Grupos Comunitarios Solicitan a Comisionado de Agricultura en California Que Detenga La Fumigación Con Pesticidas Cerca De Escuelas Públicas
Un análisis ambiental es necesario para garantizar la seguridad de niños, trabajadores agrícolas y los maestros
Contacto de Prensa
Robert Valencia, Estratega de medios hispanos, Earthjustice, rvalencia@earthjustice.org, (212) 845-7376
El Comisionado de Agricultura del Condado de Monterey, California, recibió hoy un exhorto legal por parte de una coalición de grupos comunitarios, que solicitan la revisión de los permisos que aprueban el uso de materiales restringidos de numerosos pesticidas alrededor de una milla de las escuelas primarias Ohlone Elementary, Hall District Elementary y Pajaro Middle School en el norte del condado. Los grupos piden que el Comisionado detenga todas las fumigaciones autorizadas por estos permisos emitidos indebidamente hasta que se lleve a cabo el análisis requerido sobre los impactos en la salud y el medio ambiente.
El Consejo Laboral Central de la Bahía de Monterey, el Centro para Familias Campesinas, la Federación de Maestros del Valle de Pájaro, Agricultura Segura, Escuelas Seguras (Safe Ag Safe School) y Californianos por la Reforma de Pesticidas, representados por Earthjustice, advierten que el uso de pesticidas como fumigantes altamente tóxicos 1,3 D y cloropicrina, sin una revisión adecuada, presentan serios riesgos para la salud de los trabajadores agrícolas, los niños, los maestros y otros miembros de la comunidad del condado de Monterey.
Los datos obtenidos como resultado de 10 años de monitorear la calidad del aire de la Escuela Primaria Ohlone, confirman que la corriente de aire cargada con pesticidas a niveles nocivos para la salud en dicha escuela es incontrolable. Los niveles del fumigante restringido 1,3 D medidos aquí han excedido cada año el nivel legal establecido recientemente por la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental desde 2012.
La aprobación de rutina del Comisionado de materiales restringidos, una designación otorgada a los pesticidas que son más dañinos o propensos a la deriva, afecta de manera desproporcionada a la comunidad latina que vive y trabaja en Pajaro Valley. El exhorto legal cita secciones de solicitudes de permisos que deberían detallar la revisión ambiental, pero en su lugar contienen texto de relleno sin sentido o nada en absoluto y tampoco proporcionan evidencia de revisión independiente por parte del Comisionado. El aviso también muestra un patrón de aprobación de permisos de fumigación no revisados presentados en el último minuto, justo antes de la temporada de fumigación. Un informe de UCLA en 2019 confirma que los comisionados de agricultura de todo California violan la ley estatal al no analizar los impactos acumulativos en la salud y las alternativas más seguras al aprobar los permisos de pesticidas.
El cuestionamiento de permisos se basa en los esfuerzos continuos de los grupos comunitarios para obtener zonas de reducción más grandes entre las escuelas y los sitios donde se aplican los pesticidas y para mejorar la falta de transparencia en el proceso de permisos al requerir una notificación pública anticipada de todas las fumigaciones que se vayan a realizar.
“Los niños de estas tres escuelas son 99% latinos. Que el comisionado de agricultura del condado permita el uso de pesticidas altamente peligrosos alrededor de estas escuelas sin cumplir con su obligación legal de analizar alternativas más seguras e impactos acumulativos es un caso escandaloso de racismo ambiental”, dijo la Dra. Ann López, directora ejecutiva del Centro para Familias Campesinas.
“¿Cómo puede el Comisionado de Agricultura decirnos que estamos a salvo de los pesticidas, cuando no tienen en cuenta los peligros adicionales que plantean las fumigaciones combinadas”? dijo Francisco Rodríguez, ex presidente de la Federación de Maestros del Valle de Pájaro y secretario-tesorero del Consejo Laboral Central de la Bahía de Monterey. “Los pesticidas se aplican juntos o cerca unos de otros cientos de veces al año en el condado de Monterey, por lo que este es un problema de salud comunitario grave que debe abordarse de inmediato”.
“Sabemos que la ley estatal requiere la aprobación del gobierno para el registro y que el uso de pesticidas debe incluir la evaluación de alternativas más seguras al pesticida en cuestión. Nuestro comisionado de agricultura no está haciendo eso. Exigimos que haga su trabajo y proteja la salud de las comunidades de trabajadores agrícolas de los daños causados por los pesticidas”, dijo Yanely Martínez, organizadora de Agricultura Segura, Escuelas Seguras (Safe Ag Safe Schools) del condado de Monterey.
“El Comisionado de Agricultura del Condado de Monterey no está siguiendo la Ley de Calidad Ambiental de California o el Código de Alimentos y Agricultura. Estas leyes fueron diseñadas para proteger a las comunidades de los efectos directos e indirectos a causa de la exposición a pesticidas, incluidos los impactos acumulativos asociados con el uso de muchos pesticidas diferentes aprobados frecuentemente en la misma área. Ya es hora de dejar de aprobar el uso de químicos tóxicos”, dijo Elizabeth Fisher, abogada principal de Earthjustice.
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