Comunidades Mapuche Denuncian Proyectos Extractivos en Mendoza ante Organismo de las Naciones Unidas
Organizaciones del Pueblo Mapuche y de la sociedad civil reclaman la falta de consulta y consentimiento sobre el megaproyecto minero Malargüe Distrito Minero Occidental y otras actividades extractivas en su territorio tradicional
Contacto de Prensa
Werken Gabriel Jofre, Organización Identidad Territorial Malalweche, +54 9 (260) 459-2679
Jacob Kopas, Earthjustice, jkopas@earthjustice.org, +1 (586) 292-4603
Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, Comunidades Mapuche Denuncian Proyectos Extractivos en Mendoza ante Organismo de las Naciones Unidas XUMEK, pueblosindigenas@xumek.org, +54 9 (261) 680-7798
La Organización Identidad Territorial Malalweche, que agrupa a comunidades del Pueblo Mapuche de Mendoza, junto con organizaciones de la sociedad civil denunciaron la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos extractivistas ante el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, un órgano de las Naciones Unidas cuyo mandato es la promoción de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
“El gobierno provincial está promoviendo la rápida expansión de proyectos extractivos en territorios ancestrales mapuches en Mendoza, sin nuestra consulta ni consentimiento previo, libre e informado como requiere el derecho internacional” dijo Gabriel Jofre, werken (vocero) de la Organización Malalweche. “Este modelo extractivista de desarrollo no puede continuar de esta manera, pisoteando los derechos de las comunidades originarias que hemos mantenido una relación especial con nuestros territorios desde miles de años.”
Entre los proyectos extractivos que la organización Mapuche señaló está el megaproyecto Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), que incorpora a 131 proyectos de exploración minera y abarca hasta 20.000 km2 del departamento de Malargüe. La legislatura de Mendoza recién aprobó el segundo bloque de este proyecto, el MDMO II, el 9 de diciembre de 2025, junto con el Proyecto San Jorge de mina a cielo para la extracción de cobre en Uspallata (Mendoza)—sin consulta previa ni licencia social.
Estos proyectos tendrán impactos importantes en los derechos de las comunidades Mapuche, limitando el acceso a sus tierras y los sitios ceremoniales; a la alimentación, al agua, a la salud; y afectando a la economía indígena y formas tradicionales de producción.
“La explotación de nuestros recursos naturales también está siendo acompañada por una campaña de vaciamiento de nuestro territorio,” expresó Jofre. Ante la ausencia de instituciones o normas que garanticen efectivamente los derechos del Pueblo Mapuche, las autoridades provinciales y judiciales están permitiendo a empresas privadas desalojar forzosamente a familias y comunidades Mapuche de su territorio ancestral. “Les resulta más fácil desalojar a las comunidades originarias y borrar la identidad Mapuche que entrar en diálogo respetuoso y en condiciones de igualdad.”
A pesar de afectar territorio tradicional de comunidades Mapuche—un hecho reconocido incluso por las mismas autoridades provinciales—hasta el momento no se han iniciado los procesos de consulta previa que estas comunidades han exigido en varios momentos.
En julio de este año, a raíz de una acción que presentaron 20 comunidades, el Ministerio de Energía y Ambiente admitió que había fallas en el protocolo de consulta previa en la provincia. Instruyó a la Dirección de Minería a realizar una consulta con la Organización Malalweche y las comunidades con el fin de revisar este protocolo. Sin embargo, este proceso se ha estancado por falta de accionar de parte de las autoridades provinciales.
El foro se realizó con el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas en el marco de su nuevo estudio sobre Consentimiento Libre, Previo e Informado de Pueblos Indígenas, Empresas y Derechos Humanos. La Organización Malalweche presentó información al Grupo de Trabajo con el apoyo de Xumek, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice.
Este momento marcó la segunda vez este año en que se denuncia la grave situación derivada de los conflictos con proyectos extractivos en territorios indígenas de Argentina. En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también celebró una audiencia para escuchar a la Organización Malalweche y otras organizaciones del Pueblo Mapuche sobre los impactos de proyectos mineros, petroleros y gasíferos, agravados por la falta de reconocimiento territorial, los desalojos forzosos y la criminalización de las comunidades indígenas.
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