiones industriales se interponían en el camino de su misión principal.
“Nos dimos cuenta de que incluso si inviertes en la educación de los niños, su vida enfrentará muchos desafíos si no abordas los problemas ambientales y sociales”, dice Lopez-Nuñez.
Su esfuerzo por combatir la contaminación comenzó en la década de 1980 y cobró fuerza cuando otros grupos comunitarios de color comenzaron a abordar el racismo ambiental. Las tóxicas humaredas púrpuras son solo la última de muchas peleas que el ICC ha enfrentado.
El incinerador de Covanta ha sido fuente de constantes infracciones. Desde 2004, la instalación ha acumulado alrededor de 800 violaciones de permisos de aire por exceder los límites de contaminación o por no tener implementadas las medidas de seguridad necesarias.
Al principio, Covanta culpó por el humo — que tenía una apariencia similar a la de un algodón de azúcar — a un hospital que había eliminado los desechos médicos de manera inadecuada y afirmó que esa descarga no representaba ningún riesgo para la salud. No obstante, los residentes se negaron a creerles.
El ICC contactó a Earthjustice en el verano de 2019. Ambos grupos ya habían trabajado juntos en el fortalecimiento de protecciones en permisos aéreos para plantas de gas en Ironbound. Junto con la Clínica de Defensa Ambiental en la Facultad de Derecho de Vermont, Earthjustice ayudó al ICC a redactar una carta en la que solicitaba a funcionarios estatales abrir una investigación a Covanta por una posible violación de un permiso de desechos arrojados al aire.
Durante una reunión en diciembre de 2019, Earthjustice se enteró de que el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey iniciaría una investigación. Conforme se indagaba, los funcionarios de Covanta cambiaron de opinión. Anteriormente habían dicho que el humo en cuestión provenía del “mismo material que se usa para limpiar o desinfectar heridas”, pero luego reconocieron que se trataba de desechos que un fabricante de pesticidas había vertido de manera incorrecta.
La inhalación de yodo, la sustancia química que incineraba Covanta, puede provocar irritación pulmonar, tos y dificultad para respirar. Los niveles más altos de exposición pueden causar bronquitis, alteraciones de la glándula tiroides, y daño hepático y renal.
“Da la casualidad de que el yodo es visible”, dice López-Núñez. “Me hace pensar en las emisiones que no podemos ver. Esto es solo un recordatorio constante de que no conocemos las diferentes sustancias negativas que dañan la salud y que se queman diariamente”.
En octubre, Covanta aceptó una orden de consentimiento redactada por el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, la cual requiere que la compañía desarrolle nuevas prácticas de manejo de desechos, mejore la capacitación de los empleados, realice una evaluación de impacto en la salud e instale cámaras de monitoreo. La agencia también impuso una multa de $24 mil a Covanta por violar la Ley de Control de la Contaminación del Aire del estado.
“La comunidad de Ironbound se ha convertido en un símbolo de lo que hemos encontrado en todo el país, donde las comunidades de color de la clase trabajadora han sido blanco de los contaminadores”, dice el abogado de Earthjustice, Jonathan J. Smith. “Estas comunidades lidian con una carga de sustancias nocivas mucho mayor de la que deben soportar y la pagan con su salud. Esto debe cambiar”.
El ICC trabaja para garantizar que el incinerador cumpla con los cambios que exige el acuerdo. La organización también busca soluciones más amplias. Por un lado, quieren que las incineradoras dejen de recibir millones de dólares en subsidios de energía renovable para quemar desechos.
La ley de Nueva Jersey requiere que cierta cantidad de energía que suministran las empresas de servicios públicos provenga de fuentes renovables. Esas fuentes incluyen incineradores de energía solar, eólica y de basura. En teoría, los incineradores pueden vender esta llamada “energía verde” solo si cumplen con “los más altos estándares ambientales” y minimizan los impactos en las comunidades locales.
“Pero en realidad, todos los incineradores de Nueva Jersey han cometido infracciones”, dice Smith. “Y todavía venden energía ‘renovable’”.
Smith dice que es profundamente inquietante que las personas paguen más por la electricidad con la idea de que su dinero se destina a una supuesta “energía limpia”, pero la verdad es que parte de ese monto se destina a quemar basura, provocando cantidades masivas de contaminación en comunidades que ya están sobrecargadas de contaminación tóxica.
Los cinco incineradores del estado han recibido un estimado de $30 millones en subsidios a través del programa de energía renovable, y los incineradores que más contaminan se ubican en comunidades de color.
En el segundo trimestre de 2020, Earthjustice, la clínica legal de la Facultad de Derecho de Vermont, el ICC y la Alianza de Justicia Ambiental de Nueva Jersey pidieron a los reguladores de Nueva Jersey que eliminen los incineradores contaminantes del programa de subsidios. Los funcionarios estatales evalúan la propuesta actualmente.
Hay razones para creer que Nueva Jersey está alcanzando un parteaguas en lo que a justicia ambiental se refiere. En septiembre, el ICC ayudó a aprobar una ley que puede ser el requisito legal de justicia ambiental más integral de cualquier estado del país. Se solicita que el Departamento de Protección Ambiental rechace ciertos tipos de permisos de contaminación a una empresa si la polución impondría una carga desproporcionada a una comunidad de ingresos sustancialmente bajos o una comunidad de color.
López-Núñez explica que el proyecto de ley sufrió un retroceso durante 12 años, antes de que se aprobara definitivamente.
“Definitivamente hubo mucha oposición”, dice. “Decir que la contaminación está relacionada con la raza incomoda a la gente. La industria no quiere límites y quiere que sea siempre así. Pero haber vivido esta experiencia le permite a la gente saber que esta no es solo una conversación teórica. Estamos hablando de la vida de muchas personas”.
López-Núñez dice que el ICC procura defenderse de la gentrificación y el desplazamiento. Las nuevas reglas de zonificación permiten viviendas y edificios de mayor densidad con más pisos. Y con los desarrolladores inmobiliarios que buscan terrenos más baratos cerca de la ciudad de Nueva York, los residentes actuales temen que las nuevas viviendas que buscan atraer a los residentes de ingresos altos aumente el costo de alquileres y desplacen a los residentes de clase obrera.
Pero sean cuales sean los desafíos que enfrenta Ironbound, López-Núñez está decidida a seguir luchando.
“Solo queremos lo que todos los demás tienen sin ser desplazados”, dice. “Creemos que la gente de color merece cosas buenas. Merecemos aire limpio, alimentos saludables y queremos tener una relación con la tierra sin invasiones corporativas diarias. No queremos que nuestra comunidad sobreviva únicamente, queremos que nuestra comunidad también prospere”.
Jonathan Smith, abogado del personal del Programa de Asociaciones Comunitarias, se unió a Earthjustice en 2014.
Keith Rushing, estratega de comunicaciones nacional de Earthjustice para el relato de historias sobre justicia y asociación, es un profesional de las comunicaciones apasionado por los problemas que aquejan la justicia social. @krush526
El Programa de Asociaciones Comunitarias de Earthjustice proporciona recursos legales y de defensa a los líderes locales que exigen un entorno seguro, justo y saludable en el que sus comunidades puedan prosperar, sin importar cuánto tiempo dure la lucha.
