La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) está violando la Ley Federal de Derechos Civiles y discrimina en base al origen nacional al no requerir avisos de reuniones públicas y servicios de idiomas de manera equitativa, de acuerdo con un grupo de justicia ambiental y dos organizaciones ambientales nacionales.

Earthjustice, en nombre de Texas Environmental Justice Advocacy Services (t.e.j.a.s., por sus siglas en inglés) de Houston y el Sierra Club, presentó una queja ante la Oficina de Derechos Civiles de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y el Departamento de Justicia.

Los grupos argumentan que la TCEQ discrimina contra las personas con dominio limitado del inglés al no ofrecer información de manera equitativa.

La guía de la EPA prohíbe conductas que tengan un impacto desproporcionado en personas con dominio limitado del inglés. La guía establece que “el hecho de no garantizar que las personas con conocimientos limitados del inglés (LEP, por sus siglas en inglés) puedan participar o beneficiarse efectivamente de los programas y actividades con asistencia federal puede violar la prohibición del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964”.

Si bien la discriminación en Texas es el centro de esta queja, el hecho de no proporcionar avisos de audiencia pública e información accesible a las personas con dominio limitado del inglés es un problema en todo el país, incluyendo California, Colorado, Illinois, Nueva Jersey y Luisiana.

El estado de Texas no exige que la TCEQ proporcione un aviso de idioma alternativo para reuniones públicas llevadas a cabo para acciones de permisos ambientales estatales ni servicios de interpretación en dichas juntas.

En la queja, los grupos señalan que “el aviso público es un derecho legal protegido y una parte integral del proceso de toma de decisiones sobre permisos ambientales”.

“Esto significa que los miembros de la comunidad afectados que no hablan inglés en todo Texas no tienen conocimiento de las reuniones públicas y, por lo tanto, se les niega la oportunidad de participar plenamente en el proceso de toma de decisiones sobre los permisos”, señala la queja.

La queja indica que existen comunidades lingüísticamente aisladas alrededor de Texas que son desproporcionadamente de bajos ingresos y que pertenecen a comunidades de color. En Manchester, por ejemplo, donde se ubica t.e.j.a.s, el 93,69 por ciento son latinos, casi el 90 por ciento son de bajos ingresos y casi la mitad tienen un dominio limitado del inglés.

“Las comunidades latinas e inmigrantes en Houston y en todo Texas han sido marginadas y sobrecargadas de una contaminación”, señaló Yvette Arellano, defensora de base, investigación de política y personal sénior para t.e.j.a.s. 

“A menudo, los miembros de la comunidad no saben nada acerca de la construcción de una nueva unidad en una refinería de petróleo, planta de concreto u otra infraestructura peligrosa debido a la falta de avisos en español. Las reglas actuales imponen una carga tremenda a los miembros de la comunidad, una que frecuentemente necesita el asesoramiento de expertos para superar, pero este no debería ser el caso. Como mínimo, se debe exigir al TCEQ que cumpla con la ley y que ofrezca igual acceso a los avisos de las reuniones en el idioma principal de las personas y los servicios de interpretación necesarios. Es su deber para con las comunidades que deben proteger”, agregó.

Según el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, es ilegal que una entidad, como una agencia ambiental del estado, reciba dinero federal y discrimine por motivos de raza, color u origen nacional. La discriminación no necesita ser intencional. Asimismo, el término bajo la Ley de Derechos Civiles se refiere a cualquier decisión que tenga un impacto desigual injustificado.

“Las leyes federales de derechos civiles son claras”, señaló Isabel Segarra Treviño, abogada de Earthjustice que presentó la demanda en nombre de t.e.j.a.s. y el Sierra Club. “Las agencias estatales no pueden usar dineros federales y ofrecer a algunas comunidades más acceso a la información que el que brindan a otras.

