El día de hoy, diez grupos medioambientales demandaron a la administración Trump al impugnar retrocesos en la Regla de Control de Pozos y Dispositivos Anti-Explosión del 2016, una regulación de seguridad diseñada para prevenir otra tragedia como la de Deepwater Horizon por parte de la compañía BP en el 2010.

La coalición tanto de grupos nacionales como locales que presentaron la demanda está compuesta por Earthjustice, Sierra Club, Natural Resources Defense Council y el Southern Environmental Law Center en nombre de Sierra Club, Natural Resources Defense Council, Healthy Gulf, Center for Biological Diversity, Defenders of Wildlife, Friends of the Earth, North Carolina Coastal Federation, y South Carolina Coastal Conservation League.

El caso presentado en el Distrito Norte de California impugna retrocesos clave en la regla de seguridad que incluyen:

• Debilitamiento de los requisitos de rendimiento para los dispositivos anti-explosiones
• Eliminar el sistema de inspectores independientes de equipos de seguridad
• Eximir de nuevas regulaciones a las torres de perforación existentes con estándares desactualizados de dispositivos anti-explosivos
• Eliminar pruebas de equipos de seguridad y estándares de protección

Esta demanda procura restaurar las protecciones establecidas desde el escape de BP en 2010 que causó la muerte de 11 trabajadores y resultó en un derrame de más de 130 millones de gallones de crudo tóxico en el Golfo de México, contaminando 1.300 millas de orillas, matando miles de millones de aves, peces, ballenas, ostras y otras especies. Esto diezmó las industrias pesqueras y de turismo en los estados del Golfo.

Estos grupos alegan que el Departamento de Interior pasó por alto una amplia evidencia, al igual que recomendaciones de expertos, que fueron incluidos en la regla original. También argumentan que el departamento no consideró cómo estos retrocesos pudieran afectar la seguridad de perforaciones a mar adentro y el medio ambiente, a la vez que viola requisitos de transparencia.

A continuación, los grupos emitieron las siguientes declaraciones:

“Estos retrocesos son un paso hacia atrás respecto a los días previos a Deepwater Horizon, cuando la exploración petrolera a mar adentro se supervisaba a sí misma pero que a la postre tuvo un efecto devastador. Este intento de jugar con la seguridad a mar abierto no solamente pone a los trabajadores y nuestras costas en riesgo, sino que también viola la ley”, dijo Chris Eaton, abogado de Earthjustice.

“En las costas del Golfo de México, estos estándares de seguridad tienen altas implicaciones para los trabajadores, el medioambiente y nuestra economía costera”, dijo Cynthia Sarthou, directora ejecutiva del Healthy Gulf. “Esta administración aduce que el costo es una ‘carga’ para una de las industrias más lucrativas del mundo. Esto no es una justificación de peso para menoscabar estas protecciones necesarias que previenen otra catástrofe como la de BP”.

Bob Deans, director de conexión estratégica para el Natural Resources Defense Council, dijo que “la regla de control de pozos fue una de las medidas más importantes que asumimos como nación para reducir el riesgo de otro desastre al estilo BP en el mar. La regla impuesta en el 2016 realza la seguridad del trabajador, la integridad de las inspecciones a los equipos y la vigilancia de pruebas y otras operaciones importantes. Debilitar estas protecciones para aumentar las ganancias de la industria pone a los trabajadores, las aguas y la flora y fauna en un riesgo innecesario. Estamos luchando para restaurar estas medidas y defender todo lo que protegemos”.

“No podemos dejar que la administración Trump convierta la ya sucia perforación a mar adentro en algo más peligroso”, dijo Kristen Monsell, abogada sénior para el Center for Biological Diversity. “Al ignorar las lecciones del desastre de Deepwater Horizon, Trump abre más las posibilidades de otro catastrófico derrame de petróleo. Retroceder en normas de seguridad a la vez que trata de expandir, de forma agresiva, la perforación a mar adentro es algo que me deja perpleja. Por lo tanto, le pedimos a la corte que interceda y proteja a los trabajadores, la flora y fauna, las comunidades costeras y nuestro ambiente”.

“La administración de Donald Trump ha aprovechado cada oportunidad para hacer mella en las normas puestas en marcha para proteger nuestro ambiente y las comunidades costeras”, dijo Hallie Templeton, promotora sénior de océanos para Friends from the Earth. “La búsqueda de ganancias por parte de las grandes compañías petroleras ha impulsado los retrocesos de la administración Trump en seguridad, y es un claro ejemplo del porqué nos debemos mantener vigilantes en garantizar que las agencias federales cumplan las leyes a cabalidad”.

“En su empeño por eliminar estas normas que tienen sentido, la administración Trump pone a los trabajadores en peligro y amenaza a las comunidades costeras con otra devastadora fuga de crudo”, dijo la abogada sénior de Sierra Club, Devorah Ancel. “Continuaremos en la lucha contra de este intento ilegal de darle a la industria de combustibles fósiles rienda suelta para deteriorar nuestras costas y aguas públicas”.

“El desmantelamiento de regulaciones de seguridad que previenen otra calamidad como la de Deepwater Horizon es incorrecto, imprudente y principalmente ilegal. Esta demanda se trata de hacerle frente a la industria de combustibles en nombre de nuestra invaluable herencia marina y oceánica”, dijo Jane Davenport, abogada de Defenders of Wildlife.

“Remover las bolsas de aire y cinturones de seguridad de los automóviles no los hacen más seguros. Igualmente, borrar las reglas de seguridad establecidas después de Deepwater Horizon hace que la arriesgada perforación a mar adentro sea más peligrosa”, dijo Catherine Wannamaker del Southern Environmental Law Center. “Estos retrocesos de la administración Trump no tienen sentido”.

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