Tras Traslado de Detenidos en ‘Alcatraz de los Caimanes’, Continúa la Lucha por la Rendición de Cuentas

Defensores de derechos de los inmigrantes, grupos ecologistas, defensores de las tierras públicas e integrantes de la tribu Miccosukee se reunieron hoy a la entrada del centro de detención de inmigrantes llamada “El Alcatraz de los Caimanes” para resaltar las amenazas persistentes a los Everglades y exigir responsabilidades al gobierno tras el traslado de personas detenidas de esta instalación del l Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la cual es perjudicial y carece de permisos necesarios.

Se comprometieron a continuar la batalla legal hasta que el sitio cierre definitivamente y se ponga en marcha un plan para reparar los daños y proteger la Reserva Nacional Big Cypress de futuros proyectos nocivos.

“Desde sus inicios, el ‘Alcatraz de los Caimanes’ ha sido una mancha para los Everglades”, afirmó Betty Osceola, defensora de los Everglades y anciana de la tribu Miccosukee, a quien se le ha negado el acceso a tierras sagradas y que ha participado en vigilias interreligiosas regulares frente a las instalaciones.

El gobernador Ron DeSantis anunció que todos los detenidos han sido trasladados del lugar a otras instalaciones. Funcionarios de ICE indicaron que las personas detenidas en el sitio fueron trasladadas debido a la temporada de huracanes, pero no está claro a dónde fueron llevadas ni si regresarán. En declaraciones públicas, el gobernador DeSantis también dejó abierta la posibilidad de futuras operaciones en el centro de detención. Mientras tanto, la instalación, situada en el corazón de la Reserva Nacional Big Cypress, sigue amenazando a los Everglades con más de 20 acres de nuevo pavimento, residuos peligrosos, generadores diésel, maquinaria pesada y luces intensas que perjudican a la fauna silvestre y a las aldeas de la tribu Miccosukee.

“Las luces siguen encendidas. Las tiendas de campaña siguen en pie. Y el público sigue sin saber nada sobre este fracaso de política pública de enormes costos. Hoy exigimos a la administración DeSantis que tome medidas inmediatas para abordar el daño ecológico infligido a los Everglades durante el último año”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades. “El primer paso es retirar toda la infraestructura asociada al ‘Alcatraz de los Caimanes’, seguido de una evaluación ambiental transparente sobre la contaminación y degradación de esta zona de la Reserva Nacional Big Cypress”.

Friends of the Everglades, representados por los abogados Paul Schwiep y Scott Hiaasen —de Earthjustice y Coffey Burlington—, junto con el Centro para la Diversidad Biológica, presentaron una demanda en junio de 2025 para hacer cumplir una ley que exige evaluar los impactos ambientales, conforme a la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), antes de aprobar grandes proyectos federales. La Tribu Miccosukee de Florida se unió a la demanda para proteger sus derechos.

“El centro de detención se construyó sin tener en cuenta los impactos ambientales, incluidos los que afectan a los miembros de la tribu. Una vez que se evalúen y reparen los daños causados por esta instalación, debemos asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder en este lugar tan especial”, declaró Paul J. Schwiep, abogado de Coffey Burlington y representante legal de Friends of the Everglades y del Centro para la Diversidad Biológica.

Hoy, los grupos reafirmaron su compromiso de volver a los tribunales para hacer cumplir las leyes estatales y federales, detener el daño y exigir la reparación integral de los perjuicios causados.

“Debemos garantizar que algo así no vuelva a ocurrir jamás”, afirmó Tania Galloni, abogada directora de la oficina regional de Earthjustice en Florida. “El gobierno debe rendir cuentas por haber ignorado flagrantemente las leyes destinadas a proteger el medio ambiente. Si se les permite hacer esto en los Everglades, ningún lugar estará a salvo”.

La batalla legal continúa en varios frentes. Además de las infracciones a la Ley de Política Ambiental Nacional, la Ley de Preservación Histórica Nacional y leyes estatales, los grupos anunciaron su intención de impugnar otras violaciones significativas de la normativa ambiental. En octubre de 2025, Friends of the Everglades también demandó al estado de Florida por retener registros públicos relacionados con el control federal y la financiación de la instalación. En enero, Friends of the Everglades logró una orden judicial que exigía la divulgación de dichos registros. En mayo, el Centro para la Diversidad Biológica demandó a Florida por infringir la Ley de Aire Limpio, debido a que los generadores diésel del centro de detención funcionaban continuamente y emitían contaminantes.

“La vergonzosa sombra del ‘Alcatraz de los Caimanes’ ha ensombrecido los Everglades y el alma de Estados Unidos durante más de un año, maltratando a todo ser vivo a su alcance”, señaló Elise Bennett, directora para Florida y el Caribe y abogada del Centro para la Diversidad Biológica. “Para siquiera empezar a reparar el daño que han causado, las administraciones de Trump y DeSantis deben desalojar las instalaciones y revelar públicamente lo que sucedió tras las cercas de alambre de púas. Les exigiremos rendir cuentas hasta que Big Cypress sea restaurado y algo así no pueda volver a ocurrir jamás”.

El cierre se produce tras meses de litigios para impugnar la negativa de las instalaciones a permitir un acceso efectivo a asesoría legal. Durante el litigio, el Alcatraz de los Caimanes funcionó como un “agujero negro” para los inmigrantes detenidos y sus abogados. No existía información pública que explicara cómo los abogados podían contactar a sus clientes, concertar visitas o acceder a las instalaciones. Los abogados que buscaban a clientes detenidos se topaban con callejones sin salida, correos electrónicos devueltos, llamadas sin respuesta y puestos de control armados. Las personas recluidas en su interior a menudo se veían limitadas a breves llamadas telefónicas supervisadas y carecían de un acceso efectivo a asesoría legal y a los tribunales de inmigración.

En respuesta, valientes personas detenidas, junto con Sanctuary of the South y Bilbao Law, LLC, impugnaron estas barreras ilegales ante un tribunal federal. Representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Florida y Americans for Immigrant Justice, presentaron la demanda C.M. v. Noem —litigada posteriormente como H.C.R. v. Mullin— para cuestionar la negativa sistemática del centro a permitir el acceso a abogados y a los tribunales. Finalmente, el tribunal federal certificó una demanda colectiva de detenidos y concedió una medida cautelar preliminar que obligaba a los demandados a facilitar comunicaciones legales confidenciales, establecer y publicar protocolos de acceso para abogados e implementar otras salvaguardias necesarias para proteger los derechos constitucionales.

“El cierre de este centro es un paso importante, pero la obligación del gobierno de respetar el debido proceso no termina en las puertas de las instalaciones. Los derechos constitucionales deben acompañar a cada persona dondequiera que esté detenida”, afirmó Paul R. Chavez, Director de Litigios y Defensa de Derechos de Americans for Immigrant Justice. “Estas deficiencias no son un caso aislado; reflejan fallos sistémicos en todo nuestro sistema de detención de inmigrantes. Seguimos profundamente preocupados de que las personas trasladadas desde este centro continúen enfrentando malos tratos y violaciones de sus derechos civiles en otros centros de detención. Americans for Immigrant Justice seguirá defendiendo el debido proceso, ofreciendo representación legal gratuita a inmigrantes de bajos recursos y manteniéndose firme junto a nuestros vecinos y amigos inmigrantes y sus familias”.