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06/16/2022

Terminal de New Fortress Energy en Puerto Rico Debe Someterse a Revisión de FERC, Dictamina Tribunal de Circuito de D.C.

Victory: Esta decisión permitirá que las comunidades afectadas que viven en el puerto de San Juan y sus alrededores tengan la oportunidad de opinar sobre la instalación de importación de gas, construida ilegalmente

Contacto de Prensa

Robert Valencia, estratega de medios hispanos, rvalencia@earthjustice.org

Washington, D.C.

Esta semana, la Corte Federal de Apelaciones del Circuito de D.C. dictaminó que la terminal de importación de gas natural licuado (GNL) New Fortress Energy, construida sin permisos en San Juan, Puerto Rico, debía haber sido revisada primero por la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC). El Tribunal confirmó una previa afirmación de jurisdicción de FERC sobre la terminal y desestimó la afirmación de New Fortress de que la terminal de GNL de San Juan, que levantó ilegalmente, está fuera de la autoridad de FERC. El Tribunal también reconoció el escrito amicus curiae que Earthjustice presentó en este caso en nombre de clientes y socios locales.

New Fortress ahora debe cumplir con una orden de la FERC que le exige presentar una solicitud posterior al hecho para evaluar la terminal en su totalidad y obtener un permiso. Ese proceso de solicitud finalmente permitirá a las comunidades vecinas y al público puertorriqueño una oportunidad significativa para desafiar la falta de seguridad y consideraciones ambientales en el sitio. Ellos han exigido una revisión de estos riesgos, incluyendo la probabilidad de explosiones de gas y los impactos en la salud a largo plazo por la exposición crónica a una mayor contaminación tóxica del aire, desde que New Fortress comenzó ilegalmente la construcción de la terminal en 2019.

“Esta decisión es un alivio en el arduo y largo camino para que los atropellos de compañías contaminantes como New Fortress Energy no continúen por la libre como ha ocurrido hasta ahora. Para nosotros(as), los miembros de la comunidad, esto representa una motivación para continuar exigiendo la ecojusticia para nuestras comunidades. Damos gracias por la atinada y sabia decisión del Tribunal del distrito de Columbia, sentimos que se ha hecho justicia”, dijo la Rev. Dr. Sary N. Rosario Ferreira, pastora local e integrante del Comité de Fe de El Puente Enlace Latino de Acción Climática.

“Esta es una decisión tan importante porque las comunidades aledañas a la terminal de GNL finalmente tienen una victoria después de tantos años de lucha por ser escuchadas. Puerto Rico no puede seguir permitiendo que empresas como New Fortress Energy operen sin permisos diseñados para mantener a las personas y el medio ambiente seguros y saludables. New Fortress debería cerrar de inmediato su operación ilegal y oportunista”, dijo Myrna Conty, líder comunitaria local de Amigos del Río Guaynabo.

Además, Conty agregó que “para 2025, el 40 por ciento de la energía de Puerto Rico debería provenir de fuentes renovables, y no estamos ni cerca. Pero sabemos que el almacenamiento y la energía solar distribuida en los techos es una solución viable que está disponible ahora y puede evitar que vuelvan a ocurrir los desastrosos apagones que vimos después del huracán María. Nuestros funcionarios electos deben dejar de dar largas y actuar de inmediato para hacer la transición a la energía solar y el almacenamiento en los techos”.

“La orden del Circuito de D.C. nos reivindica porque rechaza los continuos intentos de New Fortress de dejar de lado a los más amenazados por sus operaciones al proteger los derechos de nuestros clientes y las comunidades que representan”, dijo Raghu Murthy, abogado de Earthjustice. “Continuaremos exigiendo una declaración rigurosa de impacto ambiental y una revisión de seguridad pública, en conformidad con la Ley de Política Ambiental Nacional, para responsabilizar a New Fortress por las amenazas a la seguridad pública, ambientales y climáticas que presenta su terminal de gas”.

Sobre Earthjustice

Es la organización de derecho ambiental sin fines de lucro más importante del país. Desde nuestra fundación en 1971, nuestro litigio ha enfrentado a empresas con criminales niveles de contaminación y a instituciones gubernamentales, logrando un gran número de protecciones básicas para las personas y el planeta.