Plantas de Gas por Fin a Contra Marea
La batalla por los combustibles fósiles en California marca el inicio de una era de energía limpia.
La victoria de Donald Trump en la elección de 2016 ha sido un punto de cambio para muchos ciudadanos, incluyendo a Lilian Bello. Ese año, Bello era estudiante de secundaria en Oxnard, California, una comunidad multicultural ubicada en la famosa Costa Central; una de las capitales de producción de fresas en el mundo. Mientras los profesores solamente tranquilizaban a los estudiantes por el resultado electoral, muchos provenientes de familias migrantes, una organización local se presentó con una propuesta diferente: luchar por sus derechos humanos y ambientales.
“Me llamó mucho la atención”, dice Bello. “Pensé: ‘estoy lista. No puedo ver esto y no hacer nada’”.
Bello pronto supo que las tres plantas de gas que generaban la electricidad en Oxnard eran una de las mayores causas de los desproporcionados índices de asma, y, encima, que otra compañía construiría una cuarta. Habiendo sufrido asma desde pequeña, Bello se unió con otros jóvenes para oponerse al nuevo proyecto. En marzo, tras cuatro años de lucha, el operador de la red de California aprobó una alternativa de energía limpia, haciendo imposible la visión cortoplacista de una cuarta planta.
La victoria fue celebrada en grande por la comunidad migrante — la mayoría de bajos recursos —, ya que por mucho tiempo habían vivido bajo una capa de contaminación industrial mientras sus vecinos más adinerados de Santa Bárbara y Malibú, disfrutaban de un aire limpio y un cielo despejado. Pero lo que fue más importante fue la inspiración para otras comunidades del sur de California en insistir en más energías limpias, y una advertencia a inversionistas y agencias reguladoras de todo el país de que las plantas de gas natural ya no serían fáciles de justificar.
La Lucha Comienza en Oxnard
La lucha por detener la planta de gas en Oxnard comenzó el verano de 2014, cuando NRG Energy propuso construir una nueva planta eléctrica llamada Puente, como un respaldo de emergencia durante las horas pico de uso de energía. Y debido a que autoridades identificaron la necesidad de generar más energía, las agencias reguladoras de California concretaron que lo mejor era cubrir esas necesidades con nuevas plantas de gas.
Pero muchos residentes estaban cansados de ver a Oxnard llena de enormes estructuras metálicas con chimeneas escupiendo humo tóxico y contaminando los estanques con aguas residuales. Además, Oxnard ya tenía tres plantas eléctricas situadas en la costa y un sitio Superfund, lleno de desperdicios tóxicos proveniente de una recicladora de metales. Y a todo esto, además, había que añadir la sobrecarga de pesticidas tóxicos que implica ser una potencia agrícola.
“En sitios como Oxnard puedes darte cuenta de lo diferente que es el mar cuando piensas en otras comunidades costeras”, dice Lucas Zucker, de la Alianza Unitaria de la Costa Central Por Una Economía Sustentable (CAUSE, por siglas en inglés), el grupo que visitó el aula de Bello.
Bello, quien alguna vez tuvo que utilizar un dispositivo de respiración especial por la gravedad de su asma, comenzó a asistir a las reuniones de cabildo en Oxnard para aprender y visibilizar más el problema. Y cada vez más jóvenes de Oxnard se fueron presentando en las audiencias otorgando poderosos e inspiradores testimonios. Muchos eran hijos de familias agrícolas que habían visto a sus padres tolerar gran cantidad de injusticias y ahora querían abogar por sus seres queridos. Los estudiantes llevaron nuevas y creativas formas de oponerse al proyecto, incluyendo un rap basado en la música de la serie de televisión “El príncipe del Rap”.
El empuje funcionó, al menos temporalmente. El cabildo de Oxnard apoyó a la comunidad en dos ocasiones, prohibiendo por unanimidad la construcción de nuevas plantas con producción de energía mayor a 50 megavatios en la costa. La decisión del cabildo para frenar la planta, aun cuando NRG Energy intentó forzar la propuesta con cumplidos y hasta amenazas, fue debido al esfuerzo sostenido de la ciudadanía durante las últimas décadas, presionando a sus representantes para que protejan a la comunidad de más daños ambientales.
“El cabildo de Oxnard solía ser un poco más rígido”, dice la alcaldesa Carmen Ramírez. “Ahora, la gente habla y el cabildo escucha”.
Mientras esto ocurría, otras comunidades de California que también luchaban contra otros proyectos de combustibles fósiles, prestaban mucha atención a la batalla del proyecto Puente, esperando que tantos discursos estatales sobre ser líderes en energía limpia finalmente se cumplieran en las ciudades donde más se necesitan.