“Solicitamos equidad básica para las personas con dominio limitado del inglés, para que puedan ejercer sus derechos en la misma medida que las personas que dominan el inglés”, agregó Segarra Treviño. “Texas no debe continuar tratando a algunos de sus residentes como ciudadanos de segunda clase, especialmente cuando la salud pública y la seguridad están en juego”.

Esta conducta discriminatoria tiene serias implicaciones para que una comunidad se involucre en temas que afectan la salud pública. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2018, los miembros de la comunidad de Manchester supieron que la compañía petrolera Valero solicitó modificar su permiso aéreo estatal para emitir 10 veces la cantidad de cianuro de hidrógeno tóxico que se le permitía emitir bajo un permiso existente. La comunidad se ha involucrado y produjo casi 350 solicitudes de reuniones y audiencias.

Los miembros de la comunidad y los funcionarios electos solicitaron una reunión pública que el director ejecutivo de la TCEQ programó para el 4 de junio del año pasado. Pero los residentes de Manchester fueron discriminados porque el aviso solo se emitió en inglés. Los miembros de la comunidad y funcionarios electos solicitaron una segunda reunión. La TCEQ programó la reunión para el 20 de septiembre del año pasado y emitió un aviso bilingüe, pero publicó el aviso en español solo 4 días antes de la junta.

Houston es una de las 25 ciudades más contaminadas con ozono en el país, según la American Lung Association, y consecuentemente no cumple con los estándares federales de ozono. Entre tanto, el diario Houston Chronicle descubrió que dos comunidades predominantemente latinas son las más contaminadas de la ciudad. La organización Union of Concerned Scientists encontró niveles significativamente más altos de toxicidad y riesgo de cáncer en Manchester y Harrisburg, ambos de mayoría latina, en comparación con West Oaks / Eldridge y Bellaire, barrios de mayoría blanca de ingresos altos.

“Durante décadas, los miembros locales del Sierra Club en el área de Houston han sido testigos del incumplimiento del TCEQ de su misión declarada de proteger la salud pública”, dijo Neil Carman, Director de Aire Limpio del Capítulo de Texas Lone Star del Sierra Club. “Es hora de que la agencia deje de ignorar su misión y proporcione el acceso necesario a la información para que las personas puedan participar plenamente en los problemas que involucran su salud y bienestar”.

Las reglas de la TCEQ afectan especialmente a comunidades en Houston. Es la ciudad más diversa del país en donde se hablan más de 140 idiomas y casi una cuarta parte de la población nació en el extranjero.

Los grupos ambientalistas señalan que las comunidades latinas, en su mayoría mexicoamericana, han luchado contra la discriminación desde 1848 cuando el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que marcó el final de la guerra entre Estados Unidos y México, naturalizó involuntariamente a más de 115.000 mexicanos de habla hispana y los obligó a una ciudadanía estadounidense de segunda clase. Los grupos lucharon contra el terror sancionado por el gobierno, incluso a asesinatos llevados a cabo por Texas Rangers, un brazo policial del gobierno de Texas y la discriminación en lugares públicos, incluidas las escuelas basada en parte en políticas escolares que requerían hablar solo en inglés.

Los grupos están pidiendo a la EPA que investigue si la TCEQ violó la Ley de Derechos Civiles y las regulaciones de la EPA. También están pidiendo al Departamento de Justicia de los EE.UU. Que desempeñe un papel activo en la coordinación de la investigación y la acción de cumplimiento.

También se solicita que la TCEQ otorgue una petición de reglamentación estatal que remedie parcialmente las condiciones discriminatorias. Las peticiones incluyen: enmendar el código estatal para exigir un aviso público para las reuniones públicas en un idioma alternativo, incluido un requisito mínimo de 30 días de correo y un aviso público. Además, se solicitan servicios de interpretación en reuniones públicas.

Sobre Earthjustice

Earthjustice es la principal organización sin fines de lucro de derecho ambiental. Ejercemos el poder de la ley y la fuerza de la asociación para proteger la salud de las personas, preservar lugares magníficos y vida silvestre, promover la energía limpia y combatir el cambio climático.