Ciudad de México —

Grupos conservacionistas, científicos, médicos y expertos en salud pública presentaron hoy un escrito legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México apoyando los reclamos constitucionales planteados por niñas y niños mayas, que se oponen a la aprobación y operación de una granja industrial de animales en la Península de Yucatán.

La demanda cuestiona la decisión de las autoridades mexicanas de permitir la operación industrial de 49 mil cerdos en un área ecológicamente sensible cerca del pueblo maya de Homún. La decisión de permitir la instalación masiva, a pesar de los riesgos para la calidad del aire, el agua y la salud humana, viola el derecho de las niñas y los niños mayas a un medio ambiente sano, así como la autonomía como pueblo indígena, según dice la demanda.

El caso, que ha resultado en la suspensión de la operación de las instalaciones, está programado para ser escuchado por la Suprema Corte de México a finales de este año.

“La contaminación derivada de las granjas porcinas industriales ya ha degradado de manera desproporcionada enormes extensiones de tierra y agua de comunidades indígenas en la Península de Yucatán”, dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. “Agregar otra mega granja abrumará este frágil ecosistema con excrementos y gases nocivos de animales”.

El escrito “amigo de la corte” presentado hoy, detalla evidencia científica sustancial sobre los daños graves e irreversibles a la salud humana y el medio ambiente asociados con las operaciones industriales de granjas porcinas. Estos daños incluyen la contaminación del agua, incluidos los cenotes, la emisión de contaminación atmosférica nociva, la propagación de patógenos peligrosos y la contribución al cambio climático.

Algunas de las personas que se unen al escrito de “amigo de la corte” también son autores de la literatura científica citada en el escrito.

“Numerosos estudios científicos proporcionan evidencia de que las operaciones industriales de cerdos liberan contaminantes a las comunidades vecinas, donde afectan la salud y la calidad de vida de los vecinos. Tales operaciones se han asociado con aumentos en los síntomas respiratorios y de asma, presión arterial, estrés y ansiedad entre los residentes que viven cerca”, dijo la Dra. Jill Johnston, profesora asistente de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, quien se unió al escrito de “amigo de la corte”.

Las operaciones de granjas industriales de animales son contaminantes notorios. Se espera que la operación de esta granja en particular genere más de 272 millones de kilogramos de orina y heces cada año, más de lo que genera toda la población humana de Tijuana. Ese desperdicio se almacenará en pozos descubiertos y luego se eliminará en campos cercanos, una práctica empleada por muchas granjas industriales de animales en los Estados Unidos.

“La Península de Yucatán se ve frecuentemente afectada por huracanes, lo que probablemente hará que los pozos de desechos de esta instalación se desborden”, dijo la Dra. Ana María Rule, profesora asistente de salud e ingeniería ambiental y directora del Laboratorio de Evaluación de Exposición de la Universidad Johns Hopkins que se unió al “amigo de la corte”. “Ya ha sucedido en los Estados Unidos varias veces en los últimos años, y no hay razón para creer que no sucederá en el ecosistema más frágil y único de la península de Yucatán”.

De hecho, como se documenta en el informe de Greenpeace La carne que está consumiendo el planeta, el crecimiento desenfrenado de las operaciones industriales porcinas ya ha degradado el aire, el suelo y el agua de la península de Yucatán. Esos daños se agravarán si se permite que la instalación en cuestión funcione sin tecnología avanzada de gestión de residuos.

“La ganadería industrial pone en riesgo nuestra salud y la salud del medio ambiente. Este tipo de producción intensiva está cerca de los centros de población y las ciudades, lo que genera una mayor exposición a las enfermedades. Por eso debemos buscar una transición del modelo agroindustrial, hacia una producción agroecológica, sustentable y saludable que respete los ciclos de la naturaleza y garantice el respeto a los derechos de las personas”, dijo Viridiana Lázaro, campañista de Agricultura y Alimentación de Greenpeace México.

La Península de Yucatán alberga cuatro sitios protegidos por la Convención de Ramsar, un tratado intergubernamental que protege humedales espectaculares: Laguna de Términos, Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, Parque Estatal Lagunas de Yalahau y Reserva de la Biosfera Ría Celestún.

La Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, ubicada en Homún en un sitio de importancia ecológica y mundial, es especialmente vulnerable a la contaminación de la operación de la granja. Los cenotes de la reserva son el hogar de especies amenazadas y en peligro de extinción, incluidos tres peces: la brótula ciega mexicana, la anguila ciega de cenote y el topote aleta grande.

Los cenotes también brindan áreas de descanso para las aves acuáticas durante su migración hacia el sur, y hábitat vital para especies nativas como la tortuga de caja yucatana, la salamandra lengua de hongo yucateca, la golondrina yucateca y la chara yucateca.

“El derecho mexicano e internacional requiere que las autoridades apliquen el principio precautorio, y el mensaje del principio precautorio es claro: debemos detener los riesgos inaceptables antes de que ocurran daños”, dijo Guillermo Zúñiga Martínez, abogado de Earthjustice. “Las operaciones industriales porcinas envenenan a los trabajadores y las comunidades, y amenazan el entorno único de Península de Yucatán. Las autoridades no deben esperar a que los niños se enfermen antes de reconocer lo que todos saben que es verdad: que es necesaria tecnología avanzada de tratamiento de desechos para proteger a las personas y el medio ambiente, y esta instalación debe adoptar una tecnología funcional avanzada antes de que se reanuden las operaciones”.

El mes pasado, el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México presentaron una petición formal a las autoridades mexicanas exhortándolas a respetar el derecho soberano de las comunidades indígenas conforme a la legislación mexicana y los derechos humanos básicos, incluida la autodeterminación y la consulta, sobre la concesión de permisos y la operación de explotaciones porcinas industriales en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Las organizaciones solicitaron al gobierno que aceptara una denuncia popular de 21 comunidades mayas que, solicitan una moratoria sobre todas las aprobaciones de nuevas operaciones de granjas cerdos industriales y expansiones de operaciones existentes, hasta que se respeten y resuelvan los derechos del pueblo maya y el daño continuo a la calidad del aire y el agua, la biodiversidad y la salud humana.

“Una extensa investigación científica ha documentado que las operaciones de confinamiento de cerdos a escala industrial que utilizan pozos de desechos y disposición en tierra pueden contaminar las aguas subterráneas, contaminar las aguas superficiales y emitir gases peligrosos al aire”, dijo Kelly Hunter Foster, Abogada Senior de Waterkeeper Alliance. “Está bien establecido que estas prácticas obsoletas representan amenazas sustanciales para las personas y los recursos naturales”.

Earthjustice presentó el escrito de hoy en su propia representación y en nombre del Centro para la Diversidad Biológica, Coastal Carolina Riverwatch, Greenpeace México, Waterkeeper Alliance y los expertos Larry Baldwin, Dr. Lawrence Cahoon, Dr. Meghan Davis, Dr. Mike Fliss, Dr. Jill Johnston, Dr. Robert S. Lawrence, Bob Martin, Dr. Arbor JL Quist, Dra. Ana María Rule, Dr. Kendall Thu, Dr. D’Ann Williams y Dr. Sacoby Wilson.

El Centro para la Diversidad Biológica es una organización nacional de conservación sin fines de lucro con más de 1.7 millones de miembros y activistas en línea dedicados a la protección de especies en peligro de extinción y lugares silvestres.

Greenpeace es una organización ambiental global, política y económicamente independiente que busca cambios en las políticas públicas, prácticas corporativas y cultura, para enfrentar las amenazas del cambio climático y detener la pérdida de biodiversidad a través de campañas disruptivas para incentivar la acción de la gente.

Earthjustice es la principal organización de derecho ambiental sin fines de lucro. Ejercemos el poder de la ley y la fuerza de la asociación para proteger la salud de las personas, preservar los lugares magníficos y la vida silvestre, promover la energía limpia y combatir el cambio climático. Estamos aquí porque la tierra necesita justicia.

Waterkeeper Alliance es un movimiento global que une a más de 350 grupos de Waterkeeper en todo el mundo y centra la acción ciudadana en los problemas que afectan a nuestras vías fluviales, desde la contaminación hasta el cambio climático. El movimiento Waterkeeper patrulla y protege más de 2.75 millones de millas cuadradas de ríos, lagos y costas en América, Europa, Australia, Asia y África.