Glendale y Santa Paula se unen a la Lucha
Glendale, California, a una hora de distancia en automóvil al este de Oxnard y parte del Condado de Los Ángeles, fue de una de esas comunidades. Como en Oxnard, la ciudad enfrentaba la construcción de una nueva planta de gas de gran capacidad que obligaría a la ciudad a consumir energía sucia durante décadas. Entre la gran cantidad de opositores de la planta, el profesor de economía Dan Brotman argumentó que la disminución del almacenamiento energético y los nuevos precios de energías renovables significaba que las opciones más limpias podían tener sentido financiero para Glendale. Los políticos estatales también estaban presionando para aprobar una legislación que obligaría a California consumir 100 por ciento de energía limpia para 2045. Lo cual, de aprobarse — y en efecto esta ley se aprobó — significaría que cualquier infraestructura de combustibles fósiles que construya Glendale podría dejar de funcionar en 25 años, dejando a los contribuyentes con un gigante fosilizado e inútil de $500 millones.
Otra comunidad con los ojos puestos en Oxnard era Santa Paula, un pueblo fértil lleno de huertos a unos 20 minutos de distancia de Puente. Allí, los residentes se oponían a la construcción de una planta de gas debido al impacto cultural, la contaminación del aire y la destrucción del hábitat. La organización sin fines de lucro Wishtoyo Foundation, administrada por pueblos originarios, también se opuso a la planta propuesta a instalarse en el río Santa Clara, ya que perturbaría lugares sagrados y naturales de importancia cultural del pueblo Chumash.
A cada una de estas luchas, Earthjustice le brindó el apoyo legal necesario, así como una estrategia de comunicación y creación de políticas públicas para vincularlas con el amplio movimiento Derecho a Cero (Right to Zero), el cual exige a California generar cero emisiones para el 2045.
Cero emisiones significa que no hay contaminantes que ensucien nuestro aire o interrumpan nuestro clima.
Ninguna central eléctrica es igual a otra, pero en su conjunto “todas representan una inversión masiva en infraestructura de combustibles fósiles”, dice Angela Johnson Meszaros, abogada de Earthjustice y directora de la estrategia de apoyo jurídico a grupos comunitarios contra las nuevas plantas de gas de Santa Paula y Glendale.
“Cada vez que un ayuntamiento gasta ese dinero nos dejan sin salida”, dice Angela. “La pregunta que planteamos en Glendale, y que estamos planteando en todas las comunidades que enfrenten decisiones similares es, ¿por qué no pensamos más en cómo gastar dinero en formas que nos posicionen para el futuro en lugar de anclarnos al pasado?”
La pregunta no podía llegar en mejor momento para estas comunidades, quienes durante años habían escuchado hablar a California de una revolución de energía limpia, mientras el estado parecía dejar a sus comunidades con el polvo contaminado.
Y es que, aunque California sigue siendo líder a nivel nacional y global en impulsar políticas públicas y tecnologías medioambientales progresivas, el estado sigue dependiendo en gran medida del gas natural. Y como estas plantas se tienen que construir en algún sitio, terminan en comunidades de color o de bajos ingresos, contribuyendo a la mala calidad del aire y provocando asma. Actualmente, ocho de las diez ciudades más contaminadas de Estados Unidos están en California, y los condados de Los Ángeles, San Bernardino y Ventura, al sur del estado, son los más altos en cantidad de días insalubres para el ozono.
“La noción de que personas mueran diariamente por respirar es problemática”, dice Johnson Meszaros, y agrega que un ambiente limpio y saludable es fundamental para que las personas puedan hacer — básicamente — cualquier cosa. “Y el hecho de que la mayoría de quienes sufren esos problemas son personas de color y bajos ingresos es profundamente problemático”.
La Propuesta del Proyecto Puente se Tambalea
De vuelta en Oxnard, mientras NRG Energy comenzaba a darse cuenta de que la ciudad entera se oponía al proyecto Puente, la compañía decidió dar la batalla legal. Mientras los grupos comunitarios argumentaban que la construcción de la planta era una injusticia ambiental para una comunidad de color fuertemente afectada por la contaminación, el abogado de Earthjustice Matt Vespa, a nombre del Sierra Club, señaló que ubicar la planta en la playa la hacía vulnerable a una inundación por aumento del nivel del mar.
“La justificación para construir la planta era garantizar el funcionamiento regular de la zona durante condiciones climáticas extremas, pero lo que NRG Energy proponía era colocar el proyecto Puente en un lugar altamente vulnerable a condiciones climáticas extremas”, dice Vespa, quien dirigió la lucha jurídica contra Puente. “No tenía ningún sentido”.
