La Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia el día de hoy ordenó a la Agencia Federal de Protección al Ambiente (EPA por sus siglas en inglés) que ya no permita a empresas contaminadoras que se salgan con la suya por contaminación que hayan causado. Los jueces pidieron a la EPA que culmine el proyecto y dé a conocer las regulaciones largamente esperadas de “garantías financieras” que se aplicarán por primera vez a la minería de metales (roca dura) y a otras industrias.

El caso fue atraído por Earthjustice, una firma de abogados nacional sin fines de lucro que trabaja en beneficio del medio ambiente, a nombre de los grupos ambientalistas Liga de Conservación de Idaho (Idaho Conservation League), Earthworks, Sierra Club, Amigos Bravos, Vigilantes de los Recursos del Great Basin (Great Basin Resource Watch), y Comunidades por un Mejor Medio Ambiente (Communities for a Better Environment).

Estas agrupaciones pidieron a los jueces federales que obliguen a la EPA a imponer regulaciones sobre garantías financieras como lo requiere  la Ley Integral de Compensación y Responsabilidad Ambiental (o CERCLA por sus siglas en inglés). Estas regulaciones debieron haberse puesto en vigor en 1983 pero se han postergado por décadas.

“Los vecinos que viven con la contaminación en sus patios han tenido que esperar más de 30 años a que llegara este día,” dijo la abogada de Earthjustice Amanda Goodin. “La resolución de la corte de hoy es clara – ya no veremos más a los contaminadores hacienda trampa, evadiendo sus obligaciones financieras, y esquivando responsabilidades tras haber causado derrames tóxicos dejándole a los contribuyentes los costos de saneamiento y limpieza."

Antecedentes: CERCLA es la ley federal para la limpieza de sustancias peligrosas en toda la nación. Comúnmente conocida como la ley “Superfondo”, establece un regimen mayor para pagar los costos de remediación efectiva y limpieza de sitios de desechos tóxicos. Una provisión de esta ley—sección 108(b)—le pidió a la EPA que garantizara que las compañías que potencialmente pudieran generar sitios tóxicos en el futuro tengan la capacidad financiera de limpiarlos. Estas reglas de “garantías financieras” fueron creadas con la intención de evitar el problema de empresas que ocasionaban sitios tóxicos para luego declarar bancarrota, dejándoles el pago a los contribuyentes lo cual a menudo hacía que el saneamiento de esos sitios peligrosos se aplazara por años.

En 1980, el Congreso le ordenó a la EPA que tomara el primer paso en la expedición de estas reglas antes de 1983. La EPA no hizo nada al respecto hasta que el dictamen de una corte en el 2009 (presentada por muchos de estos mismos grupos) los obligó a comenzar. Pero el esfuerzo inmediatamente se demoró de nuevo, llevando a una segunda demanda legal. La decisión de la corte de hoy pone fin a este patrón de décadas de demoras con un calendario obligatorio para que la EPA concluya el reglamento, al cual la industria se opone vigorosamente.

Extensos análisis e investigación por parte del gobierno ya han demostrado que exigir garantías financieras reduce los riesgos de derrames mayores de sustancias peligrosas. Estos requisitos también juegan un papel importante en prevenir la contaminación tóxica ya que prácticas riesgosas y maquinaria deficiente pueden resultar en costos más altos de cobertura de seguro—así que cuando las reglas sobre las garantías financieras entren en vigor, estas industrias peligrosas tendrán un incentivo para adoptar métodos más seguros.

La EPA ha calculado que uno de cada cuatro estadounidenses vive en un radio menor a tres millas alrededor de un sitio de residuos peligrosos. El costo de limpiar aunque sea solamente uno de ellos es alto—por ejemplo, de acuerdo a un reporte del 2005, costará $140 millones de dólares, en promedio, limpiar cada uno de los 142 sitios más grandes del Superfondo, para un total de casi $20 mil millones de dólares. Los causantes de estos desastres a menudo evaden los costos: Limpieza en 60 de los así llamados “mega-sitios” ya está siendo pagada ya sea parcial o totalmente por fondos públicos. Como los impuestos del Superfondo expiraron hace 15 años, los fondos disponibles para sanear los sitios tóxicos se han reducido dramáticamente. Es por consiguiente crítico que estas reglas de garantías financieras se impongan y así haya fondos para la limpieza de estos sitios.

Rachel Conn, Directora Ejecutiva Interina de Amigos Bravos: “Los jueces estuvieron de acuerdo — las mineras deben mejorar su conducta. El público y el medio ambiente han estado pagando el precio por demasiado tiempo. Si los requisitos sobre garantías financieras se hubieran establecido cuando la ley lo exigía, no estuviéramos enfrentándonos con un pasivo de $800 millones de dólares por la mina CMI Questa de Nuevo México.”

Jennifer Krill, Directora Ejecutiva de Earthworks: “Esta victoria allana el camino para cerrar los vacíos legales que han facilitado que las empresas contaminantes esquiven sus responsabilidades de pagar los altos costos de limpieza. Esta  decisión es una victoria para los millones de familias que viven cerca de sitios industriales contaminados, y para los contribuyentes que han estado costeando las operaciones de remediación en demasiadas ocasiones.”

Andrés Soto, Communities for a Better Environment: “Este importante triunfo legal va a obligar a los contaminadores, que han estado eludiendo las reglas, a que de una vez por todas lidien con sus propios desastres tóxicos de manera responsable. Las comunidades necesitan reglas que oliguen a las instalaciones que procesan materiales dañinos a que cuenten con un fondo en todo momento para atacar el impacto que ejercen sobre los seres humanos y el medio ambiente a los que ponen en riesgo.”

John Robison, Director de Tierras Públicas de la Liga de Conservación de Idaho: “Los ríos de Idaho son la esencia de nuestras comunidades. Esta orden tribunal es un paso largamente esperado en la prevención de futuros derrames tóxicos que podrían amenazar nuestra agua y nuestra calidad de vida.  Asimismo, obligar a las compañías a que paguen un “depósito de daños” o un bono que las incentive a crear operaciones más limpias y más controladas que le ahorren dinero a todos a largo plazo. Es mucho mejor mantener limpios nuestros ríos que tratar de limpiarlos una vez que ya han sido contaminados.”

Lisa Evans, Consejera Legal Senior para Asuntos Administrativos, Earthjustice: “Décadas de inercia en la EPA le han colocado una carga intolerable de realizar la limpieza a las comunidades más vulnerables de la nación. La decisión de la corte del día de hoy remedia esta desigualdad cerrando los vacíos legales que obligarán a las compañías irresponsables a que establezcan un fondo que cubra la remediación de los desastres que causan—una lección que todos aprendemos en el kinder—y a que actúen responsablemente.

John Hadder, Director de Great Basin Resource Watch: “Todos nos beneficiaremos de las protecciones más estrictas emanadas de esta importante victoria legal. Este triunfo llega en una hora en que los residentes que viven cerca de la abandonada mina de cobre en Yerington, Nevada  tienen que utilizar agua embotellada, y tienen que soportar una limpieza estancada por falta de recursos. La probable intoxicación del agua del subsuelo podría haberse evitado si hubiera sido obligatorio para la industria tener ese bono para limpieza de derrames potenciales.”

Nick Jiménez, Abogado Asociado, Sierra Club: “Éstas son buenas noticias para el medio ambiente, para los ciudadanos que viven cerca de las minas y otros sitios tóxicos, y para nuestros recursos financieros. Una regla final sobre garantías financieras nos llevará un paso más cerca de lograr prácticas responsables de minería y beneficios para la salud y el ambiente que esto implica.&rdquo

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