Fallo de la Corte Suprema Limita Tareas Vitales de La Ley Nacional de Política Ambiental

Esta semana, la Corte Suprema limitó severamente el alcance de una histórica ley ambiental del país en un caso que podría dar nueva vida a un proyecto de tren petrolero en Utah.

Durante casi 50 años, la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) ha exigido a las agencias federales analizar posibles daños que un proyecto propuesto pueda causar en el medio ambiente, interactuar con las comunidades afectadas y divulgar estos hallazgos al público antes de iniciar cualquier construcción. Asimismo, otorgó al público recursos legales para demandar a las agencias federales si éstas pasaban por alto daños ambientales significativos.

El fallo, ocurrido este jueves, exime a las agencias federales de la obligación de revisar todos los daños ambientales previsibles y les brinda mayor margen de maniobra para decidir qué posibles daños ambientales analizar, independientemente de lo que las comunidades consideren importante. Indica a las agencias que pueden ignorar ciertos impactos previsibles simplemente por ser demasiado remotos en el tiempo o el espacio. Asimismo, si la agencia se equivoca al determinar cómo establecer esa línea, el supremo ha declarado que se le otorga deferencia.

“La decisión de hoy socava décadas de jurisprudencia, la cual instaba a las agencias federales a analizar antes de aprobar proyectos que podrían perjudicar a las comunidades y al medio ambiente”, declaró Sam Sankar, vicepresidente sénior de programas de Earthjustice. “La administración Trump interpretará esta decisión como una invitación a ignorar preocupaciones relacionadas con el ambiente mientras intenta promover los combustibles fósiles, eliminar energías renovables y anular regulaciones sensatas contra la contaminación”.

El caso involucraba a una coalición industrial de Utah y a una compañía ferroviaria del mismo estado. Ésta última solicitó a la Corte Suprema la revocación de una decisión de un tribunal federal de apelaciones que anuló la aprobación de un ferrocarril petrolero de 141 kilómetros. El propósito del ferrocarril es transportar petróleo crudo parafinado desde la Cuenca de Uinta, en el noreste de Utah, a través de las Montañas Rocosas de Colorado, hasta las refinerías de la Costa del Golfo.

“Esta desastrosa decisión de minar la legislación ambiental más fundamental en nuestro país implica que nuestro aire y agua estarán más contaminados, la crisis climática y de extinción se intensificarán, y la salud de las personas empeorará. Garantiza que los burócratas puedan actuar como si nada e ignorar el daño que los proyectos federales causarán a los ecosistemas, la vida silvestre y el clima”, dijo Wendy Park, abogada sénior del Centro para la Diversidad Biológica. “Lo que no garantiza es la construcción del mal concebido Ferrocarril de la Cuenca de Uinta. Lo último que necesitamos es otra bomba climática sobre ruedas que las comunidades a lo largo de su ruta propuesta dicen no querer. Llevamos años luchando contra este proyecto y seguiremos luchando para asegurarnos de que este ferrocarril nunca se construya”.

El fallo implica que la agencia federal responsable de aprobar el ferrocarril puede ignorar los riesgos del aumento de la extracción de petróleo en la Cuenca y los posibles daños que la refinación podría causar a las comunidades del Golfo en Texas y Luisiana. Incluso si estos daños son inevitables, las comunidades y los tribunales no tienen la facultad de obligar a la agencia a considerarlos.

El fallo se produce en medio de una mayor confusión sobre cómo las agencias gubernamentales evaluarán los proyectos futuros. En febrero, la administración Trump derogó las regulaciones de la NEPA, que databan del período de Jimmy Carter, retrasando medio siglo el proceso de aprobación de proyectos.

Además, la administración Trump — con la ayuda del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk— ha desmantelado las agencias responsables de analizar el daño que los proyectos industriales podrían causar al medio ambiente y a las comunidades.

“El tribunal de apelaciones dictaminó que la agencia federal que aprobó el ferrocarril incumplió su obligación de considerar las consecuencias regionales del aumento masivo de la extracción de petróleo en la Cuenca de Uinta, el aumento de la contaminación atmosférica para las comunidades de Texas y Luisiana donde se refinaría el petróleo, y las consecuencias climáticas globales”, declaró el Dr. Brian Moench, presidente de Médicos de Utah por un Medio Ambiente Saludable. “El fallo de la Corte Suprema permitirá que todas estas consecuencias se desarrollen sin ninguna restricción significativa. Este supremo se ha hecho célebre por emitir fallos que burlan la ciencia y el sentido común, en vez de proteger el bienestar. Este lamentable fallo se ajusta a ese mismo patrón”.

“Esta decisión es una pésima noticia para toda la cuenca del río Colorado”, declaró John Weisheit, director de conservación de Living Rivers. “Para evitar el inminente colapso del Río Colorado, debemos reducir de inmediato el consumo de agua en un 25 % y las emisiones de carbono en un 50 % para finales de esta década. Nuestros responsables federales deben rechazar cualquier proyecto que contradiga estos objetivos. El ferrocarril de la cuenca de Uinta sin duda entra en esa categoría y nunca debería ver la luz”.

“Lamentablemente, la Corte Suprema ha dado un apoyo a las compañías petroleras que no quieren que se analice con detenimiento el daño que su producto causará a las comunidades racializadas en el llamado ‘Callejón del Cáncer’”, declaró Nathaniel Shoaff, abogado principal de Sierra Club.  “Leyes ambientales fundamentales como la NEPA tienen como objetivo afianzar la protección de las personas frente a contaminantes corporativos. Los proyectos de infraestructura de combustibles fósiles no existen de forma aislada y tienen un impacto profundo en las comunidades, especialmente en aquellas que se ven inmediatamente impactadas por el cambio climático o que enfrentan graves daños a la salud por el aumento de la contaminación. La decisión sin duda beneficiará a la industria de los combustibles fósiles, pero Sierra Club no dejará de luchar contra proyectos que tendrán consecuencias devastadoras para las personas y el planeta”.

“El gobierno tiene la obligación de ‘prever antes de actuar’ cuando se trata de acciones federales importantes. En esencia, la ley exige que examinemos detenidamente las consecuencias razonablemente previsibles, y, recientemente, dicha ley ha sido objeto de crecientes ataques a medida que los intereses comerciales intentan sacrificar los tesoros naturales irremplazables de nuestro país”, declaró Katherine Merlin, abogada de WildEarth Guardians. “La decisión de hoy representa una pérdida devastadora para nuestros espacios naturales, nuestros ríos y para todas las comunidades humanas y no humanas que dependen de un medio ambiente limpio y un clima estable. Este es otro paso hacia el retorno del sistema legal estadounidense a principios del siglo XX, cuando la destrucción desenfrenada e imprudente de ecosistemas y especies enteras se produjo sin aviso suficiente”.

Earthjustice y el Centro de Diversidad Biológica representaron a Médicos de Utah por un Medio Ambiente Saludable, el Sierra Club, Living Rivers y WildEarth Guardians. El Condado de Eagle estuvo representado por Kaplan Kirsch LLP y Willy Jay de Goodwin Procter LLP.