Organizaciones ambientales y de derechos humanos presentaron una acción urgente ante Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas en representación de miembros de la comunidad indígena Ngöbe, quien enfrenta el inminente desalojo forzoso de sus tierras a causa de la implementación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco al oeste de Panamá.  Este desaolojo desplazaría a las comunidades Ngöbe de su tierra, la cual constituye su principal fuente de alimento, agua y medios de subsistencia, así como de su cultura.

La acción urgente, presentada por la organización Ngöbe Movimiento 10 de Abril para la Defensa del Río Tabasará (M10) y tres ONG internacionales, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), y Earthjustice, solicita a los Relatores Especiales hacer un llamado al Estado de Panamá para que detenga los procesos de desalojo y la construcción de la represa, hasta tanto cumpla con sus obligaciones internacionales.  Dado que el proyecto es financiado por los Bancos de Desarrollo alemán y holandés (DEG and FMO, respectivamente), así como por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), las organizaciones instaron a los Relatores Especiales a requerir a Alemania, Holanda y a los países miembros del BCEI, que suspendan el financiamiento hasta que cada país tome medidas para reparar y prevenir violaciones de derechos humanos adicionales en perjuicio del pueblo Ngöbe.

Los desalojos forzosos de los Ngöbe son la más reciente amenaza derivada del proyecto Barro Blanco.  Éstas implican la inminente violación de sus derechos humanos a la vivienda adecuada, propiedad, consentimiento libre, previo e informado, alimentación, al agua y a los medios de subsistencia, así como a la cultura y a la educación.  “Nuestras tierras y recursos naturales son los aspectos más importantes de nuestra cultura.  Todos los días tememos ser desplazados de nuestro hogar” dijo Weni Bagama del M10.

Esta acción resalta el hecho de que los miembros de la comunidad Ngöbe nunca fueron consultados ni otorgaron su consentimiento para abandonar sus tierras.  “Panamá debe respetar los derechos del pueblo indígena Ngöbe y abstenerse de llevar a cabo el desalojo.  Ejecutar estos desaolojos forzosos constituiría una violación del derecho internacional de los derechos humanos”, señaló María José Veramendi Villa de AIDA.

Asimismo, un punto central de la acción es el rol de los gobiernos cuyos bancos financian la represa.  “De acuerdo al derecho internacional, los Estados deben asegurar que su bancos de desarrollo no financien proyectos que violen derechos humanos, incluso extraterritorialmente.  Llevar a cabo los desaolojos forzosos de los Ngöbe sin su consentimiento es una razón suficiente para suspender el financiamiento de este proyecto”, manifestó Abby Rubinson de Earthjustice.

El registro del proyecto Barro Blanco bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto (MDL) es otro punto de preocupación.  “La omisión de Panamá de proteger a los Ngöbe de ser desplazados forzosamente de sus tierras sin su consentimiento arroja serias dudas sobre la capacidad del MDL para asegurar el respeto de los derechos humanos de acuerdo al derecho internacional”, dijo Alyssa Johl de CIEL.  “Los proyectos del MDL deben ser diseñados e implementados de tal forma que respeten las obligaciones en materia de derechos humanos”.