Órdenes que Permitieron la Expansión Irreconocida de la Infraestructura de Gas Metano en Puerto Rico Deben Deshacerse, Señalan Grupos

Hoy, la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. escuchó argumentos orales que impugnan la autorización de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés), que va en contra de la ley, para modificar el terminal de gas metano en el área de la Bahía de San Juan de Puerto Rico, concretamente con la construcción de un gasoducto que conecta el terminal con dos turbinas de gas.

En nombre de organizaciones comunitarias del archipiélago, los abogados de Earthjustice argumentaron que FERC había permitido a New Fortress Energy, a través de su subsidiaria NFEnergía con sede en Puerto Rico, la instalación y operación de un gasoducto sin la revisión ambiental y estatutaria requerida por la ley. La Comisión estaba obligada a considerar los riesgos para la seguridad y la salud humana previo a permitir la extensión del gasoducto. Abogados y socios subrayaron que la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. debe anular y devolver la orden de FERC que permitió a los operadores continuar con dicha construcción.

“Hoy le explicamos al Circuito de D.C. que FERC no tiene autoridad alguna para permitir que NFEnergía siga adelante con sus planes de expansión del terminal de gas metano, el cual representa un grave riesgo para las comunidades aledañas”, señaló Ben Chagnon, asesor principal de Defensa Legal Estratégica de Earthjustice. “FERC sabe que no se le permite la construcción de ese gasoducto, por lo que el tribunal debería rechazar los esfuerzos de la Comisión por proteger esa orden ilegal del escrutinio judicial”.

La Comisión ignoró serias preocupaciones planteadas por residentes puertorriqueños de la zona con respecto a la construcción de este gasoducto. Tanto la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) como la Ley de Gas Natural (NGA, por sus siglas en inglés) exigen una interacción significativa y anticipada con residentes afectados para que puedan participar en la propuesta y responder a sus posibles impactos. Simplemente, este procedimiento no se hizo. Por consiguiente, los impactos ambientales y de salud pública del gasoducto, así como los de las turbinas de gas conectadas, merecen ser examinados.

“Durante mucho tiempo, la comunidad científica y de justicia ambiental se han unido para recordarle a nuestros funcionarios electos y agencias federales que los combustibles fósiles en Puerto Rico son innecesarios. Hemos presentado a FERC estudios que subrayan la seguridad y confiabilidad de los paneles solares en techos y el almacenamiento de energía en baterías, lo que también impulsaría a Puerto Rico a alcanzar energía limpia 100% para 2050, como lo estipula la ley”, declaró Laura Arroyo, abogada sénior de Earthjustice. “Sin embargo, al permitir la construcción de este gasoducto, FERC obliga a las comunidades alrededor del área de la Bahía de San Juan a soportar una constante injusticia ambiental a manos de compañías de combustibles fósiles como New Fortress Energy y su subsidiaria. No solo cada hogar respira aire contaminado, sino que también enfrenta el peligro inminente de vivir cerca de una bomba de tiempo”.

Raghu Murthy, abogado adjunto del Programa de Energía Limpia de Earthjustice, afirmó que “las acciones de FERC excedieron los límites de las leyes federales, simple y llanamente”. Asimismo, añadió que “FERC permitió que el proyecto avanzara sin analizar los efectos ambientales asociados con la construcción y operación del gasoducto, y tampoco evaluó alternativas superiores como sistemas solares en azoteas y almacenamiento [de electricidad] en baterías. Esto perjudica a los residentes del área de la Bahía de San Juan y a Puerto Rico en general”.

El terminal de gas metano de New Fortress Energy y el nuevo gasoducto se encuentran aproximadamente a 450 metros de una comunidad de 1,646 residentes, el 40% de los cuales vive por debajo del umbral de pobreza. Casi el 25% de los residentes son mayores de 60 años y otra quinta parte son menores de 18. De igual forma, el Centro de Detención Metropolitano alberga a aproximadamente 1,072 personas encarceladas en un radio de media milla. En pocas palabras, NFEnergía está exponiendo a más de 2,700 personas de esta agobiada comunidad a nuevos peligros.

Además, el 80% de los bienes que se distribuyen por el archipiélago, incluyendo alimentos, ingresan por el puerto de San Juan. Una explosión en el terminal podría devastar la infraestructura de Puerto Rico y causar una catástrofe humanitaria.

Ante tal incumplimiento de requisitos federales fundamentales, Earthjustice, en nombre de los organizadores comunitarios puertorriqueños, solicita a la Corte que anule y remita las órdenes de FERC, y que aclare que NFEnergía no está autorizada a continuar operando su gasoducto.

“Las acciones de FERC silenciaron las voces de los miembros de la comunidad, situada en la Bahía de San Juan”, declaró Jenny Cassel, abogada sénior de Earthjustice para el programa de energía limpia. “Las violaciones de la Comisión fueron graves y fundamentales, y no pueden justificarse. FERC debe evaluar a profundidad los impactos ambientales y en la salud de este gasoducto, así como de los generadores altamente contaminantes a los que brinda suministro. Hasta esto se lleve a cabo, debe detenerse la operación de este gasoducto en la ya abogiada comunidad de nuestros clientes”.

Citas Adicionales de Nuestros Socios

“El Puente PR se encuentra hoy en Washington D.C. ampliando la voz de las comunidades más afectadas por esta expansión ilegal de un terminal que continúa operando sin los permisos adecuados”, dijo Gabriel E. Meléndez Cardona, coordinador del programa de política pública de El Puente Puerto Rico. “Nuestro trabajo aquí es hacer eco de los reclamos de distintos grupos e individuos que exigen mayor fiscalización, mayor transparencia y sobre todo que se les escuche a la hora de decidir el futuro de la operación de NFEnergia, que se ubica a unos 450 metros de sus hogares. NFEnergia nuevamente pretende burlar la jurisdicción de FERC, esta vez con el aval de la propia Comisión que, mediante la inacción, al determinar no intervenir en la expansión del terminal y la construcción del gasoducto, perpetúa los agravios e injusticias climáticas de una comunidad ya sobrecargada”.

“Perpetuar y profundizar la dependencia de combustible fósil es nefasto para nuestro archipiélago, el cual ya está recibiendo el impacto del cambio climático. Nuestra propia política pública, articulada precisamente en respuesta a la emergencia climática, establece la meta de ser 100% renovables al 2050”, acotó Mónica A. Flores-Hernández, coordinadora de campaña para El Puente Puerto Rico. “La intensificación en el uso de gas metano nos aleja peligrosamente del futuro al que aspiramos. Múltiples estudios han presentado la clara viabilidad de transicionar a energía renovable y distribuida sin necesidad de usar el gas como transición. Esta industria no sólo pone en peligro las metas de energía renovable sino que también pone en peligro la vida misma y el entorno de las comunidades aledañas que no fueron notificadas de la construcción del terminal de gas y para quienes no existe un plan de emergencia”.