Agencia Ambiental En Texas Enfrenta Cargos por Violaciones a Derechos Civiles Federales

TCEQ discrimina al no proveer acceso de información en español

Contacto de Prensa

Robert Valencia, Spanish language media strategist, Earthjustice

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La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) estÔ violando la Ley Federal de Derechos Civiles y discrimina en base al origen nacional al no requerir avisos de reuniones públicas y servicios de idiomas de manera equitativa, de acuerdo con un grupo de justicia ambiental y dos organizaciones ambientales nacionales.

Earthjustice, en nombre de Texas Environmental Justice Advocacy Services (t.e.j.a.s., por sus siglas en inglés) de Houston y el Sierra Club, presentó una queja ante la Oficina de Derechos Civiles de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y el Departamento de Justicia.

Los grupos argumentan que la TCEQ discrimina contra las personas con dominio limitado del inglés al no ofrecer información de manera equitativa.

La guĆ­a de la EPA prohĆ­be conductas que tengan un impacto desproporcionado en personas con dominio limitado del inglĆ©s. La guĆ­a establece que ā€œel hecho de no garantizar que las personas con conocimientos limitados del inglĆ©s (LEP, por sus siglas en inglĆ©s) puedan participar o beneficiarse efectivamente de los programas y actividades con asistencia federal puede violar la prohibición del TĆ­tulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964ā€.

Si bien la discriminación en Texas es el centro de esta queja, el hecho de no proporcionar avisos de audiencia pública e información accesible a las personas con dominio limitado del inglés es un problema en todo el país, incluyendo California, Colorado, Illinois, Nueva Jersey y Luisiana.

El estado de Texas no exige que la TCEQ proporcione un aviso de idioma alternativo para reuniones públicas llevadas a cabo para acciones de permisos ambientales estatales ni servicios de interpretación en dichas juntas.

En la queja, los grupos seƱalan que ā€œel aviso pĆŗblico es un derecho legal protegido y una parte integral del proceso de toma de decisiones sobre permisos ambientalesā€.

ā€œEsto significa que los miembros de la comunidad afectados que no hablan inglĆ©s en todo Texas no tienen conocimiento de las reuniones pĆŗblicas y, por lo tanto, se les niega la oportunidad de participar plenamente en el proceso de toma de decisiones sobre los permisosā€, seƱala la queja.

La queja indica que existen comunidades lingüísticamente aisladas alrededor de Texas que son desproporcionadamente de bajos ingresos y que pertenecen a comunidades de color. En Manchester, por ejemplo, donde se ubica t.e.j.a.s, el 93,69 por ciento son latinos, casi el 90 por ciento son de bajos ingresos y casi la mitad tienen un dominio limitado del inglés.

ā€œLas comunidades latinas e inmigrantes en Houston y en todo Texas han sido marginadas y sobrecargadas de una contaminaciónā€, seƱaló Yvette Arellano, defensora de base, investigación de polĆ­tica y personal sĆ©nior para t.e.j.a.s. 

ā€œA menudo, los miembros de la comunidad no saben nada acerca de la construcción de una nueva unidad en una refinerĆ­a de petróleo, planta de concreto u otra infraestructura peligrosa debido a la falta de avisos en espaƱol. Las reglas actuales imponen una carga tremenda a los miembros de la comunidad, una que frecuentemente necesita el asesoramiento de expertos para superar, pero este no deberĆ­a ser el caso. Como mĆ­nimo, se debe exigir al TCEQ que cumpla con la ley y que ofrezca igual acceso a los avisos de las reuniones en el idioma principal de las personas y los servicios de interpretación necesarios. Es su deber para con las comunidades que deben protegerā€, agregó.

Según el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, es ilegal que una entidad, como una agencia ambiental del estado, reciba dinero federal y discrimine por motivos de raza, color u origen nacional. La discriminación no necesita ser intencional. Asimismo, el término bajo la Ley de Derechos Civiles se refiere a cualquier decisión que tenga un impacto desigual injustificado.

ā€œLas leyes federales de derechos civiles son clarasā€, seƱaló Isabel Segarra TreviƱo, abogada de Earthjustice que presentó la demanda en nombre de t.e.j.a.s. y el Sierra Club. ā€œLas agencias estatales no pueden usar dineros federales y ofrecer a algunas comunidades mĆ”s acceso a la información que el que brindan a otras.

