San Juan, Puerto Rico —

Ocho organizaciones de la sociedad civil, ambiental, laboral y otros grupos comunitarios presentaron este lunes una solicitud ante el Tribunal de Apelaciones, el cual busca revertir la decisión del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de no imponerle un esquema de penalidades a LUMA Energy, a pesar de que los usuarios pagan una de las tasas eléctricas más altas de los Estados Unidos a cambio de un pobre servicio.

La solicitud presentada precisa que tanto la política pública energética de Puerto Rico como el propio reglamento del NEPR son claros en requerir la imposición de incentivos acompañados por penalidades. Señalan que el NEPR está obligado a cumplir con la ley y a emitir conclusiones de derecho basadas en ella. No hacerlo, según la solicitud, resultaría en una actuación arbitraria y caprichosa de la agencia que representaría un asunto de vida o muerte para muchos puertorriqueños, afectados por apagones en medio de una fuerte ola de calor que azota el archipiélago.

La decisión del NEPR se basa en que, según ellos, esta es la primera vez que se impone un esquema de penalidades en Puerto Rico y LUMA está recién comenzando. Sin embargo, es también la primera vez que se impone un esquema de incentivos y bonificaciones a una compañía privada de servicio eléctrico. La solicitud subraya que LUMA no cumple “ni siquiera con el nivel mínimo de desempeño en ninguna métrica, incluidas las métricas sobre eventos prolongados de interrupción en el servicio eléctrico, y aún ser elegible para ganar la tarifa de incentivo anual máxima de $20 millones dispuesta en el contrato”.

A raíz de estos hechos, la abogada de Earthjustice, Laura Arroyo, señaló: “¿Por qué imponerle incentivos mas no penalidades? La decisión del NEPR es ilógica e insólita, no sólo porque es contrario a derecho sino porque se da precisamente en una de las peores crisis energéticas que el país atraviesa”.

Asimismo, la licenciada Lorena I. Vélez Miranda, también de Earthjustice, agregó que “es preocupante que durante los tres años y medio que se viene ventilando la aprobación de un esquema de métricas de desempeño de LUMA el NEPR se niegue a implementar un esquema de penalidades cuando las leyes energéticas así lo requieren y representa un mecanismo para evitar muchas de las cosas que están ocurriendo en el país, como los apagones diarios”.

“Es importante que los servicios y labores de LUMA puedan medirse y juzgarse para garantizar un mejor servicio en beneficio del pueblo, no como un instrumento más de beneficio o lucro adicional para esa empresa. El NEPR falló en esto al no garantizar esto como tampoco quiso imponer un sistema de penalidades en caso de pobres desempeños”, dijo el licenciado Pedro Saadé.

La decisión de dar ventaja económica a LUMA y de no promover la rendición de cuentas al país por su pobre desempeño ocurre a semanas desde que 300 mil abonados se quedaron sin luz el 12 de junio, por fallas en dos líneas de transmisión entre San Juan y Aguas Buenas. La falta de luz durante días, la cual sucedió en medio de una de las peores olas de calor en Puerto Rico, afectó áreas de San Juan, Bayamón y Carolina.

“El historial de apagones que reflejan el mediocre servicio de LUMA debería ser razón suficiente para que el Tribunal reconsidere la decisión de imponer métricas más exigentes,” dijo Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico.

“Exigimos a las autoridades competentes que se promueva la creación de un programa de país para un sistema eléctrico basado en generación mediante placas solares y almacenamiento en baterías usando la fuerza laboral puertorriqueña como la única y verdadera alternativa al obsoleto sistema eléctrico que nos rige”, subrayó Myrna Conty, ambientalista y líder comunitaria.

Asimismo, Walberto Rolón, presidente interino de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), expresó que la determinación del NEPR no solo es contraria a derecho, sino que es un ejercicio arbitrario que distorsiona la función del NEPR como supuesto regulador independiente y que protege a LUMA por encima de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.