Amigos de los Everglades Presenta Demanda para Obtener Registros Públicos Respecto al Centro de Detención de Everglades

La División de Manejo de Emergencias de Florida está gastando millones de dólares de los contribuyentes en un centro de detención masiva de inmigrantes en los Everglades sin revelar acuerdos financieros con el gobierno federal, de acuerdo con una demanda presentada ayer por Amigos de los Everglades.

El hecho de no revelar dichos registros viola la Ley de Gobierno Bajo la Luz del Sol de Florida, que requiere que las agencias pongan los registros oficiales a disposición del público.

Amigos de los Everglades, representados en este caso por Earthjustice y el abogado Paul Schwiep del bufete Coffey Burlington, han solicitado registros públicos bajo el Estatuto de Florida, Capítulo 119, desde el 24 de junio del año en curso, en relación con el centro de detención de los Everglades, construido apresuradamente. En otra demanda federal que impugna la falta de estudio de los impactos ambientales de este centro de detención, la División de Gestión de Emergencias de Florida afirmó que no hubo participación federal que exigiera el cumplimiento de la ley ambiental federal.

El pasado 23 de junio, la División de Gestión de Emergencias de Florida se apoderó de una propiedad del condado de Miami-Dade en la Reserva Nacional Big Cypress y comenzó a gastar cientos de millones de dólares públicos con el fin de crear un campamento para retener a las personas detenidas en redadas de inmigración, al que cínicamente apodaron “Alcatraz de los Caimanes”.

La División solicitó un reembolso al gobierno federal hace más de dos meses, pero no lo reveló durante los procedimientos judiciales clave. El pasado 21 de agosto, una corte federal suspendió la construcción y operación de la instalación hasta que se realizaran las evaluaciones ambientales, pero la Corte de Apelaciones suspendió esa decisión el 4 de septiembre, alegando que Florida aún no había solicitado fondos federales.

“Cuando la Corte de Apelaciones emitió su orden pausando la orden de la corte de primera instancia de detener las operaciones en el centro de detención, la Corte de Apelaciones dijo más de una vez que el Departamento de Gestión de Emergencias de Florida no había solicitado fondos federales. Ahora sabemos que esto estaba mal”, dijo el abogado Paul Schwiep de Coffey Burlington.

La División de Gestión de Emergencias de Florida retuvo indebidamente documentos de solicitud y la adjudicación de la subvención. Estos documentos son registros públicos.

Amigos de los Everglades, los tribunales y el público tienen derecho a acceder a ellos según la Constitución de Florida, que consagra el derecho del público a los registros públicos.

Como lo señala la demanda de esta semana, en lugar de cumplir con la ley de registros públicos que rige bajo la luz del sol, la División de Gestión de Emergencias de Florida “no ha (i) respondido oportunamente a estas solicitudes; (ii) no ha producido todos los documentos en respuesta a las solicitudes cuando respondió; y, más recientemente, (iii) ha ignorado las solicitudes de producción de la solicitud de subvención de los dos Demandados a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de los Estados Unidos ( “ FEMA ”) para la financiación del centro de detención, y los documentos de concesión de la subvención”.

“El Alcatraz de los Caimanes se planeó, construyó y operó en secreto, desafiando las leyes de registros públicos de Florida”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Amigos de los Everglades. “Los funcionarios del gobierno de Florida han engañado al público para el que supuestamente trabajan, y, como resultado, los Everglades han resultado perjudicados. No descansaremos hasta que esta área silvestre única esté protegida, como lo exige la ley”.

“Los floridanos tienen el derecho legal de saber cómo el estado financia proyectos importantes, especialmente cuando causan daños ambientales irreparables”, declaró Tania Galloni, abogada gerente de la oficina de Earthjustice en Florida. “La ley impide que las agencias de Florida gasten fondos públicos en secreto”.

El 27 de junio, Amigos de los Everglades presentó una demanda federal amparándose en la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), debido a que la instalación de inmigración se construyó sin la revisión ambiental exigida por la ley federal. Un problema en este asunto se relaciona con la financiación federal para la instalación.

Tras una audiencia probatoria de cuatro días, celebrada los días 6, 7, 12 y 13 de agosto, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió una orden judicial preliminar para el cierre de las operaciones de la instalación, basándose en parte en la declaración del demandado de que la instalación recibiría financiación federal —algo que afirma la demanda de esta semana. Durante la audiencia, el demandado no reveló que había presentado una solicitud de subvención al gobierno federal el pasado 7 de agosto.

El 26 de agosto, la parte demandada apeló la medida cautelar y solicitó una suspensión en espera de la apelación. Nuevamente, la parte demandada no reveló que ya había presentado su solicitud de fondos federales. La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito concedió la suspensión de la medida cautelar, alegando repetidamente el hecho de que la parte demandada aún no había solicitado fondos federales.

El caso continúa en tribunales. La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito ha acelerado la apelación de la medida cautelar y el escrito de la División debe presentarse el 24 de octubre. Como señala la demanda, Amigos de los Everglades “merece el beneficio de tener los registros públicos que respaldan sus reclamos disponibles sin más demora”.