ā€œSolicitamos equidad bĆ”sica para las personas con dominio limitado del inglĆ©s, para que puedan ejercer sus derechos en la misma medida que las personas que dominan el inglĆ©sā€, agregó Segarra TreviƱo. ā€œTexas no debe continuar tratando a algunos de sus residentes como ciudadanos de segunda clase, especialmente cuando la salud pĆŗblica y la seguridad estĆ”n en juegoā€.

Esta conducta discriminatoria tiene serias implicaciones para que una comunidad se involucre en temas que afectan la salud pública. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2018, los miembros de la comunidad de Manchester supieron que la compañía petrolera Valero solicitó modificar su permiso aéreo estatal para emitir 10 veces la cantidad de cianuro de hidrógeno tóxico que se le permitía emitir bajo un permiso existente. La comunidad se ha involucrado y produjo casi 350 solicitudes de reuniones y audiencias.

Los miembros de la comunidad y los funcionarios electos solicitaron una reunión pública que el director ejecutivo de la TCEQ programó para el 4 de junio del año pasado. Pero los residentes de Manchester fueron discriminados porque el aviso solo se emitió en inglés. Los miembros de la comunidad y funcionarios electos solicitaron una segunda reunión. La TCEQ programó la reunión para el 20 de septiembre del año pasado y emitió un aviso bilingüe, pero publicó el aviso en español solo 4 días antes de la junta.

Houston es una de las 25 ciudades mÔs contaminadas con ozono en el país, según la American Lung Association, y consecuentemente no cumple con los estÔndares federales de ozono. Entre tanto, el diario Houston Chronicle descubrió que dos comunidades predominantemente latinas son las mÔs contaminadas de la ciudad. La organización Union of Concerned Scientists encontró niveles significativamente mÔs altos de toxicidad y riesgo de cÔncer en Manchester y Harrisburg, ambos de mayoría latina, en comparación con West Oaks / Eldridge y Bellaire, barrios de mayoría blanca de ingresos altos.

ā€œDurante dĆ©cadas, los miembros locales del Sierra Club en el Ć”rea de Houston han sido testigos del incumplimiento del TCEQ de su misión declarada de proteger la salud pĆŗblicaā€, dijo Neil Carman, Director de Aire Limpio del CapĆ­tulo de Texas Lone Star del Sierra Club. ā€œEs hora de que la agencia deje de ignorar su misión y proporcione el acceso necesario a la información para que las personas puedan participar plenamente en los problemas que involucran su salud y bienestarā€.

Las reglas de la TCEQ afectan especialmente a comunidades en Houston. Es la ciudad mÔs diversa del país en donde se hablan mÔs de 140 idiomas y casi una cuarta parte de la población nació en el extranjero.

Los grupos ambientalistas señalan que las comunidades latinas, en su mayoría mexicoamericana, han luchado contra la discriminación desde 1848 cuando el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que marcó el final de la guerra entre Estados Unidos y México, naturalizó involuntariamente a mÔs de 115.000 mexicanos de habla hispana y los obligó a una ciudadanía estadounidense de segunda clase. Los grupos lucharon contra el terror sancionado por el gobierno, incluso a asesinatos llevados a cabo por Texas Rangers, un brazo policial del gobierno de Texas y la discriminación en lugares públicos, incluidas las escuelas basada en parte en políticas escolares que requerían hablar solo en inglés.

Los grupos estÔn pidiendo a la EPA que investigue si la TCEQ violó la Ley de Derechos Civiles y las regulaciones de la EPA. También estÔn pidiendo al Departamento de Justicia de los EE.UU. Que desempeñe un papel activo en la coordinación de la investigación y la acción de cumplimiento.

También se solicita que la TCEQ otorgue una petición de reglamentación estatal que remedie parcialmente las condiciones discriminatorias. Las peticiones incluyen: enmendar el código estatal para exigir un aviso público para las reuniones públicas en un idioma alternativo, incluido un requisito mínimo de 30 días de correo y un aviso público. AdemÔs, se solicitan servicios de interpretación en reuniones públicas.

Sobre Earthjustice

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La refinerĆ­a petrolera de Valero, en Port Arthur, Texas, rodeada de agua. Septiembre 1 de 2017
(ALEX GLOSTRUM / LOUISIANA BUCKET BRIGADE)
La refinerĆ­a petrolera de Valero, en Port Arthur, Texas, rodeada de agua. Septiembre 1 de 2017. (Alex Glostrum / Louisiana Bucket Brigade)

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