Activistas comunitarios, grupos ambientalistas locales y Earthjustice, se unieron con la ciudad de Oxnard y Ramírez para combatir a la planta. Además de mencionar los problemas del cambio climático y justicia ambiental planteados por la construcción del proyecto Puente, Vespa argumentó en audiencias de comisión que construir plantas de energía sucia como respaldo energético en horas pico para garantizar el funcionamiento de la red ya no era necesario gracias a los avances tecnológicos en energías limpias, e invitó a testificar en ese punto a innovadores como Tesla. Pronto, el proyecto de NRG Energy, que durante años había parecido no tener marcha atrás, comenzó a desmoronarse. Y en junio de 2017, todo el trabajo de la oposición finalmente dio fruto, luego de que reguladores estatales encargados de monitorear la confiabilidad y funcionamiento de la red eléctrica autorizaran un estudio sin precedentes para determinar si existían alternativas de energía limpia para sustituir la central eléctrica. Y se encontró justamente eso, comenzando así el fin del proyecto Puente. Además, demostró que cuando las agencias reguladoras se ven obligados a reevaluar propuestas que saben están bajo el ojo público, se encuentran mejores soluciones. [Nota del editor: En diciembre, NRG retiró oficialmente su solicitud para la planta Puente.]
Casi al mismo tiempo de la decisión de Puente en junio, la compañía que propuso una planta de gas en Santa Paula vio lo que se venía encima y solicitó suspender su planta de gas. Y, más recientemente, después de meses de audiencias repletas de residentes preocupados, en abril de 2018, los miembros del cabildo municipal de Glendale frenaron la propuesta de la planta de gas de $500 millones de dólares, favoreciendo así la posibilidad de una alternativa limpia.
“Cuando comencé este caso hace seis años, las plantas de energía limpia eran insignificantes comparadas con la construcción de plantas de gas y contaminantes”, dice Vespa, abogado de Earthjustice. “Ahora, gracias al proyecto Puente, estamos construyendo un modelo para que empresas de servicios públicos busquen soluciones de energía limpia antes que cualquier otra cosa”.
Las Luchas de la Costa Central son Apenas el Comienzo
Líderes de todo el estado creen que el avance en Oxnard es solo el comienzo.
Desde la victoria en Oxnard, plantas de gas en funcionamiento han propuesto cerrar sus puertas décadas antes de su retiro previsto. Y en enero, la Comisión de Servicios Públicos de California presionó a Pacific Gas & Electric para que reemplazara tres plantas de gas sus puertas almacenamiento de energía, acelerando la jubilación del enorme Metcalf Energy Center en San José, y los Centros Feather River Energy y Yuba City Energy, en la ciudad de Yuba. Las compañías de tecnología californianas, mientras tanto, están enfrentando el desafío de reemplazar los combustibles fósiles con fuentes de energías modernas y limpias con gran entusiasmo.
Estas luchas de comunidades locales están impulsando un importante cambio en los mercados de energía a medida que las ciudades y otras poblaciones cambian de gas a energía limpia. Este año, expertos en finanzas han advertido no invertir en compañías de gas natural, pues el costo de la tecnología para generar energía limpia se ha vuelto competitivo. Vistra Energy Corporation y Dominion Energy, con más de 5 millones de clientes en más de una docena de estados, ya anunciaron que no construirán más plantas de gas. Sino que, ahora, generarán energía solar.
Además, las movimientos ciudadanos en Nueva Orleans y Colorado empiezan a consolidarse a medida que más gente se une contra las nuevas propuestas de proyectos de combustibles fósiles. En un futuro con energía limpia, la gente se está uniendo en base a la idea de que ningún sitio debe ser utilizado como zona de sacrificio.
Bello, la ex estudiante de secundaria de Oxnard, nos dice por qué. “Nadie merece plantas de gas porque nosotros no merecemos plantas de gas. Porque somos humanos, y nos merecemos algo mejor”.
Una versión de esta historia se publicó originalmente en la revista Earthjustice Quarterly Magazine, edición Verano 2018.
Jessica A. Knoblauch es una escritora senior. Escribe para las publicaciones impresas y digitales de Earthjustice.
Angela Johnson Meszaros es una abogada basada en Los Ángeles, con más de 20 años de experiencia en temas de calidad del aire y extracción de petróleo.@OurAirMatters
Matt Vespa es un abogado especializado en energía limpia en San Francisco.@MissionVespa
La oficina regional de California de Earthjustice protege comunidades y tierras públicas de la explotación petrolera, protege a los ecosistemas oceánicos, promueve innovaciones de energía limpia, limpia la contaminación ambiental en Los Ángeles y el Valle Central, se opone al transporte de combustibles fósiles peligrosos y combate el uso de pesticidas dañinos. También coordina la campaña derecho a cero de Earthjustice.
